El diputado de la Cup Vidal Aragonés rompe una bandera de España en la UAB.
La CUP debatirá en los próximos días si, por primera vez en su historia, se presenta a unas elecciones generales españolas. La decisión final se tomará el próximo 10 de marzo en un consejo político extraordinario cuyo resultado podría dinamitar la escena política catalana, que siempre ha contado con ERC y la antigua Convergència como sus representantes perennes en Madrid. La irrupción en este ámbito de la CUP, a la que el partido se ha negado por principios desde su fundación, provocaría un terremoto.
A día de hoy, todas las encuestas prevén una importante victoria de ERC en Cataluña en las generales del 28 de abril, con algunas encuestadoras elevando al partido hasta los 16 escaños. El PDeCat, por su lado, se quedaría con cinco como máximo. La presencia de la CUP haría daño a estas formaciones, especialmente a ERC, que aspira a ser la voz hegemónica en un Congreso de los Diputados al que posiblemente ya no vuelva Joan Tardà. Gabriel Rufián, hasta ahora showman oficial de los Plenos del Congreso, encontraría dura competencia en unos hipotéticos parlamentarios cupaires.
La formación antisistema ha hecho público hoy un comunicado en el que admiten estar valorando esta opción. "Es preciso recuperar y profundizar el relato y la acción republicanos y la vía hacia la movilización y la desobediencia civil e institucional masiva no violenta para acabar de construir un potente movimiento republicano de base y desplegar y profundizar un imaginario social colectivo instituyente y constituyente dentro de la sociedad catalana", defiende el partido, que hasta ahora sólo había desarrollado este tipo de acciones en Cataluña, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana.
'Debate táctico'
Ahora cobra fuerza la posibilidad de dar el salto al resto de España: "El ejercicio del derecho a la autodeterminación se ha convertido en el elemento fundamental de confrontación democrática, hecho que ha abocado al Estado a la inestabilidad política permanente y es por este motivo que someterá a debate si ha de intensificar su acción política directa para seguir reivindicando este derecho más allá de los Països Catalans".
En otras palabras, se ha abierto un "debate táctico" entre la militancia sobre si la acción política de la CUP se debe circunscribir al Parlament de Cataluña, donde cuentan actualmente con cuatro diputados, o "si se ha de convertir en un agente activo en el Estado español y en qué formato".
La CUP permitió en 2018 la investidura en el Parlament de Quim Torra, aunque su discurso ha sido duro contra el Govern desde entonces. Acusan al actual ejecutivo de la Generalitat de no avanzar en la construcción de la República, de ejercer un gobierno "autonomista" y de someterse mansamente a la legalidad española. El mensaje político de la CUP, sin embargo, es muy distinto, y quedó ejemplificado esta misma semana cuando dos de sus exdirigentes, Antonio Baños y Eulàlia Reguant, se negaron a declarar en el Tribunal Supremo, exponiéndose a una multa de 2.500 euros y a la posible investigación por un delito de desobediencia grave a la autoridad.
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