PolíticaLA INSTRUCCIÓN DEL 'CASO ERIAL'

El ‘rey del lingote’ arrendó un piso de lujo a una hija de Zaplana, imputada por blanqueo

El alquiler de la vivienda empezó a pagarse diez días después de una repatriación de 2,2 millones de euros desde Suiza

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El ‘rey del lingote’ arrendó un piso de lujo a una hija de Zaplana, imputada por blanqueo
Copia del contrato de arrendamiento de la vivienda entre Schopoff y la hija de Eduardo Zaplana.

Copia del contrato de arrendamiento de la vivienda entre Schopoff y la hija de Eduardo Zaplana.

Resumen:

Miroslav Schopoff, dedicado a la compra de oro particular para su fundición en lingotes e implicado en una causa de blanqueo de capitales y fraude fiscal que investiga un juez de la Audiencia Nacional, subarrendó durante más de dos años una vivienda de lujo en Valencia a una hija del ex ministro Eduardo Zaplana -María Zaplana Barceló- por la que el empresario austríaco ingresó 115.000 euros. Los investigadores sospechan que ese dinero procedía de fondos repatriados por su padre desde Suiza y que tenían su origen presuntamente en mordidas por adjudicaciones públicas durante su etapa como presidente de la Generalitat Valenciana (1995-2002).

La lista de imputados del caso Erial, dirigido por el Juzgado de Instrucción 8 de Valencia y que llevó a prisión preventiva durante casi siete meses a Eduardo Zaplana, sigue aumentando conforme avanzan las líneas de investigación impulsadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Los nuevos imputados son María Zaplana Barceló y su marido (Luis Iglesias), a los que la magistrada Isabel Rodríguez Guerola ha llamado al procedimiento como presuntos partícipes en la comisión de un delito de blanqueo de capitales.

En junio, la instructora encargó a los agentes de la UCO que investigaran los pagos que los Zaplana habían realizado por el alquiler de una vivienda sita en el número 12 de la valenciana calle Pascual i Genís. La juez sospecha que el dinero utilizado podría haber sido blanqueado de comisiones que el ex ministro de Aznar habría recibido ilícitamente y ocultado fuera de España.

El 17 de diciembre de 2015, la hija de Eduardo Zaplana firmó el contrato de arrendamiento de la citada vivienda (más una plaza de garaje) por la que se comprometía a pagar 3.500 euros al mes. La sorpresa para los investigadores fue conocer la identidad del arrendador: Miroslav Schopoff, detenido en febrero de 2014 en el marco de una operación desplegada en varias provincias españolas contra el supuesto blanqueo de dinero en la compraventa de oro a particulares que luego se fundían a lingotes y se comercializaban como inversión rentable.

De origen búlgaro y pasaporte austriaco, Schopoff no era el propietario del inmueble sino que se lo había arrendado a una sociedad llamada Algaro 2011 SL el 24 de marzo de 2014, semanas después de haber sido detenido en la citada redada que había ordenado la Audiencia Nacional. El inquilino alegó al dueño que lo necesitaba para “establecer la sede de su despacho” y que pasaba temporadas “fuera de España”.

La UCO establece una conexión temporal entre el inicio de los pagos por parte de María Zaplana a Miroslav Schopoff y la presunta repatriación de fondos procedentes de Suiza por parte de Eduardo Zaplana. En concreto, la primera renta se abonó el 21 de diciembre de 2015, justo 10 días después de que el yerno del ex presidente valenciano hubiera recibido un ingreso de 2,2 millones de euros procedente de Suiza en una cuenta de su titularidad en el Banco Sabadell, la misma en la que domicilió el pago del alquiler de la vivienda.

“Se ha localizado una entrada de divisas procedente de Suiza en favor de Luis Iglesias que, por la cuenta bancaria en la que se produce, los nexos temporales con la operativa investigada y por las similitudes con respeccto a otra operativa observada a lo largo de la investigación se considera de interés”, exponía la UCO en un oficio entregado a la juez. Ello dio pie a que la magistrada autorizara el pasado 23 de noviembre que, cuatro días después, se llevara a cabo la entrada y registro en la vivienda que la hija de Zaplana comparte con su marido en Madrid.

115.000 euros en 15 meses

Según las pesquisas de los investigadores, la hija de Zaplana pagó a Schopoff 115.000 euros entre el 22 de diciembre de 2015 y el 27 de marzo de 2018, meses antes de que el ex político del PP fuera detenido y posteriormente enviado a prisión preventiva.

En un escrito aportado por su defensa al juzgado, fechado el pasado 15 de junio, Eduardo Zaplana aportó el contrato firmado por su hija con el empresario del oro y dijo que consiguió el alquiler “a través de una inmobiliaria [Engel&Volkers]”. “El inmueble ha sido utilizado por Doña María Zaplana, así como sus padres con motivo de las visitas concertadas en el Hospital de La Fe [centro valenciano en el que es tratado de una leucemia]”, detalla el documento.

Fuentes de la investigación niegan una vinculación del ex presidente de la Comunidad Valenciana con la ‘trama del oro’ en la que está implicado Miroslav Schopoff y atribuyen a una “casualidad” el alquiler del piso por parte de una de las hijas del ex ministro de Trabajo al citado empresario.

El alquiler de la vivienda empezó a pagarse diez días después de una repatriación de 2,2 millones desde Suiza

La citada repatriación de fondos de 2,2 millones tuvo lugar un día después de otra de 1,8 millones de euros también procedente de Suiza e ingresados en una cuenta del abogado uruguayo Fernando Belhot, que ha declarado en sede judicial que gestionó profesionalmente parte del patrimonio de Eduardo Zaplana en Uruguay.

Los investigadores sospechan que ese dinero tenía como finalidad la realización de inversiones en el puerto deportivo de Altea (Alicante) -a través de Medlevante SL, participada en un 99,88 % por dos sociedades vinculadas a Zaplana en las que figuraba Belhot como testaferro (Misnely y Disfey)- que finalmente no se llevaron a cabo.

Durante el registro de la vivienda del ex presidente valenciano, la UCO encontró en el maletín de aquél documentación en la que se hace referencia a la citada inversión. “Se ha estado a punto de comprar una participación significativa en el puerto deportivo Marina Greenwich que finalmente (verano de 2017) no se pudo cerrar”, se lee en un papel.

Jefe y administrador oculto de la red corrupta

Los investigadores policiales sitúan a Eduardo Zaplana como supuesto jefe y administrador oculto de una red corrupta que, según la Fiscalía Anticorrupción, pudo haberse apropiado de unos 10,5 millones de euros procedentes del cobro de comisiones ilícitas por adjudicaciones públicas de la Generalitat valenciana.

El 26 de julio de 2001, en la recta final de Zaplana como presidente autonómico, el Gobierno valenciano aprobó el Plan Eólico de la Comunidad con el que reguló la instalación de parques con una potencia total instalada de 1.695 megavatios mediante el funcionamiento de un máximo de 2.720 aerogeneradores. Era en vísperas de que el sector viviera una ‘burbuja’ como consecuencia de la política de primas implantada por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que relevó a Aznar en abril de 2004.

Uno de los grupos favorecidos por aquella adjudicación fue ‘Proyectos Eólicos Valencianos’, una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que Sedesa participaba con un 25 % del capital junto a Endesa Cogeneración y Renovables -hoy Green Power España SL, con un 55 %- y Bancaja (20 %). El grupo en el que se integró Sedesa fue una de las cinco empresas adjudicatarias de las 21 que habían presentado ofertas al concurso para el reparto de la potencia a instalar.

El otro proyecto del que habrían salido las comisiones ilegales presuntamente percibidas por el ex ministro de Aznar fue la privatización de las estaciones para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en diciembre de 1997. Levantina de Obras y Edificios SA -perteneciente al grupo Sedesa- fue junto a Servicios de Excavaciones SA e Inspecciones Técnicas y Verificaciones SA una de las empresas que integraban la UTE ‘Valenciana de Revisiones’, adjudicataria de uno de los siete lotes ofertados (concretamente el relativo a Castellón, Villareal, Vinaroz y Sagunto).

La mujer, la hija, el yerno, la secretaria…

Junto a Zaplana están procesados, entre otros, el abogado Francisco Grau; el ex directivo de Terra Mítica Joaquín Barceló; el ex director general de la Policía y ex presidente de las Cortes valencianas Juan Cotino; la esposa de Zaplana, Rosa Barceló; la secretaria personal del ex presidente, Mitsuko Henríquez, y ahora su hija y su yerno.

Los delitos que se investigan en el marco del caso Erial son blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y organización criminal.