«Si el conseller Miquel Buch dice que había habido relajación por parte del Ayuntamiento yo podría decir que la ayuda de la Generalitat estaba en coma». Ada Colau ha llegado hoy al Palau de la Generalitat con el firme propósito de recuperar la relación institucional y la oferta de acuerdos para aprobar los presupuestos de la Generalitat y el Ayuntamiento para el próximo ejercicio. Pero la crisis abierta de seguridad en la capital catalana se ha impuesto en un encuentro en el que Colau ha recriminado a Torra la actitud del Conseller de Interior.

Miquel Buch «ha tenido declaraciones que no se corresponden a la lealtad institucional y se lo he dicho al president» ha explicado Colau, visiblemente dolida por las declaraciones en las que el conseller se felicitaba por el cambio de criterio del Ayuntamiento tras la llegada de Albert Batlle. «Hace un año le pedimos más mossos y dijo que no hacía falta más policía en Barcelona» ha recordado Colau para lamentar que «nos hemos sentido muy solos» desde que Buch accedió al cargo.

La alcaldesa ha recordado además que la de la semana pasada fue la primera Junta de Seguridad Local a la que asistió el conseller y ha advertido que los 320 nuevos agentes prometidos por Buch no serán suficientes para afrontar el problema de seguridad en Barcelona. Las quejas de Colau no han incidido, sin embargo, en la postura de la Generalitat. El conseller Damià Calvet, que actuado hoy como portavoz del Govern, ha insistido en señalar la «política errática» del Ayuntamiento en materia de seguridad como la principal responsable de los problemas actuales y ha advertido que la policía autonómica no tiene más mossos disponibles.

El encuentro entre Torra y Colau es el primero tras la reelección de la alcaldesa con el apoyo de PSC y Cs, pese a la victoria por la mínima de ERC en las elecciones en Barcelona, lo que convirtió a la alcaldes en objetivo preferente de las invectivas del independentismo. Aunque los principales motivos de roce entre Ayuntamiento y Generalitat han sido los problemas de seguridad en Barcelona.

En este contexto, Torra recibe a Colau tras una reunión de la Junta de Seguridad Local en la que el conseller de Interior, Miquel Buch, anunció la incorporación de 320 agentes de Mossos d’Esquadra en la capital catalana y ambas instituciones acordaron la reapertura de una comisaria de policía en la Plaza Cataluña para frenar el aumento de la delincuencia que ha incidido especialmente en el Raval.

Comisión Mixta

Tampoco hay acuerdo sobre la deuda endémica de la Generalitat con el Ayuntamiento de Barcelona. Torra y Colau han acordado reactivar la Comisión Mixta Generalitat-Ayuntamiento, que ambos responsables se han comprometido a reunir el próximo octubre. Pero aquí, de nuevo, las posiciones son diametralmente opuestas. El Ayuntamiento denuncia que la Generalitat ha dejado de invertir 280 millones de euros desde 2011 en los servicios sociales gestionados en Barcelona por ambas administraciones a través de los consorcios compartidos, una deuda que el Govern no reconoce.

Pero Calvet ha rechazado esta cifra, que considera «descontextualizada» y ha recordado a Colau que el Consistorio tiene superávit, para acabar ofreciendo a Colau su apoyo en contra del a regla de gasto impuesta por el anterior Gobierno, que impide que el Ayuntamiento de Barcelona se endeude más. Ni hablar de aumentar el gasto del Govern en servicios públicos en Barcelona.

Colau se ha referido a la «desinversión» de la Generalitat en los consorcios de Educación, Sanidad, Vivienda y Servicios Sociales lamentado que «son servicios públicos básicos» en los que debe recuperar el nivel de inversión a nivel de 2011, lo que significa un aumento de la inversión autonómica de 30 millones de euros anuales a los 190 millones que aporta la Generalitat a estos consorcios.

«No estamos de acuerdo con la cifra» ha respondido Calvet, quien se ha referido al «déficit fiscal» o al «incumplimiento del Gobierno» en inversiones en infraestructuras o en la Disposición Adicional Tercera del Estatut para argumentar los incumplimientos de la Generalitat. Calvet ha asegurado además que en 2017 los pagos ordinarios de la Generalitat en servicios públicos en Barcelona fueron de 150 millones y los en consorcios de 140, para argumentar que la inversión total es mayor que la apuntada por el Ayuntamiento.

El conseller de Territorio ha esgrimido además la reducción de la deuda ordinaria de la Generalitat con el Ayuntamiento, que ha pasado de 100 millones a 33 según el último balance  -en materias en las que el consistorio ha llegado a llevar a la Generalitat a los tribunales, como los impagos en las guarderías- para defender la gestión del Govern. La Generalitat «hace un gran esfuerzo para corregir la deuda ordinaria».