El ex conseller de Presidencia catalán Jordi Turull ha declarado este martes en el juicio del ‘procés' que la celebración del referéndum ilegal del 1-O supuso un "ejercicio de ponderación" y la respuesta a una promesa de su programa político que tenía que ser cumplida en Cataluña. “Creo que no es ninguna anormalidad hacer por la vía democrática aquello con lo que has comprometido con los ciudadanos de Cataluña. Nosotros tratamos de cumplir con nuestro programa electoral”, ha defendido el acusado.
A preguntas del fiscal de Sala Jaime Moreno, Turull ha asegurado que recibió personalmente una "única" advertencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la ilegalidad de la consulta, en concreto un auto de 7 de septiembre que se le comunicó cinco días después. En este sentido, Turull ha criticado que la notificación se le hiciera llegar a la vez que una querella “preventiva” por desobediencia continuada. “Entenderá que cuando se dice que la ley es igual para todos…”, ha observado antes de ser interrumpido por el presidente del tribunal, Manuel Marchena.
Preguntado el ex conseller sobre qué hizo el Govern tras recibir esa notificación del TC, Jordi Turull ha indicado que evacuaron consulta a los servicios jurídicos –dependientes de su departamento– y el Ejecutivo de Puigdemont hizo un “ejercicio de ponderación”. Así, el encausado ha dicho que valoraron que el Gobierno “se debe” al Parlamento, que el legislador había “expresamente despenalizado” del Código Penal la convocatoria de referéndum, que votar “nunca” puede ser un ilícito en democracia y que había un “compromiso” con los ciudadanos. “Nosotros lo ponderamos todo”, ha insistido Turull cuando el fiscal Moreno le repregunta sobre por qué desoyeron el mandato del Constitucional para que frenaran la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O.
La gente en Cataluña, sea independentista o no, tiene criterio. Estamos en el siglo XXI; no son ovejas", defiende Turull
"Por hacer una cosa que no merece reproche penal llevo un año en prisión. Y luego dicen que no nos persiguen por nuestras ideas. Ya lo veo" , ha recalcado el líder independentista que comenzó su interrogatorio señalando que sólo puede responder por “sus actos” y que así lo iba a hacer: “Voy a responder de mis actos”. Asimismo, el dirigente independentista ha arremetido contra la Fiscalía, a la que ha acusado de tratar a los ciudadanos de Cataluña como “ovejas” en pleno siglo XXI. “La gente en Cataluña, sea independentista o no, tiene criterio. Estamos en el siglo XXI", ha opinado Turull, al tiempo que ha asegurado que el movimiento secesionista "va de abajo a arriba” y los partidos tratan de darle una "salida política pacífica y democrática" al sentimiento que expresa la ciudadanía.
De igual manera, el ex conseller ha defendido una solución dialogada y pacífica para la crisis con Cataluña. "Si alguna cosa ha hecho el Govern es buscar de una manera insistente el dialogo, el acuerdo, la negociación. De hecho, lo está haciendo ahora también. Los hechos desmienten que buscáramos la conflictividad del Estado", ha mantenido, al tiempo que ha defendido que, cuando hay "voluntad política", el derecho a la autodeterminación "cabe" en la Constitución.
A día de hoy no sé cómo se adquirieron y llegaron las urnas a su destino”, ha mantenido Turull, procesado por rebelión y malversación
En este contexto, el procesado ha dicho que "todas las encuestas" sitúan entre el "70 y el 80 %" el porcentaje de catalanes a los que les gustaría decidir el futuro político de la comunidad "votando" y ha asegurado que muchos de los que defienden el referéndum "está en contra de la independencia".
Turull, que llegó a la Consejería de Presidencia dos meses y medio antes del 1-O, ha negado que desde el Govern se buscara una "estrategia de conflictividad" con el Gobierno y ha insistido en que se propuso al Estado español "sentarse a hablar" pero "no se nos ha querido ni escuchar".
En su interrogatorio, el fiscal le ha interpelado sobre si el Ejecutivo catalán ya había decidido en junio de 2016 –unos 15 meses antes de la consulta ilegal– apostar por la unilateralidad ante la negativa del Ejecutivo de Rajoy a autorizar el referéndum, como se detalla en la agenda intervenida al ex alto cargo Josep María Jové, considerada por los investigadores la ‘hoja de ruta’ del separatismo catalán.
Apostar por el "diálogo"
A este respecto, Turull ha desmentido ese extremo y ha asegurado que “hasta el último momento” se intentó pactarlo, como demuestra el hecho de que el Ejecutivo catalán lanzara un pacto nacional por el referéndum tras la cuestión de confianza a la que sometió Carles Puigdemont después de que la CUP no aprobara el proyecto de Presupuestos en el Parlamento catalán. "Siempre hemos apostado por el diálogo con el Estado", añadió.
El preso preventivo ha defendido además que el Govern “no gastó ni un euro” en la organización del 1-O y ha respondido que ningún conseller firma un documento sin contar éste con “todos los trámites de fiscalización” de la Generalitat al ser interpelado por la distracción de fondos públicos para la consulta ilegal. Sarcásticamente, Jordi Turull ha dicho que la Generalitat “no funciona con papel carbón” sino mediante “firma electrónica”.
En clara negación de la comisión del delito de malversación por el que le acusa la Fiscalía, Turull ha rechazado que su departamento encargara a Unipost –empresa en la que la Guardia Civil encontró material electoral en los días previos al 1-O– la elaboración de carteles, dípticos y sobres, al tiempo que ha sugerido que debió pagarse con fondos privados porque había “muchísima gente y entidades” que deseaba que la consulta “fuera exitosa”.
El ex conseller de Presidencia, igualmente, ha asegurado desconocer cómo se compraron las urnas que se utilizaron para el referéndum y que no fueron detectadas por los servicios secretos del Estado. “A día de hoy no sé cómo se adquirieron y llegaron a su destino”, ha mantenido Turull, presente en la rueda de prensa ofrecida en las vísperas del 1-O para darlas a conocer.
"Siempre hemos apostado por el diálogo con el Estado", sostiene el ex 'conseller', que ha señalado que "incluso" hoy día lo hacen desde el 'Govern'
Cuestionado sobre el episodio vivido a las puertas de la Consellería de Economía y Hacienda el 20 de septiembre de 2017, el ex portavoz de la Generalitat ha defendido que la concentración fue “cívica y pacífica” y ha reducido a la actuación de “cuatro personas” los destrozos de los vehículos de la Guardia Civil o que no atendieran las indicaciones para que se disolviera aquella manifestación. En este sentido, el encausado ha manifestado que cualquier partido político que sugiriera que para conseguir el objetivo de la independencia habría que recurrir a la violencia fracasaría y ha defendido que el relato de la violencia “no tiene sentido” y “no se aguanta”.
La violencia "fracasará"
"Quien intente generar violencia en Cataluña ahora o antes fracasará. Cualquier partido que insinúe que para conseguir la independencia es necesaria la violencia pequeña o pasiva fracasará, piense lo que piense, la gente es pacífica. Siempre hemos militado en el pacifismo. Somos el país de Pau Casals. El relato de la violencia no tiene ningún sentido. Es delirante", apostilló.
Al ser preguntado por la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) aprobada por el Parlament el 27 de octubre de 2017 la ha calificado de "declaración política sin querer afirmar si era un documento simbólico o ejecutivo. "Lo que se votó en el parlamente de Cataluña el 27 de octubre, sí sí yo lo voté, fue la expresión de una voluntad política que encaja con lo que quiere el sentir mayoritario del pueblo de Cataluña", recalcó Turull exponiendo el documento de la DUI. "¿Era una declaración de independencia?","¿No era meramente formal?", le ha insistido el fiscal Jaime Moreno, a lo que ha vuelto a referirse a la DUI como "expresión de una voluntad política" y "declaración política".
Asimismo, el ex titular de Presidencia de la Generalitat ha admitido que es socio de Òmnium Cultural desde hace “más de 20 años”, además de pertenecer a Cáritas, Intermond Oxford y RACC. “No me consta que sea ningún delito”, ha ironizado.
El mismo 1-O, Jordi Turull como portavoz del Govern dijo que los votantes iban a poder acudir a cualquier colegio electoral gracias a un sistema que permitía acceder al “censo universal”. Este fue el sistema elegido por la Generalitat para sortear las “dificultades” derivadas de las actuaciones policiales, que tenían la orden de intervenir todo el material electoral y clausurar los colegios electorales. Interpelado por esta cuestión, el acusado ha señalado que se trató de posibilitar que los ciudadanos fueran a declarar a otros puntos de Cataluña.
La Fiscalía solicita 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación para el ex conseller de Presidencia catalán por un delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado pide para Turull 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación mientras que la acusación popular ejercida por Vox eleva su reclamación a 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.
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