Un total de 68.817 policías nacionales están llamados este miércoles a las urnas para elegir a los vocales que les representarán durante los próximos cuatro años en el Consejo de Policía, órgano colegiado de participación que tiene entre sus funciones la determinación de las condiciones de trabajo y la mediación y conciliación ante eventuales conflictos colectivos.

El voto de los agentes -unos 10.000 no están afiliados a ningún sindicato en este momento- determinará el reparto de los 14 representantes en juego, dos menos que en las elecciones celebradas el 10 de junio de 2015. En concreto, se ha perdido un vocal en la escala de subinspección (de dos a uno) y otro en la básica (de 11 a 10) por la merma de efectivos: el censo de estos comicios está formado por 7.921 funcionarios menos, debido a la falta de reposición de plazas durante los años de la crisis económica por las restricciones presupuestarias.

La irrupción de Justicia Policial (Jupol) -organización que concurre por primera vez y que nace de Jusapol, la asociación creada a principios de 2018 para reivindicar la equiparación salarial con las policías autonómicas- amenaza si no con romper sí con alterar el statu quo actual entre los sindicatos tradicionales. La tarta es más pequeña y hay un comensal más reclamando una porción.

Casi 69.000 agentes eligen el miércoles a sus 14 representantes en el Consejo de Policía, dos menos que en 2015 por la merma de efectivos

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), con siete vocales en la actualidad (uno en la escala ejecutiva, otra en la de subinspección y cinco en la básica), aspira a seguir siendo la organización más representativa en el Cuerpo Nacional. Le siguen la Confederación Española de Policía (CEP) con cuatro (uno en la de subinspección y tres en la básica), el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y la Unión Federal de Policía (UFP) con dos cada uno y Alternativa Sindical de Policía (ASP) con uno.

Del número de representantes que cada sindicato consiga dependerá el peso de su opinión en el Consejo de Policía y las liberaciones que podrán ofrecer a sus afiliados para llevar a cabo la labor sindical (12 por vocal, sin contar a éste). El número de votos cosechados también determinará el importe de la subvención pública que, en dos pagos anuales, cada organización recibe del Ministerio del Interior.

El deseado informe de la consultora

Las novenas elecciones están marcadas por la entrada en liza de Jupol y las dudas sobre la ejecución del acuerdo por el que el Ministerio del Interior se comprometió en marzo de 2018 a garantizar que los policías y guardias civiles cobren lo mismo que mossos y ertzainas: el ministro Grande-Marlaska ha pedido un informe al Consejo de Estado para conocer si le vincula jurídicamente los compromisos firmados por su antecesor -el popular Juan Ignacio Zoido- y se resiste a revelar el contenido del informe elaborado por la consultora privada Ernst&Young Abogados que debe determinar si los 807 millones de euros comprometidos para el trienio 2018-2020 son suficientes para asegurar la igualdad en las nóminas.

El SUP considera que el acuerdo sellado en marzo de 2018, que ha sentado las bases para acabar con la brecha salarial que separa a policías y guardias civiles de los mossos y ertzainas, es «el mejor acuerdo jamás firmado por ningún sindicato en Europa». La rúbrica de ese documento es uno de los avales que invoca la organización con mayor representación en el Cuerpo Nacional ante la cita electoral de este miércoles.

«La mejor valoración es la que hacen los demás. La de los funcionarios de prisiones, que reclaman acercarse, siquiera en una parte mínima, a las mejoras salariales que hemos alcanzado gracias a este acuerdo. La de otros colectivos, que definen este logro como el más importante de la historia de la Función Pública. Todo es mejorable, por supuesto. Y seguiremos trabajando en esa línea», opina Mónica Gracia, secretaria general del SUP.

El SUP, sindicato mayoritario en el Cuerpo, dice que Jupol «miente» sobre la equiparación salarial para «tensionar el clima laboral y hacerse sitio»

Sin citarlo por su nombre, Gracia considera que Jupol «miente» cuando sostiene que un aumento medio de 561 euros al mes en tres años no es relevante. «Se miente para tensionar el clima laboral del Cuerpo y para hacerse sitio esa nueva asociación que, nacida de una falsedad, juró que jamás sería sindicato; y ahora rompe su promesa entrando en el panorama sindical con el objetivo de sentarse con los demás en el Consejo de Policía», añade.

Cambios en la jornada laboral para llegar al sexto turno, desarrollo de la Ley Orgánica de Régimen de Personal, más medios de protección, reclasificación de la Escala Básica al Grupo B, inversión en infraestructuras, más oferta de empleo público para resolver la carencia de efectivos en todas las plantillas, culminación del acuerdo de equiparación con la Ley de Retribuciones, mejoras salariales en turnicidad, distribución equitativa de la productividad por objetivos y una carrera profesional sin injerencias políticas son algunas de las reivindicaciones por las que seguirá peleando el sindicato en los próximos cuatro años, según avanza la secretaria general.

La CEP también pone el énfasis en la ejecución de la equiparación salarial, para lo que ha interpuesto un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 12 de Madrid a fin de tener acceso a los informes -provisionales y definitivo- realizados por Ernst&Young tras comparar las retribuciones y los puestos de trabajo en los tres Cuerpos (Policía, Guardia Civil y Mossos d’Esquadra) y que oculta Interior.

Honestidad y transparencia

«El principal asunto con el que acudimos a estas elecciones es la equiparación salarial. Para que se ejecute el tercer pago pendiente de 2020, se trabaje en la norma que permita evitar esta desigualdad salarial con las Policías autonómicas y se ponga en marcha, de una vez, el regreso voluntario de los compañeros desde la segunda actividad. Hay que ser transparentes. Si Interior cree que no cumple lo requerido en el pliego de contratación, está en su derecho de encargar el trabajo a quien sí lo haga bien. Pero tenemos que conocer ese primer informe», razona Víctor M. Vigil, presidente de la comisión gestora nacional de la CEP.

Esta organización, que concurre a las elecciones tras haber presentado ante notario un decálogo por la honestidad y transparencia en la gestión que vincula a los integrantes de su ejecutiva nacional, lanza un mensaje a los partidos políticos y al próximo gobierno de la nación. «Pedimos que no sólo piensen en los policías nacionales y sus familias cuando haya elecciones. Para eso tenemos un programa que reclama avanzar en sueldos, complementos e indemnizaciones y acabar con injusticias como las medallas, el reparto de la productividad variable, la jornada laboral o los insuficientes medios de protección individual (chalecos antibalas, pistolas táser…). Queremos avanzar en derechos con normativas actualizadas y adaptadas a la función pública moderna. Y eso requiere compromiso del Ministerio del Interior y de los partidos», añade Vigil.

La UFP ve en peligro el pago del tercer tramo de la equiparación si, como avisa, el nuevo sindicato presenta un «conflicto colectivo permanente»

Desde las filas de la UFP se da por segura la entrada de Jupol en el Consejo de la Policía con «no más de tres vocales», al tiempo que se apresuran a descartar que la irrupción de este sindicato suponga un «cataclismo» para los sindicatos tradicionales. «Muchos compañeros se han dado cuenta de que han usado la demagogia y la mentira en el asunto de la equiparación salarial. Ya hemos cobrado dos de los tres pagos comprometidos», opina José María Benito, portavoz de la UFP.

Esta organización advierte de que el Ministerio del Interior podría «dejar en suspenso» el pago del tercer tramo -a abonar en 2020- si Jupol «plantea un conflicto colectivo permanente», como ha anunciado que hará cuando ocupe asiento en el Consejo de Policía. «Sería el efecto contrario al que pretenden», añade Benito. La falta de efectivos, el acceso al informe final de la equiparación salarial y la reincorporación al servicio activo de los funcionarios que se encuentran hoy en segunda actividad son algunas de las prioridades para la UFP.

Entretanto, el Sindicato Profesional de Policía -el único con representación en la escala superior (comisario principal y comisario)- vuelve a concurrir bajo el principio de que «lo que es bueno para los policías es bueno para la organización policial y para la sociedad». La reforma y desarrollo reglamentario de la Ley de Régimen de Personal, la necesidad de que se adopten planes de mejora a medio y largo plazo en materia de infraestructuras, la mejora de la transparencia de la gestión de la actividad policial, la exigencia de que se convoquen de forma pública todos los puestos de trabajo y la reducción de los puestos de libre designación son algunas de las reivindicaciones de la afiliación del SPP que los vocales que resulten elegidos se comprometen a plantear en el Consejo de Policía.

«Regalos a cambio de votos»

Por su parte, Alternativa Sindical de Policía -la quinta organización en este momento- se muestra convencida de que el trabajo desarrollado desde las últimas elecciones les permitirá lograr un segundo vocal en la escala básica para «llevar hacia delante la equiparación real». «Los policías saben que en el Consejo de Policía han de sentarse los que más hayan trabajado en cuatro años, los que no hayan mentido y vendido a los policías en vez de los que piensan en altavoces, sobresueldos y regalos a cambio de votos como venían haciendo durante décadas los viejos sindicatos (SUP, CEP y UFP)», sostiene Raúl Cuesta, portavoz nacional de ASP.

Cuesta sitúa en el haber de esta organización haber denunciado en los juzgados «decenas de temas que llevaban años tapados», la defensa de los policías «dentro y fuera de nuestra institución» y la «mejora de los derechos de los compañeros». «Seguiremos trabajando para que la Administración no nos vea como un simple número de placa y la sociedad perciba con más fuerza que detrás de cada uniforme hay una familia», agrega el portavoz.

Jupol se pone el listón alto: ser el «sindicato mayoritario»

Justicia Policial (Jupol) espera arrebatar la hegemonía del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) en las elecciones al Consejo de la Policía que se celebrarán el miércoles próximo y lo primero que exigirá será una equiparación salarial real respecto a las demás fuerzas de seguridad.

Representantes de Jupol han presentado este viernes el proyecto de este sindicato que concurre por vez primera a las elecciones al Consejo de Policía. El secretario de Comunicación, Pablo Pérez, ha afirmado que esperan convertirse en «el sindicato mayoritario y posibilitar el cambio necesario» -ha cifrado en 17.000 el número de afiliados, cifra que representa casi una cuarta parte del censo total- y ha barajado la posibilidad de sacar entre seis y ocho vocales de los 14 en liza.

Pérez ha anunciado que lo primero que hará su sindicato será pedir una reunión con los responsables de la Dirección General de la Policía y planteará un conflicto colectivo permanente si no se garantiza una equiparación salarial real de los policías nacionales respecto a los agentes de los demás Cuerpos.