La defensa del Estatuto de Gernika de 1979 ha sido tradicionalmente el argumento del PP vasco para hacer frente a las aspiraciones soberanistas de PNV y EH Bildu para superar el actual maco estatutario. Los populares incluso lo han enarbolado en los últimos meses para justificar lo innecesario de iniciar una negociación de un nuevo estatuto para el País Vasco y en cuya elaboración ya está inmerso el Parlamento de Vitoria. Sin embargo, hoy los populares vascos han optado por recurrir a él pero para solicitar que se frene su cumplimiento, para exigir al Gobierno que renuncie a completar el calendario de transferencias acordado con el Ejecutivo de Iñigo Urkullu y que contemplaba que a lo largo de este año se culminaría la transferencia de 33 nuevas materias.

La iniciativa que hoy ha aprobado el Senado, gracias a los votos del PP, Foro Asturias, UPN y Ciudadanos, insta al Gobierno de Sánchez a no aceptar el catálogo de competencias pendientes elaborado por el Gobierno vasco. En ella se afirma que se trata de una lista de competencias pendientes fruto «de una lectura exclusivamente nacionalista del Estatuto de Gernka». También reclama al Estado que haga cumplir «los mandatos constitucionales de cooperación, coordinación, igualdad y solidaridad territorial» que considera que ahora no se da. La moción impulsada por el presidente del PP en Alava, -y candidato a diputado general de ese territorio-, Iñaki Oyarzabal, acusa en su preámbulo a Sánchez de haber negociado con los nacionalistas la cesión de competencias «con el único interés de mantenerse en el poder» y para ello haber utilizado las competencias «como moneda de cambio».

Advierten de que de hacerlo, el Gobierno estaría «desmantelando el Estado» al dar satisfacción con el cumplimiento del Estatuto «a quienes desde junio -pasado- plantean un nuevo estatus que pretende liquidar el Estatuto de Gernika y atentar contra los principios de la Constitución española».

Un «regalo»

El lehendakari Iñigo Urkullu ha calificado de «desatino» que supera «todos los límites» la iniciativa aprobada por el Senado. Ha subrayado que es una Cámara legislativa territorial la que está llamando a incumplir «el Estatuto de autonomía» o lo que es lo mismo, «la ley y la Constitución».

Tras oficializar el adelanto electoral, el Ejecutivo de Urkullu instó al Gobierno a acelerar las negociaciones y aprovechar al máximo el tiempo hasta el 28 de abril para, al menos, lograr cerrar la cesión de las siete materias incluidas en el primer bloque de negociaciones previsto en el citado calendario. El cronograma dejaba para el final una de las competencias más delicadas y complejas, la cesión de la gestión de las prisiones vascas. Sobre ellas la moción  que hoy han apoyado el PP y Ciudadanos advierte de que no es el «momento adecuado» para hacerlo. Recuerdan que afectaría «a la seguridad del Estado. Añaden que tras lo visto en Cataluña y la gestión que en ella se ha hecho de las prisiones con los presos del ‘procés’, «no estamos de acuerdo con que esto también ocurra en las cárceles vascas».

La portavoz del PP, Esther del Brío, ha calificado de «regalo» que el Gobierno ofrezca el cumplimiento de una treintena de transferencias a Euskadi y lo ha equiparado el proceso de negociación iniciado con Cataluña: «No pueden regalar más de 30 competencias a una comunidad autónoma, de la misma manera que no pueden dar 21 exigencias opacas al independentismo catalán». Ha afirmado que de hacerlo se incurriría en un agravio entre territorios y se debilitaría la unidad del Estado, «se producen problemas de discriminación por motivos identitarios y se lesiona la unidad de España», ha asegurado. Del Brío ha apelado al Gobierno a no seguir dando «oxígeno a los independentistas» con acuerdos como los alcanzados con el Gobierno vasco.

Estado de las autonomías

Las formaciones nacionalistas le han recordado hoy en la Cámara Alta al PP que lo que está pactado con el Gobierno no es mas que el cumplimiento de una ley orgánica que acumula cuatro décadas de incumplimientos. El portavoz del PNV, José María Cazalis ha acusado al PP de actuar con «espurios fines electoralistas» al apoyar «premeditadamente y conscientemente» que se incumpla una ley orgánica como el Estatuto vasco. El representante nacionalistas ha subrayado que el promotor de la iniciativa, el senador del PP vasco, Iñaki Oyarzabal, se ha ausentado «oportunamente» de la sesión plenaria en el momento en el que se debatía esta cuestión. Cazalis le ha recordado que tendrá que explicar a sus electores cómo es posible que opte a presidir la Diputación de Alava y promueve el incumplimiento de una ley con «acomodo» en la institución foral.

El representante del PSOE, el senador vasco Tontxu Rodríguez, ha cuestionado al PP si esa posición de incumplir un Estatuto de autonomía la va a mantener en todas las Comunidades Autónomas. Ha señalado que de hacerlo, se equipararán a quienes aspiran a terminar con el Estado de las Autonomías, en referencia a Vox. Rodríguez ha añadido que el acuerdo de continuar negociando entre el gobierno central y el Ejecutivo vasco seguirá en pie y activo «hasta el 28 de abril, pese a quien pese».

Desde EH Bildu su portavoz, Jon Iñarritu ha calificado de «inconstitucional, antiestatutaria, ultranacionalista e hispanocéntrica» la moción aprobada hoy en el Senado. Por su parte, la senadora de Podemos, Pilar Garrido, ha acusado al PP de querer buscar conflictos territoriales «por un puñado de votos, ya no les parece suficiente Cataluña»: «Se pasan por el forro el Estado de las autonomías».