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La Fiscalía pide investigar por falso testimonio al responsable de difusión de la Generalitat

Se trata del testigo Jaume Mestre quien durante su declaración agotó la paciencia del fiscal del Tribunal Supremo, Jaime Moreno, que solicitó que se le dedujera testimonio.

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La Fiscalía pide investigar por falso testimonio al responsable de difusión de la Generalitat

El fiscal del Tribunal Supremo, Jaime Moreno. EFE

Resumen:

Respondió una y otra vez con evasivas hasta el punto que el presidente de la Sala que enjuicia el ‘procés’, Manuel Marchena, tuvo que advertirle que podría incurrir en un delito de falso testimonio que comete no sólo quien no dice la verdad sino quien altere la verdad con reticencias o inexactitudes.

Así ha sido el testimonio del Jaume Mestre, responsable de Difusión Internacional en el departamento de Publicidad de la Generalitat, tras ser interrogado por fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Jaime Moreno.  “El tribunal no ha valorado su testimonio porque hay que conectarlo a otras fuentes de prueba para saber si dice o no la verdad. Pero es evidente que hay preguntas que usted está eludiendo. Lo único que le pide el tribunal es que se acuerde de que el falso testimonio no solo lo comete quien no dice la verdad”, explicó el presidente de la Sala al testigo que evitó colaborar con la Justicia.

Mestre tuvo que acabar reconociendo que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales fue la encargada de difundir la campaña independentista Civisme después de que dos compañías publicitarias se negaran a hacerlo. El coste de la misma ascendió a 2,7 millones de euros. Se emitieron dos facturas a su departamento que, a regañadientes, el testigo admitió las pudo haber consultado con Antonio Molons, secretario de Difusión del Govern, imputado en el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona por malversación de caudales públicos.

“No lo recuerdo”

Tras los reiterados “no lo recuerdo” y “no lo sé”, el fiscal Moreno solicitó al tribunal que enviara la deducción de falso testimonio de Mestre al juzgado de guardia. La Sala ha explicado que, de momento, no puede valorar en su totalidad el testimonio del responsable de Difusión Internacional en el departamento de Publicidad de la Generalitat. “Eso tiene que tomarse en sentencia y a la vista de documentos y otros testimonios, si el tribunal concluye que ha dicho algo contrario a su deber de decir verdad se podrá deducir testimonio al juzgado de guardia”, afirmó el juez Marchena.

El juez Marchena respondió al fiscal que el tribunal valorará en su sentencia del ‘procés’ si ordena deducir testimonio contra el responsable de difusión de la Generalitat

La paciencia se le agotó a la Fiscalía que tiene pruebas de que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales emitió dos facturas de 93.000 euros y 180.000 euros a la Consejería de Presidencia por la campaña Civisme. “Era una campaña más fuerte que otras”, admitió el responsable de difusión publicitaria del Govern.

No obstante, el momento más tensión del interrogatorio con el Ministerio Público se ha producido cuando Jaume Mestre ha dicho desconocer si Presidencia acudió a la corporación para emitir estos anuncios tras las renuncias de dos empresas. “No lo sé”, respondió. El testigo “oyó” que existían esas facturas pero “nunca las vio” y tampoco “recordó” quien le habló de las mismas aunque “supone” que Molons, identificado en la vista oral por otros testigos como el misterioso Toni que hacía encargos para el referéndum del 1-O en nombre de la Generalitat a empresas de impresión de documentos.

Diplocat y los observadores internacionales

Tras el testimonio de Mestre, llegó el turno de comparecencia de Albert Royo, ex secretario general del Diplocat, el órgano de la Generalitat para promover la acción en el exterior, que fue cesado del cargo en aplicación del artículo 155 de la Constitución. “Diplocat no organizó ningún referéndum ni estuvo involucrado en ningún referéndum. Nos limitamos a explicar nuestro trabajo, que era explicar la realidad catalana a nivel internacional”, dijo el testigo de forma vehemente al ser interrogado por la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal.

Durante su declaración, Royo hizo serios esfuerzos por desligar la actividad de Diplocat de la Consejería de Exteriores de la Generalitat que encabezada Raül Romeva, actualmente sentado en el banquillo de los acusados del Alto Tribunal. “En el pleno de Diplocat, la Generalitat tiene el 50% de los votos, lo que no quiere decir que pueda así dirigir la acción de Diplocat, y el presidente de la Generalitat tiene voto dirimente”, explicó.

Asimismo, gran parte de su testimonio estuvo encaminado a desmontar que Diplocat pagara a observadores internacionales para el 1-O. “Nunca dimos honorarios a observadores internacionales. Nunca les hemos contratado”, aseveró el testigo que negó que dicho organismo “hiciera acciones concretas en el exterior” para apoyar la celebración de referéndum ilegal o la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

En el sumario del ‘procés’ consta un informe de la Guardia Civil donde se sostiene que Diplocat pagó 17.703,36 euros en hoteles para un total de 47 personas que llegaron a Barcelona en las fechas previas al 1 de octubre de 2017 para actuar como observadores internacionales o bien de acompañantes. Para Royo en vez de observadores internacionales eran “analistas” de un proyecto político en el que se iban a analizar las relaciones entre Cataluña y España.