Los siete jueces que juzgan desde el martes 12 de febrero el procés afrontan un reto sin precedentes. Deberán dar una respuesta penal al desafío independentista en Cataluña y tendrán que contrarrestar la imagen de que en España la justicia no es imparcial. Durante meses, los líderes independentistas han repetido hasta la saciedad que están en prisión por “hacer política”. Sin embargo, los criterios que atenderá el Supremo serán exclusivamente jurídicos.