El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha citado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, como investigado por su negativa a cumplir la orden de la Junta Electoral Central, que el pasado 11 de marzo le ordenó retirar los lazos amarillos y pancartas relativas a la situación de los procesados por el 1-O de todos los edificios de la Generalitat. Un mandato instado por Ciudadanos, que Torra evitó cumplir durante días.

La Fiscalía presentó tras la polémica, y a instancias de la Junta Electora, una querella por desobediencia contra el presidente catalán, que fue admitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El proceso abierto a principios de abril llevará así a Torra ante la Justicia, como antes sucedió con su antecesor, Carles Puigdemont, aunque en este caso sea solo por un presunto delito de desobediencia. Y aunque el presidente catalán acabara finalmente acatando el mandato de la JEC y retirando los lazos amarillos tanto del Palau de la Generalitat como de todos los edificios públicos de titularidad autonómica. La querella podría comportar la inhabilitación de Torra para cargo público.

El propio president ha confirmado la citación en su cuenta oficial de Twitter, en la que alude a la «parcialidad y arbitrariedad» de las actuaciones de la Junta Electoral para justificar su actuación. Asegura que «iré al TSJC a defender la libertad de expresión y a asumir las consecuencias. Acabo de firmar la citación» añade bajo una imagen suya en el despacho del Palau de la Generalitat.

La exclusión de Carles Puigdemont de las elecciones europeas acordada por la Junta Electoral y cuestionada por el Tribunal Supremo ha dado alas a los independentistas en su particular batalla contra la JEC. Y a ese «patinazo» de la Junta Electoral se acoge ahora Torra para defender que su actuación en la batalla sobre los lazos amarillos fue un ejemplo de «defensa de la libertad de expresión».

Dos requerimientos de la JEC

Entre el 11 y el 21 de marzo la Junta Electoral requirió en dos ocasiones al presidente de la Generalitat para que retirara esteladas y lazos amarillos de los edificios públicos de la Generalitat durante el periodo electoral, atendiendo a una demanda de Cs, que exigían respeto a la neutralidad de las instituciones públicas. Pero Torra se negó acatar el requerimiento de la JEC y no retiró la pancarta de la Generalitat hasta que el 21 de marzo el Sindic Rafael Ribó -defensor del pueblo catalán- emitió un dictamen en el que recomendaba acatar los dictámenes de la Junta.

El Fiscal Superior de Cataluña imputa a Torra un delito de desobediencia a resoluciones judiciales “por haber incumplido consciente, abierta y reiteradamente” lo decidido por la JEC  en sus acuerdos del 11 y el 18 de marzo. La Fiscalía recrimina además al presidente catalán que la desobediencia ha sido “encubierta bajo una mera apariencia de cumplimiento que no ocultaba una evidente permisividad de diversos actos tendentes a burlarlas abiertamente”.

La presentación de esta querella por parte de la Fiscalía se suma a las demandas presentadas también por PP y Cs contra Quim Torra por los mismos hechos. Además, la JEC podría sancionar al presidente catalán con una multa de entre 300 y 3.000 euros por su renuencia a acatar sus acuerdos. Durante todo el tira y afloja protagonizado por la Generalitat con la Junta Electoral, Torra presentó alegaciones a los dos acuerdos adoptados por la JEC defendiendo el uso de símbolos independentistas en base a mociones del Parlament.