En pleno debate sobre la falta de recursos humanos para garantizar la seguridad en Barcelona, Ayuntamiento y Generalitat han señalado esta semana a los agentes destinados a la protección de edificios judiciales en Cataluña. Se trata de las conocidas como «patrullas toga» responsables de los edificios de los 49 partidos judiciales catalanes. Un despliegue exigido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Jesús María Barrientos tras los incidentes en una veintena de juzgados catalanes, que los sindicatos de Mossos señalan también como un despliegue que «inmoviliza» agentes necesarios en Barcelona, pero también en comarcas como el Maresme, donde proliferan las patrullas ciudadanas ante el aumento de la delincuencia.

En la primera reunión de la alcaldesa Ada Colau y el president Quim Torra tras las elecciones locales, tanto Colau como el conseller de Territorio, Damià Calvet, señalaron a las «patrullas toga». Colau tachó de insuficiente el despliegue de 320 agentes de los Mossos anunciado por el conseller de Interior para septiembre, recordando que ante el crecimiento de delitos es necesaria mayor presencia policial por su efecto disuasorio.

La alcaldesa apuntó a la necesidad de más efectivos, pese a la promesa de incorporar a un millar de agentes a la Guardia Urbana en los próximos años y explicó que ambas administraciones estudian «pedir a los juzgados que liberen a los mossos que están vigilando los edificios para que patrullen la calle». En términos similares se expresó el conseller Calvet. Y en el mismo sentido apuntan los sindicatos de mossos, que acusan el déficit de 2.000 agentes reconocido por el Govern.

Sin embargo, el director de los Mossos, Andreu Joan Martínez, reconoce que no se pueden reducir las «patrullas toga» sin acuerdo previo con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. «Son un requerimiento» del poder judicial, recuerdan los responsables de la policía autonómica, que «no se puede retirar» sin el acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJC. Especialmente con los precedentes de desconfianza entre poder judicial y mossos sembrados en 2017, cuando Barrientos decidió sustituir a la policía autonómica por la nacional para custodiar las sedes judiciales en plena crisis independentista.

Ataques al inicio del juicio al procés

En febrero de este año, el TSJC exigió a los Mossos protección para las sedes judiciales tras los ataques de los CDR a una veintena de juzgados a las puertas del juicio oral a los líderes independentistas. Una circunstancia que bien puede reproducirse en los próximos meses con la sentencia del juicio al procés cuando desde el Govern, los partidos y las entidades independentistas anuncian una sonora respuesta a una eventual condena a los líderes del 1-O.

El acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJC reclamaba «protección presencial y permanente» de todos sus edificios, después de los ataques con basura y excrementos a una veintena de sedes judiciales. En Cataluña hay 49 partidos judiciales, alguno de ellos dividido en más de un edificio, por lo que algunos mandos policiales argumentaron entonces que la petición de Barrientos «colapsaría» a la policía autonómica en una época de escasez de efectivos. Pero la orden se cumplió

El pasado mayo, el TSJC acordó rebajar la vigilancia de sus sedes judiciales, que en los tres meses anteriores se custodiaban las 24 horas por una patrulla de mossos. Barrientos acordó reducir la presencia policial a los horarios de apertura de los juzgados para «una mejor optimización de los recursos públicos». Excepto las sedes más expuestas, la Ciudad de la Justicia de Barcelona y la sede del TSJC, que siguen contando con vigilancia permanente.

Jesús María Barrientos elogio entonces el «escrupuloso y efectivo despliegue policial» durante tres meses, pero advertía de que «no ha desaparecido completamente las amenazas de hostigamiento» ejemplificadas en ataques de CDR y Arran con heces a las puertas de los juzgados. Sellaba asi la reconciliación de la justicia en Cataluña con el cuerpo policial.

La Policía sustituye a Mossos

Tras el 1-O Barrientos retiró a los mossos la responsabilidad de la protección de los dos principales edificios judiciales de Cataluña, las sedes de la Audiencia Provincial y el TSJC en Barcelona, para ponerla en manos de la Policía Nacional. Era la primera respuesta al referéndum ilegal y el posterior «paro de país» auspiciado desde la Generalitat.

Mes y medio después, el 30 de noviembre, el TSJC devolvía a los Mossos d’Esquadra la exclusividad en la vigilancia de su sede, al perder vigencia las razones por las que la traspasó a la Policía Nacional tras el 1-O, apuntó Barrientos. Había empezado la aplicación del artículo 155, con el que a juicio del TSJC se habían contenido los riesgos de “alteración de la legalidad constitucional”.