La consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha anunciado este martes que iniciará los trámites legales para llevar al Estado ante los tribunales por no haber transferido los ingresos pendientes de 2019, que la Generalitat cifra en 1.317 millones de euros.

En la rueda de prensa tras el Consell Executiu, la consejera ha rechazado el argumento legal del Ejecutivo central para no hacer efectivo el pago –que es un Gobierno en funciones– porque «es una acción administrativa ordinaria y es legalmente exigible a un Gobierno en funciones».

«Una vez más, el Gobierno del Estado proyecta sus problemas internos al resto de administraciones», ha reprochado, y ha afirmado que otras comunidades autónomas han seguido el ejemplo de Cataluña y estudian emprender medidas legales.

Los 1.317 millones que la Generalitat reclama al Estado salen de los 874 millones pendientes de transferir por las entregas sin actualizar de 2019 y otros 443 millones por la recaudación del IVA de 2017.

Más comunidades afectadas

«El Gobierno central tiene retenidos los aumentos de la financiación del 2019, que son fruto de una mayor recaudación, que ya hemos pagado y que nos corresponden por ley y que se retienen por las arcas del Estado de forma irregular», denunció la semana pasada el vicepresidente económico de la Generalitat, Pere Aragonès, que pidió al resto de Comunidades Autónomas con deudas pendientes con el Gobierno que se sumen al movimiento de Cataluña.

El Gobierno defiende por su parte que no puede acometer estas transferencias mientras se encuentre en funciones. Comunidades importantes controladas por el PP también han incidido en la necesidad inmediata de desbloquear la financiación autonómica, aunque han rechazado unirse a ningún movimiento liderado por la Generalitat.

Es el caso de la Comunidad de Madrid, que ya ha enviado cartas a Pedro Sánchez exigiendo el pago de más de 1.230 millones de euros pendientes, o de Galicia, Andalucía y Castilla y León. En esta última comunidad, sin embargo, el vicepresidente y líder regional de Ciudadanos, Francisco Igea, ha descartado la posibilidad de recurrir judicialmente siguiendo la estela catalana: «No es el momento de hacer seguidismo de una propuesta de quien más pone en peligro el mantenimiento del estado de bienestar y de la financiación de las comunidades».

La sentencia del procés

Para la portavoz del Govern de la Generalitat, «últimamente el Gobierno del Estado proyecta sus problemas internos al resto de administraciones». Budó ha asegurado que a raíz de su petición hace unos días, «el resto de CCAA se ha activado para reclamar» lo que le corresponde y ha señalado en concreto que Galicia y Castilla y León «no descartan» tomar también medidas legales y judiciales.

La decisión del ejecutivo catalán de denunciar al Gobierno del PSOE en este inicio de curso político puede marcar un otoño que se prevé tenso, con dos citas fundamentales, la investidura de Pedro Sánchez y la sentencia del juicio del «procés», todo ello después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, abogase por la «confrontación democrática» y la «desobediencia».

En este contexto, la consellera de Presidencia ha insistido que el Govern «no acepta ninguna sentencia que no sea la absolución» de los líderes independentistas en prisión preventiva por el juicio del 1-O.