El tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena. EFE
Cada palo que aguante su vela. Con esta frase podría resumirse la respuesta que el Tribunal Supremo ha dado este jueves a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. En un oficio, firmado por el magistrado Manuel Marchena, el Alto Tribunal insiste en los argumentos que ya ofreció en su auto de 14 de mayo cuando autorizó la salida de prisión de los presos del 'procés' para la jornada de constitución del Congreso y el Senado. La Sala subraya ahora que la causa penal seguirá su curso y que es misión del tribunal salvaguardar los fines del proceso.
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En cuanto al informe sobre la posible aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a los acusados que han sido elegido diputados, requerido por la presidenta del Congreso, la contestación indica que “la configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informe requerido por V.E.”.
Tal y como informó El Independiente, la petición de Batet ha causado sorpresa y malestar en el tribunal por dos motivos. En primer lugar, porque la Sala Segunda del TS “no es un órgano consultivo del Congreso” y, en segundo, porque la solicitud de la presidenta de la Cámara se ha producido cuando todavía los propios letrados del Parlamento –es decir, el cuerpo de expertos juristas de las Cortes- aún no ha emitido un informe sobre dicha cuestión.
En el tribunal sostienen que el Poder Legislativo no puede eludir su responsabilidad sobre la suspensión de los presos debido a que la competencia inequívoca para ejecutar la misma corresponde a la Mesa del Congreso y el Senado.
En un acto inesperado, la nueva presidenta de la Cámara Baja envió este miércoles una comunicación al Alto Tribunal donde pidió un informe sobre la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La estrategia de la ex ministra socialista tenía un doble objetivo: por un lado, ganaba así tiempo antes de que la Mesa de la Cámara Baja tuviera que adoptar decisión alguna de cara a las elecciones del 26-M y evitaba, además, ejecutar la suspensión de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez sin tener previamente la orden taxativa del Poder Judicial.
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