Política

El Supremo multa con 2.500 euros a los testigos de la CUP expulsados y abre la puerta a una causa penal

Antonio Baños, en el Supremo.

Antonio Baños, en el Supremo. EP

Los exdiputados de la CUP Antonio Baños y Eulàlia Reguant han sido multados con 2.500 euros cada uno tras ser expulsados del juicio al procés en el Tribunal Supremo. Ambos se negaron a responder a las preguntas de Vox como acusación popular; a lo que están obligados por la ley. Tanto Baños como Reguant han dicho que no tendrían problemas en responder a la Fiscalía del Alto Tribunal, a la Abogacía del Estado y a las defensas, pero no a la formación de Santiago Abascal.

El presidente del tribunal Manuel Marchena les ha explicado que los testigos están obligados a responder a todas las partes por lo que ese planteamiento no es posible. Tras insistir en su actitud, y ser informados de las posibles «consecuencias penales» de su posición, han decidido mantener su postura y han sido expulsados del Salón de Plenos del Supremo.

En el caso de Baños, Marchena le ofreció incluso la posibilidad de formularle él las preguntas que le iban a hacer desde Vox. Tras un primero intento, el magistrado Luciano Varela, de carácter progresista, le pidió al presidente que cortara la actitud de Baños y le expulsara de la Sala. En el caso de Reguant, que ha seguido la misma línea que su compañero de partido, ha sido expulsada inmediatamente, tras recibir la misma advertencia que Baños.

El incidente ha sido notificado al juzgado de guardia y tanto Baños como Reguant serán multados con 2.500 euros por haber vulnerado el artículo 716 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que prevé multas de entre 200 y 5.000 euros para los que incurran en esta actitud.

El Alto Tribunal, además, da un plazo de cinco días a Reguant y Baños para valorar si desean declarar, incluyendo las preguntas de Vox. De negarse a hacerlo, tendrán que comparecer ante un juez y serán investigados por el delito de desobediencia grave a la autoridad, previsto en el artículo 556 del Código Penal y que contempla penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses para los que «resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones».

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