Ni la Alta Inspección ni el Ministerio de Cultura han reaccionado ante la intromisión de la Plataforma per la Llengua en los patios de 50 colegios e institutos catalanes para realizar un estudio sobre el uso del catalán en los patios. «La Alta Inspección nunca actúa», y en este caso, «no han movido un dedo», se lamenta Ana Losada, presidenta de la Asociación por la Escuela Bilingüe (AEB) la entidad que lidera las denuncias en los casos de parcialidad y adoctrinamiento en las escuelas catalanas.

Activistas de Plataforma per la Llengua han entrado en medio centenar de colegios de las 35 mayores ciudades catalanas para evaluar el uso del catalán en los ratos de ocio -durante las horas lectivas el catalán es omnipresente, puesto que el castellano solo se utiliza en las dos o tres horas semanales propias de la asignatura-. El estudio, presentado hace una semana, ha abierto una fuerte polémica después de que la Plataforma reconociera que se hizo sin el conocimiento de la dirección de los centros, los profesores ni los alumnos o sus responsables legales.

Sin embargo, el conseller de Educación, Josep Bargalló, ha intentado relativizar esta polémica, de la que ha tenido que responder en el Parlament. Bargalló aseguró que el «trabajo de campo» de los activistas de la Plataforma, realizado con la excusa de supuestas actividades de evaluación de conocimiento del inglés, no fue «espionaje», sino «observación de incógnito». Lo más destacado, sin embargo, es que Bargalló negó que su departamento autorizara a esa entidad a realizar un estudio en las escuelas sobre el uso que hacen los niños del catalán o del castellano a la hora del patio.

«El departamento no ha autorizado a ninguna entidad privada a que haga ningún estudio sociolingüístico de utilización de la lengua en los patios u otros espacios de centros docentes», aseguró el conseller, quien señaló que de haberse autorizado ese estudio por parte del Govern, existirían documentos de información a los centros que se habrían hecho públicos. Lo cierto, sin embargo, es que cualquier estudio sobre usos de menores de edad en los colegios debería haber contado con la autorización, por un lado, de la dirección de los centros, y por otro, de los padres de los alumnos.

Actuación ilegal

«Si se ha hecho sin permiso de los padres se ha cometido una ilegalidad», confirma Losada, que cuestiona que el Departamento de Educación no tuviera conocimiento de la campaña. Cada vez que los alumnos, catalanes o del resto de España, se someten a pruebas de evaluación de conocimientos como las Pruebas Cangur o las pruebas de evaluación de la propia Generalitat, los padres son informados previamente por los centros. De hecho, ha habido Ampas de algunos centros que se han negado a que sus hijos realizaran estas pruebas. Sin embargo, los padres de los alumnos examinados por la Plataforma no han tenido ocasión de oponerse, porque nunca fueron informados.

Hace un semana que la Plataforma por la Lengua presentó su «Estudio socilingüístico en patios de escuelas e institutos de zonas urbanas de Cataluña» en el que daba la alerta porque los niños y adolescentes catalanes utilizan preferentemente el castellano en sus ratos de juegos, sobre todo en secundaria. Según ese estudio «solo el 14% utiliza el catalán en las conversaciones en tiempos de ocio». Denunciaban además con gran escándalo que en algunos casos los profesores se dirigían a los alumnos en castellano cuando estos les interpelan en esta lengua.

El Estudio, del que la plataforma nunca dio datos técnicos, se habría realizado en institutos y colegios de las 35 ciudades más pobladas de Cataluña. No han dicho en qué institutos se realizó el trabajo de campo, pero sí han reconocido que se hizo sin el conocimiento de las direcciones de los centros, menos aún de los padres.

«Podemos decir que la situación del catalán en los patios de las zonas urbanas de Cataluña es grave, porque tenemos una mayoría de adolescentes que no ven el catalán como una herramienta atractiva, útil, incluso propia. No es la lengua común y de cohesión que pensamos que debería ser», afirmaba el presidente de la entidad, Oscar Escuder.

La excusa utilizada fue «realizar actividades de conocimiento de lengua inglesa», reconocen los autores, que solo en algunos casos reconocieron su auténtico objetivo a los profesores, según la propia entidad. En otros, simplemente mintieron. «Se ha hecho de incógnito, de modo que ni el profesorado ni el alumnado supieran que se estaba observando el comportamiento lingüístico», reconoció Escuder, argumentando que no querían «alterar» el comportamiento.

Campaña en los colegios en otoño

De hecho, el objetivo del estudio no es otro que justificar la organización de una nueva campaña de promoción del catalán en los colegios en otoño, como anunciaron los responsables de la Plataforma. No quisieron avanzar más datos de esa campaña pero si dejaron claro que el objetivo será «concienciar» a profesores, estudiantes, monitores y padres para «revertir» esa situación, que consideran dramática.

La AEB ha intentado poner coto a esta iniciativa con quejas ante el Defensor del Pueblo -«el Síndic de Greuges no es una opción», reconoce Losada- y han dirigido al Portal de la Transparencia de la Generalitat una serie de peticiones para conocer qué información dio la Plataforma a los centros investigados, bajo qué argumentos se autorizó su entrada y organización de actividades en centros educativos, si los directores de esos centros informaron a la Inspección Educativa -la dependiente de la Generalitat- de que se iban a realizar esas actividades y qué información directa de las actividades tuvo cada inspector de zona.

Losada cuestiona, en este sentido, que ningún director de centro informara al Departament y que el conseller y los máximos responsables de Educación de la Generalitat conocieran el informe por la prensa, como ha argumentado Bargalló, que se ha comprometido a indagar las circunstancias en las que se produjo esa intromisión en los patios de los colegios. La dirigente de la entidad pro bilingüísmo en las aulas lamenta además la falta de reacción tanto del Gobierno, a través de la Alta Inspección, como de los partidos políticos, más allá de PP y Cs, que han pedido la dimisión del conseller por este caso.

Considera especialmente escandaloso el silencio de los grandes sindicatos, que no han cuestionado la fiscalización de los maestros catalanes por parte de la entidad, sin ningún tipo de autorización. «Lo podemos esperar de la USTEC y la Intersindical independentista» lamenta, «pero es llamativo que ni UGT ni CCOO hayan hecho mención de este escándalo». En este contexto, denuncia que organizaciones como la Plataforma, Òmnium o Som Escola tiene permanentemente abiertas las puertas de las escuelas sin que nadie se lo cuestione en Cataluña, para influir en directores de los centros, profesores, alumnos y Ampas.

«Se sienten amparados por un sistema construido durante 30 años que es totalmente opaco», lamenta, recordando la actuación de centros públicos y concertados el pasado 1-O, con motivo de la conmemoración del primera aniversario del referéndum ilegal. Entonces la AEB sí presentó queja ante la Alta Inspección por las actividades de reivindicación del referéndum ilegal en las aulas, pero la única respuesta fue un escueto «no tenemos competencias».