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Los 1.059 días que cambiaron Alsasua

El entorno de apoyo a los condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas celebra hoy una jornada para reclamar su puesta en libertad al cumplirse 1.000 días del encarcelamieto de tres de ellos.

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Los 1.059 días que cambiaron Alsasua
Una mujer pasa frente a los retratos de tres de los condenados.

Una mujer pasa frente a los retratos de tres de los condenados. Mikel Segovia

Resumen:

En realidad, los 1.000 días que transformaron Alsasua ya se cumplieron. Lo hicieron hace casi dos meses, el 12 de junio pasado. Los que se conmemorarán desde esta mañana en la pequeña localidad navarra son los que cambiaron la vida de los agresores. Para ninguno de ellos, ni de sus víctimas, la vida ha vuelto a ser la misma desde la madrugada del 15 de octubre de 2016, y de eso hace ya 1.059 días. Para los primeros, por haberlos vivido en gran parte de ellos en prisión y condenados por graves delitos. Para los segundos, sus víctimas, por haber tenido que sobreponerse a todo lo que el llamado ‘caso Alsasua’ ha supuesto en estos casi tres años largos.

La agresión a los dos agentes de la Guardia Civil y sus parejas, primero en el bar ‘Koxka’ de la localidad y en el exterior del local poco después, no fue una simple pelea de bar, como las defensas han venido argumentando. Así lo ha acreditado la Justicia. Tampoco un delito de terrorismo, según determinó la resolución de la Audiencia Nacional. La sentencia, que en poco más de un mes el Tribunal Supremo resolverá por el recurso presentado por la defensa, estableció que mientras el grupo de ocho jóvenes insultaba y golpeaba a los dos agentes y sus parejas estaban cometiendo delitos de atentado a la autoridad, lesiones, desórdenes públicas y amenazas, todos ellos merecedores de un duro castigo: entre 9 y 13 años de cárcel.

Por esos hechos, sólo un mes más tarde, tres jóvenes ingresaron en la cárcel: Ohian Arnanz, Adur Ramírez y Jokin Unamuno, condenados a entre 12 y 13 años. Fueron los primeros en hacerlo, el 15 de noviembre de 2016. Hoy la plataforma de apoyo a los agresores de Alsasua ha organizado una jornada de apoyo al cumplirse los mil días de su entrada en la cárcel.

El resto de condenados por este caso, -Julen Goikoetxea, Jon Ander Cob, Iñaki Abad y Aratz Urrizola-, además de estar sentenciados a penas más reducidas, 9 años de cárcel, ingresaron casi año y medio más tarde, el 5 de junio del año pasado. Por ello, su estancia en prisión ronda por ahora los 430 días. La única mujer condenada por la agresión, Ainara Urkijo, está en libertad al habérsele impuesto la pena más baja, dos años.

A la espera del Tribunal Supremo

El entorno de apoyo a los jóvenes condenados ha previsto diversos actos para retomar las movilizaciones de respaldo, fundamentalmente de cara a la vista prevista para el 18 de septiembre en el Tribunal Supremo. Desde primera hora de esta mañana se ha iniciado una marcha a la cima del monte Beriain donde este mediodía se presentará un libro de recogida de mensajes de apoyo a los encarcelados y que recorrerá diversas localidades. Forma parte de la dinámica “1.000 días, mil mensajes, mil besos” que se ha puesto en marcha y que prevé que el material que se recoja se les haga llegar a la prisión de Zaballa. Por la tarde, en la plaza de los fueros de Alsasua se llevará a cabo una concentración para reclamar su puesta en libertad y se abrirá al público una exposición sobre el caso.

En este tiempo las movilizaciones de apoyo a los condenados por el ‘Caso Alsasua’ no han dejado de llevarse a cabo, pese a que sí han reducido la intensidad que alcanzaron meses atrás, en especial durante el pasado verano y en las semanas previas al juicio. En las fiestas de San Fermín tuvo lugar una concentración de apoyo, así como a través de las redes sociales. Incluso EH Bildu hizo referencia a este caso durante el reciente pleno de investidura de María Chivite como nueva presidenta de Navarra.

Los grupos de apoyo de los agresores de Alsasua celebran hoy una jornada para solicitar su puesta en libertad

En estos 1.000 días de prisión algunas cosas han cambiado y otras siguen igual. Los agresores han dejado de ser libres y algunoa de los agredidos han tenido que abandonar Alsasua. Otros siguen intentándolo. Siete de los ochos condenados están en la cárcel y los dos agentes de la Guardia Civil ocupan nuevos destinos lejos de Navarra. En estos 33 meses también se ha resuelto una de las cuestiones esenciales del caso; su consideración de delito terrorista. Los tribunales han dejado claro hasta en dos ocasiones que no cabe vincularlo con ETA y su entorno ni que actuaran siguiendo “su ideario”. Por tanto, tampoco cabe aplicarle la consideración de terrorismo, como reclama la Fiscalía. Sí apreció la Audiencia Nacional un agravante de discriminación, al concluir que la motivación preponderante de los agresores para atacar a las víctimas fue su condición de guardias civiles.

Las defensas confían en que el Tribunal Supremo pueda rebajar de modo relevante las condenas o que incluso cuestione gran parte de la misma. Desde la acusación se han mostrado confiados en que el Alto Tribunal no modifique la esencia de la sentencia de la Audiencia Nacional y a lo sumo pueda alterar o reducir levemente alguna de las condenas.

Vidas dispares

En este tiempo, el respaldo a los condenados por parte de la mayor parte del municipio y de los sectores más afines al nacionalismo, tanto en Navarra como en Euskadi, se ha mantenido. También el del alcalde de Geroa Bai, Javier Ollo, quien además ha revalidado la alcaldía en las pasadas elecciones municipales. Ollo ha participado en numerosos actos en contra del proceso judicial por considerarlo “desproporcionado” pero no ha mostrado ninguna cercanía con las víctimas. En el ámbito político, incluso la madre de uno de los condenados, Bel Pozueta, concurrió a las elecciones generales por la lista de EH Bildu, sin que finalmente -por un estrecho margen- lograra escaño en el Congreso de los Diputados.

También desde los sectores de apoyo a los agentes, en especial desde las formaciones de derechas como el PP, Ciudadanos y Vox se ha recurrido al caso de Alsasua en reiteradas ocasiones a lo largo de estos 1.059 días. El caso más llamativo, y que evidenció la fractura que la agresión del bar ‘Koxka’ ha producido, se vivió el 4 de noviembre del año pasado. Ese día la plataforma ‘España Ciudadana’ celebró un acto en la localidad que tuvo que celebrarse ante un multitudinario ‘escrache’ de grupos afines a la izquierda abertzale y a movimientos antifascistas. Requirió de un importante despliegue policial a cargo de la Guardia Civil y la Policía Foral de Navarra.

Las víctimas de la agresión del 15 de octubre de 2015 en algunos casos aún residen en Alsasua, en otros la han abandonado

En estos 33 meses, algunas víctimas, en cambio, apenas han podido mejorar su situación. Los padres de María José, la pareja de Oscar, uno de los agentes, y que también fue agredida, no han podido vender su casa. El acoso que han venido padeciendo a lo largo de estos 1.059 largos días no ha dejado de producirse, con periodos de mayor intensidad que otros. También ellos han intentado salir del pueblo pero sin la venta de la vivienda todo se complica. En el caso de la otra pareja, Alvaro, el otro agente y Pilar, su mujer, prestan servicio en otro destino.

Mientras, la Guardia Civil de Alsasua continúa prestando servicio en este municipio navarro, alejada del centro urbano, en un alejado cuartel. Lo hacen en un tiempo en el que sobrevuela el temor en el Cuerpo de que los acuerdos entre el Gobierno de Navarra y el Ejecutivo español supongan la salida de gran parte de la Guardia Civil en Navarra.

La presidenta saliente, Uxue Barkos, dejó pendiente de Ejecutar la cesión de la competencia de Tráfico, que ahora la Benemérita comparte con la Policía Foral. El programa de Gobierno negociado por la nueva presidenta, María Chivite (PSN), con sus socios, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, contempla dar pasos para lograr la cesión de las otras dos grandes áreas: Seguridad Ciudadana y el Seprona. De este modo se lograría hacer de la Policía Foral de Navarra la policía “integral” de la Comunidad Foral.