El independentismo prepara una nueva movilización fuera de Cataluña y pretende viajar en masa a Estrasburgo el próximo 2 de julio para boicotear la sesión de apertura del Parlamento Europeo. El viaje se coordina a través de las asambleas locales de la ANC y pretende llevar al corazón de las instituciones comunitarias la protesta por la más que probable ausencia en esa sesión de Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat.

“Llenemos Estrasburgo”, es el mensaje que lanza la Assemblea para movilizar a sus bases y replicar el éxito de convocatoria que ya consiguió el 8 de diciembre de 2017, cuando decenas de miles de personas se manifestaron en Bruselas para pedir una mediación de la Unión Europea a favor de la independencia de Cataluña.

En esta ocasión, las entidades civiles independentistas fletarán autobuses y vuelos chárter en los que trasladar a los manifestantes, a 500 euros por cabeza en el caso del transporte aéreo. Territoriales como la de Osona ofrecen vuelos de ida y vuelta entre Barcelona y Estrasburgo en el día por 495 euros, o paquetes turísticos con vuelo a Stuttgart y dos noches de hotel por 525. Stuttgart está a 155 kilómetros de Estrasburgo por carretera.

El operativo es muy similar al que se diseñó en 2017, aunque la ebullición era mayor en aquel momento, pocos meses después del referéndum ilegal del 1-O y de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre. En aquella ocasión, de hecho, los vuelos se acumularon en el aeropuerto de Barcelona y algunos tuvieron problemas para llegar a tiempo a la capital belga.

Como entonces, e igual que recientemente sucedió para la manifestación independentista en Madrid, la ANC volverá a movilizar un convoy de autobuses que cubrirán el largo trayecto entre Barcelona y Estrasburgo en cerca de 15 horas. Tampoco es muy económica esta opción: entre 100 y 300 euros, dependiendo de las horas y de si los paquetes incluyen noches de hotel.

Un auténtico imperio turístico organizado alrededor de la causa independentista, que quiere plantarse ante la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo para “impedir la exclusión de tres eurodiputados catalanes”, en referencia a Carles Puigdemont, Toni Comín y Oriol Junqueras, de los que se duda que lleguen a conseguir su acta. Para hacerlo deben pasar obligatoriamente por Madrid, donde tienen que jurar presencialmente la Constitución Española ante la Junta Electoral Central. Los dos primeros afrontan el riesgo cierto de ser detenidos si vienen a España para hacerlo. Sobre Junqueras, el Tribunal Supremo debe decidir si le concede el permiso para abandonar la prisión y realizar este trámite.

Puigdemont y el Parlamento Europeo

El independentismo lleva meses confiado a la presencia de Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo para embrollar aún más la situación política en España y reclamar victorias simbólicas ante la Unión Europea. De paso, el equipo jurídico del ex president pretendía que Puigdemont accediera a la inmunidad parlamentaria desde el mismo momento en el que resultara elegido en las pasadas elecciones del 26-M. Sin embargo, el equipo legal del Parlamento dejó claro en un informe que la inmunidad sólo se adquiriría a partir del 2 de julio, en la sesión de apertura de la Cámara, y antes los eurodiputados debían cumplir todos los trámites que exigiera la ley nacional para acceder al acta.

En este sentido, la mayor polémica se produjo el pasado 29 de mayo, cuando el Parlamento Europeo comenzó a expedir acreditaciones temporales con las que los futuros eurodiputados pudieran ir familiarizándose con la institución y acelerando sus trámites de instalación. Algunos electos españoles como Juan Ignacio Zoido o José Ramón Bauzá incluso posaron dentro de la Eurocámara. Sin embargo, los servicios de seguridad del Europarlamento prohibieron el acceso a Carles Puigdemont y Toni Comín cuando trataron de hacer lo mismo.

El presidente de la Cámara, Antonio Tajani, había sido advertido por los grupos de PSOE, PP y Ciudadanos de que los eurodiputados españoles no lo son hasta que no cumplen los trámites obligatorios que marca la Ley. Conceder esa acreditación temporal a Puigdemont habría supuesto un embrollo político para España y habría dado un arma propagandística al equipo del expresidente, pese a que la acreditación temporal no tiene efectos legales y se otorga a discreción de la Cámara. La decisión final consistió en anular todas las acreditaciones temporales concedidas hasta el momento a eurodiputados españoles y esperar hasta las listas definitivas. En las que probablemente no terminen figurando ni Puigdemont, ni Comín, ni Junqueras.