La Generalitat ha hallado un «mecanismo legal» que permitirá ya este año que los funcionarios de la administración autonómica que lo deseen puedan trabajar dos festivos estatales: el 6 de diciembre, Día de la Constitución, y el 12 de octubre, la Fiesta Nacional de España. Así lo ha anunciado el conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, en una entrevista a Efe.

Puigneró no ha querido avanzar el vericueto legal hallado por su departamento pero ha anunciado que el Govern aprobará un acuerdo de gobierno en septiembre que habilitará la fórmula legal para que el personal de la Generalitat pueda trabajar esos dos días. Eso sí, ha dejado claro que la opción de trabajar en esas dos festividades será completamente «voluntaria». Se da el caso de que el 12 de octubre cae en sábado este año, y el 6 de diciembre en viernes.

«No obligaremos a nadie a hacer fiesta estos dos días, pero sí que habilitaremos la posibilidad de que aquellas personas que quieran trabajar estos dos días puedan hacerlo», ha concluido.

Una fórmula que ya ha levantado suspicacias en los partidos de la oposición, que ven en la elección de dos festividades tan claramente ideológicas una nueva vía para señalar a los funcionarios no independentistas, como han denunciado los líderes tanto del PP catalán, Alejandro Fernández, como de Cs, Lorena Roldán.

Batalla legal

Preguntado por si teme impugnaciones por parte del Estado, el conseller ha asegurado: «Lo hemos querido hacer de acuerdo con la legislación y hemos buscado el mecanismo que permitirá hacerlo posible». Con todo, Puigneró ha explicado que hasta septiembre no se darán a conocer los detalles la fórmula que se ha buscado.

En 2016 varios ayuntamientos «ofrecieron» a sus trabajadores la posibilidad de trabajar el 12 de octubre alegando motivos ideológicos contra la celebración del Día de la Hispanidad. Una posibilidad que fue recurrida por la Delegación del Gobierno, y que comportó multas para los regidores del Ayuntamiento de Badalona que incumplieron los mandatos judiciales en los que se atendía a la demanda de la Delegación.

Puigneró ha asegurado que el año pasado recibió una carta de muchos funcionarios catalanes que pedían tener el derecho de trabajar esos dos días, al no sentirse representados por esas festividades, y ha añadido que esa demanda la respaldan también colectivos de la administración y la Intersindical-CSC, independentista, que dirige Carles Sastre.

El conseller ha limitado su propuesta a los 200.000 funcionarios de la administración autonómica, argumentando que la petición provenía de los empleados de la Generalitat. «Lo que pueda pasar en otras administraciones no es de mi responsabilidad», ha advertido en referencia a los ayuntamientos.

No obstante, la polémica se desató en 2016, cuando un juez, a instancia de la Delegación del Gobierno en Cataluña, prohibió abrir el Ayuntamiento de Badalona el 12 de octubre y seis concejales de ese consistorio decidieron abrir las puertas del consistorio y fueron luego acusados de desobediencia.

Listas negras

Tanto Ciudadanos como el PP han visto en esta propuesta la amenaza de utilizar la petición de libranza como una vía para «señalar» y hacer «listas negras» de buenos y malos funcionarios según su ideología.

«Siguen señalando a los constitucionalistas. No les basta con clasificar comercios o niños según la lengua que usan, ahora también quieren hacer listas de buenos y malos funcionarios y señalar a los que no comulgan con el separatismo. A esto se dedica el Govern de Torra», ha lamentado Lorena Roldán.

Alejandro Fernández, por su parte, ha calificado de “gestos ridículos” la propuesta de Puigneró. “Esta es otra muestra de que el Govern no hace propuestas por la convivencia, sino busca el conflicto permanentemente”, ha añadido Fernández, quien ha advertido que “la Generalitat podría elaborar una de sus clásicas listas negras del régimen en función de si se decide ir o no a trabajar ese día”.