El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha sumado a las voces que piden cambiar la ley para reformar la figura de la acusación popular -gracias a la que Vox está personado en el juicio del procès- y evitar que se utilice el interés general para hacer un aprovechamiento particular.

Como hiciera la pasada semana la ministra de Justicia, Dolores Delgado, hoy Grande-Marlaska se ha mostrado partidario de hacer un análisis para adaptar la legislación, pues la actual es propia de "un Estado de Derecho que está en sus inicios y donde hay muchas dudas sobre el conjunto de las instituciones, en este caso de la Fiscalía".

Pero, cuando un Estado "está consolidado", como en España, hay que modificar esa institución "para evitar que, bajo intereses públicos, se escondan realmente intereses particulares", ha explicado el ministro.

Marlaska ha planteado también que el juicio del proceso soberanista catalán demuestra que España es un Estado de Derecho en el que el grado de respeto a los derechos humanos es máximo. Es un juicio "extremadamente garantista" en el que cada acusado ejerce su defensa como considera oportuno "sin ningún tipo de restricción".

El ministro -que ha eludido hablar de indultos cuando ni siquiera se ha celebrado el juicio y, por tanto, no hay sentencia- ha manifestado que la solución a la cuestión territorial debe partir del diálogo y del consenso. Eso sí, ha dejado claro que cualquier negociación debe limitarse a cuestiones que se enmarquen dentro de la Constitución.