La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el presidente del grupo municipal del PSC, Jaume Collboni, han presentado hoy su «Acuerdo de Izquierdas para el Gobierno» de la capital catalana. Tras casi un mes de negociaciones, los líderes de los comunes y el PSC en Barcelona han presentado un cartapacio municipal en el que la seguridad vuelve a tener rango de tenencia de alcaldía y estará  en manos del socialista Albert Batlle, ex director de los Mossos d’Esquadra y con una larga trayectoria también en el Ayuntamiento, durante los mandatos de Pasqual Maragall y Joan Clos. Es la principal novedad del nuevo gobierno, con la que Colau reconoce los problemas de seguridad en la ciudad, que sus vecinos ya han situado como la principal preocupación de Barcelona.

Tanto Colau como Collboni han insistido esta vez en que se trata de un acuerdo de gobierno para iniciar una nueva etapa «fuerte, equilibrada, cohesionada y estable» con 18 concejales que impulsarán una agenda progresista y plural. El Gobierno municipal tendrá seis tenencias de Alcaldía, que se repartirán a partes iguales: economía, transición digital y Agenda 2030 y Seguridad para el PSC, y Ecología, Urbanismo e Infraestructuras, Derechos Sociales y Feminismos y Cultura para BComú.

Debemos recordar que esto se tiene que afrontar desde la corresponsabilidad de la Generalitat»

Tras agradecer los servicios prestados a Amadeu Recasens, hasta ahora Comisionado de Seguridad, Colau ha evitado reconocer los problemas de inseguridad de la ciudad y ha argumentado que Barcelona «es ciudad grande y compleja», recordando además que la competencia de seguridad es responsabilidad de la Generalitat. «Debemos recordar que esto se tiene que afrontar desde la corresponsabilidad de la Generalitat», ha señalado, reclamando la «máxima implicación» del Govern, a través de los Mossos, «y también de la Judicatura, para la revisión del tratamiento de los robos con violencia, que es el delito que genera más preocupación».

En este contexto, la alcaldesa ha señalado que «es positivo sumar a Albert Batlle, con larga trayectoria en temas de seguridad, que pueda dedicarse exclusivamente a la seguridad con rango de tenencia de alcaldía. Será el refuerzo que requerían las políticas de seguridad» ha concluido la alcaldesa. Más explícito, Jaume Collboni ha apuntado que al reforzar las políticas de seguridad, el nuevo gobierno local da respuesta a una exigencia ciudadana, aunque ha puesto buen cuidado en asegurar que ese refuerzo de la seguridad se hará «desde una óptica progresista, trabajando desde la prevención, el civismo y la convivencia en el espacio público».

El lazo amarillo se queda

Colau ha desvelado además que piensa mantener la pancarta con el lazo amarillo que reivindica la puesta en libertad de los procesados por el 1-O, una pancarta a la que los socialistas se oponen.
Ha recordado que la decisión de colocar esa pancarta se adoptó por mayoría en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento, y esa mayoría sigue estando vigente en el Pleno del Ayuntamiento.

«Es evidente que no estamos de acuerdo», ha reconocido Collboni en respuesta, «pero los que no estamos de acuerdo con esa medida no somos mayoría en el Ayuntamiento» ha lamentado para justificar su aceptación de la pancarta que seguirá exhibiendo la fachada principal del Ayuntamiento de Barcelona. El dirigente socialista ha aprovechado esta controversia para asegurar que el lazo amarillo «es un buen ejemplo práctico» de cómo se van a resolver la disparidad de opiniones entre PSC y BComú en las cuestiones de índole independentista. «Hay temas en los que los dos partidos tenemos opiniones diferentes, pero podemos convivir en un gobierno plural que se pone de acuerdo en 90% en las cuestiones de gobierno».

Un argumento que debe servir para salvaguardar el gobierno pactado hoy el próximo otoño, cuando se haga pública la sentencia del procés y las entidades independentistas exijan a las instituciones reacciones en contra de la decisión judicial. Colau ha explicado que «en temas nacionales, cada formación tendrá sus posiciones», ya que el acuerdo solo aborda temas de ciudad y no se supeditará a otros niveles.

«Es un acuerdo para Barcelona que pone a Barcelona por encima de todo» ha abundado Collboni para convencer, o convencerse, de que esta vez la coalición de gobierno con los comunes no saltará por los aires cuando el independentismo exija a Colau un golpe de efecto en apoyo de los «presos» como sucedió en diciembre de 2017 tras la aplicación del 155, cuando Colau echó a Collboni del gobierno municipal. Entonces, sin embargo, Collboni solo tenía cuatro regidores y el gobierno local seguía muy lejos de la mayoría absoluta. Ahora el PSC ha doblado esa cifra y tiene peso suficiente para intentar hacer valer su apoyo en el Pleno.

El PSC apoyó la investidura de Ada Colau como alcaldesa el pasado 15 de junio con el compromiso de negociar formar un gobierno de coalición. Las negociaciones han sido lentas y el acuerdo se presenta a solo 5 días del pleno del cartapacio y pendiente de que lo ratifiquen las bases de BComú, como establece el reglamento de esta formación.