El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado investigar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a raíz de la querella de la Fiscalía que le acusa de desobediencia por no cumplir la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de edificios públicos. Una querella que podría comportar al presidente catalán una pena de inhabilitación para cargo público.

El propio Torra ha respondido a la aceptación de la querella apelando a la «libertad de expresión» en una entrada en su perfil oficial de twitter acompañada por una fotografía institucional «firmando la notificación de la querella». «Ante un Estado autoritario hemos decidido vivir sin miedo» afirma el presidente catalán, que se declara «con la libertad de expresión hasta las últimas consecuencias».

Entre el 11 y el 21 de marzo la Junta Electoral requirió en dos ocasiones al presidente de la Generalitat para que retirara esteladas y lazos amarillos de los edificios públicos de la Generalitat durante el periodo electoral, atendiendo a una demanda de Cs, que exigían respeto a la neutralidad de las instituciones públicas. Pero Torra se negó acatar el requerimiento de la JEC no retiró la pancarta de la Generalitat hasta que el 21 de marzo el Sindic Rafael Ribó -defensor del pueblo catalán- emitió un dictamen en el que recomendaba acatar los dictámenes de la Junta.

El Fiscal Superior de Cataluña imputa a Torra un delito de desobediencia a resoluciones judiciales «por haber incumplido consciente, abierta y reiteradamente» lo decidido por la JEC  en sus acuerdos del 11 y el 18 de marzo. La Fiscalía recrimina además al presidente catalán que la desobediencia ha sido «encubierta bajo una mera apariencia de cumplimiento que no ocultaba una evidente permisividad de diversos actos tendentes a burlarlas abiertamente».

La presentación de esta querella por parte de la Fiscalía se suma a las demandas presentadas también por PP y Cs contra Quim Torra por los mismos hechos. Además, la JEC podría sancionar al presidente catalán con una multa de entre 300 y 3.000 euros por su renuencia a acatar sus acuerdos. Durante todo el tira y afloja protagonizado por la Generalitat con la Junta Electoral, Torra presentó alegaciones a los dos acuerdos adoptados por la JEC defendiendo el uso de símbolos independentistas en base a mociones del Parlament.

División en el independentismo

Sin embargo, la insistencia de Torra en retar a la Junta Electoral por los lazos amarillos no ha sido compartida por buena parte del independentismo, que rechaza por inútil el pulso mantenido por el presidente de la Generalitat. Incluso el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont aconsejó a Torra evitar este conflicto, que podría acarrearle la inhabilitación sin haber tenido resultados efectivos, puesto que finalmente Torra acabó retirando los lazos amarillos. Tampoco sus socios de Esquerra, y buena parte de los consejeros de JxCat han compartido en el envite.

El enfrentamiento ha forzado además a los Mossos d’Esquadra a asumir la responsabilidad de retirar los lazos amarillos de escuelas y centros públicos a instancias de la JEC. Una actuación que ha vuelto a colocar a la policía autonómica en el centro de la polémica, acusada de excederse en el cumplimiento del requerimiento de la Junta del pasado 21 de marzo.

La polémica ha empañado igualmente la hasta ahora idílica relación entre el Síndic Rafael Ribó y los partidos independentistas. Torra se escudó en el dictamen solicitado al Síndic para mantener en el balcón de la Generalitat la pancarta en defensa de los procesados por el 1-O. Pero el propio Ribó explicó al hacer público su informe que ya había recomendado verbalmente a Torra que acatara el dictamen de la JEC cuando le notificó el primer acuerdo en favor de la retirada de los lazos amarillos y otros símbolos independentistas.