Política

La Fiscalía afirma que los líderes del 'procés' querían hacer "claudicar al Estado"

“Este juicio es en defensa de un sistema político democrático”, recalcaron los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena.

Juicio al procés: el fiscal Fidel Cadena, en el Supremo.

Juicio al procés: el fiscal Fidel Cadena, en el Supremo. EP

“El derecho a decidir corresponde a todo el pueblo español”, “no pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos” o “no hay legalidad democrática fuera de la legalidad constitucional” fueron algunas de las afirmaciones que los fiscales del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza y Fidel Cadena, hicieron este miércoles en el majestuoso Salón de Plenos del Alto Tribunal.

Los representantes del Ministerio Fiscal sacaron la artillería pesada ante el tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena con el claro objetivo de contrarrestar que estamos ante “un juicio político”. Todo lo contrario para el acusador público: se trata de un juicio penal con plenas garantías y respeto a los derechos fundamentales de los acusados. En palabras de los fiscales del Supremo este es “el juicio del triunfo de la democracia”, en  “defensa de un sistema político y democrático que garantiza los derechos fundamentales de todos los que formamos parte de este país».

La segunda sesión de la vista oral del ‘procés’ comenzó a las 10:10 horas con la intervención del fiscal Javier Zaragoza que calificó el desafío independentista ejecutado en los meses de septiembre y octubre de 2017 como un “plan criminal de “gran complejidad y alcance” donde se han vulnerado “los derechos de los ciudadanos que se negaron a participar en el referéndum del 1-O, que era ilegal”. “La actividad política no justifica convocar un referéndum que ha sido prohibido, declarar la independencia e imponerla, utilizar fondos públicos para todo eso”, recalcó Zaragoza.

La actividad política “no es una patente de corso que justifique la comisión de acciones delictivas”, subrayó el fiscal de Sala que incidió en que “el ejercicio de la acción política no es una causa de exención de la responsabilidad criminal”. Para el Ministerio Fiscal no hay duda que los doce líderes independentistas que están sentados en el banquillo de los acusados “querían hacer claudicar al Estado”.

Críticas al tribunal alemán

“No se juzga a dirigentes que reclamaban libertades sino que querían arrebatarlas”, remachó Zaragoza. Además, el fiscal criticó duramente la actuación del tribunal de Holstein que denegó la entrega a España del ex president catalán Carles Puigdemont por un delito de rebelión. El representante del Ministerio Público subrayó que el tribunal alemán «actuó palmariamente» en contra de la legislación europea que establece que las euroórdenes se deben cumplimentar a partir de la doble incriminación de los hechos delictivos. La Fiscalía ha señalado que esa doble incriminación existe en este caso puesto que Alemania penaliza la rebelión con el delito de alta traición. Sin embargo, el fiscal ha lamentado que el tribunal alemán pensara que «podía enjuiciar los hechos» ya que asumió «funciones de enjuiciamiento» en una «ilegítima intromisión» hacia los tribunales españoles, en concreto, hacia el Tribunal Supremo.

Tras la intervención de Zaragoza vino la del fiscal de Sala Fidel Cadena, que no fue menos duro que su colega. Cadena hizo férrea defensa del orden constitucional subrayando que «no hay legalidad democrática fuera de la legalidad constitucional». El fiscal defendió a capa y espada que «los poderes emanan del pueblo español. No existe una soberanía catalana, hay soberanía del pueblo español» puesto que «el derecho a decidir corresponde a todo el pueblo español. «No pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos», enfatizó.

Y hubo rebelión porque hubo violencia. Fidel Cadena sostuvo que la utilización de la violencia en el ‘procés’ estaba prevista desde el comienzo, como apunta el documento Enfocats -incautado en la causa y que establecía la hoja de ruta unilateral a la independencia-, de forma que las personas eran «requeridas» para lograr «el último momento de desconexión con el Estado».

Según el fiscal, «se trata de una comunidad que desde la más absoluta unilateralidad» decidió separarse de España, en un «cóctel explosivo» al que se sumaban el «poder del uso coercitivo del derecho, el poder de unos Mossos d’Esquadra que se ponen completamente al lado de la rebelión» y, finalmente, de «murallas humanas que se lanzan contra las fuerzas de seguridad del Estado».

Descafeínada intervención de la abogada del Estado

Tras las alegaciones de la Fiscalía, intervino Rosa María Seone, abogada del Estado jefa de lo Penal tras la destitución por parte del Gobierno de su antecesor, el abogado Edmundo Bal, por defender que se cometió un delito de rebelión tras el referéndum ilegal del 1-O.

Seoane arrancó su intervención alegando que estamos ante “un juicio penal con todas las garantías que no merece ninguna otra calificación, un ejercicio del derecho penal democrático frente al ayer tan invocado derecho penal del enemigo» respondió a las defensas y criticó que las defensas traten de convertir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en una “segunda instancia” cuando de forma constante aluden a su jurisprudencia. Se está invocando un «derecho internacional creativo», sostuvo la representante de los servicios jurídicos del Gobierno.

Además, en su exposición, la abogada del Estado quiso disculpar a la secretaria de Estado Irene Lozano por unas manifestaciones realizadas en inglés a la BBC en las que aludía a los encausados como “convicted” (condenados) antes de que hubiera arrancado el juicio, lo que ha sido utilizado por algunas defensas -la de Junqueras, Romeva- para plantear una vulneración a la presunción de inocencia de sus representados.

Tras llamar la atención sobre el hecho de que Lozano se hubiera expresado en una lengua “no materna”, la representante del Estado en el juicio del procés ha defendido que dichas declaraciones deben “interpretarse y leerse en una clave contextual distinta” y ha argumentado que lo que la responsable de España Global quería subrayar es el “ordinario funcionamiento del sistema judicial y del ordenamiento jurídico” español. “Lo que decía es que esas personas iban a ser sometidas a un juicio con todas las garantías”, apostilló.

Comentar ()