El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha denunciado hoy la «celeridad interesada» de la Justica para juzgarle por su negativa a obedecer los requerimientos de la Junta Electoral Central en la pasada campaña electoral. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anunciado hoy la celebración del juicio oral a Torra para el 25 y 26 de septiembre, por un presunto delito de desobediencia por negarse a retirar los lazos amarillos y pancartas de los edificios públicos de la Generalitat durante la campaña electoral de las generales de abril.

La fijación de esta fecha se trata, para Torra, de la «demostración más evidente de la celeridad interesada de la justicia», que a su juicio «es lenta sólo cuando quiere». Es decir, según el presidente catalán, la justicia «es lenta» con «los demócratas que llevan casi dos años en prisión provisional a la espera de la resolución de su proceso penal» pero «la prisa es absoluta» para juzgarlo a él.

Torra afronta una petición de inhabilitación para cargo público por su reiterada negativa a retirar las pancartas de la fachada del Palau de la Generalitat, lo que obligaría a un relevo al frente del Gobierno catalán, dividido ante la posibilidad de convocar elecciones anticipadas, como reclama ERC, o mantenerse en la Generalitat, como prefiere JxCat.

En este contexto, el presidente catalán ha asegurado esta tarde, en reacción a la citación judicial, que «nos encontramos ante un señalamiento marcadamente precipitado» y denuncia que la fecha del juicio oral de acordó el 31 de julio, previamente a resolver la interlocutoria de admisión y denegación de pruebas, lo que según el president «es contrario a la Lecrim. Los jueces y tribunales no solo deben ser imparciales, sino también parecerlo» añade Torra en su comunicado, para concluir que «esta irregularidad pone en duda la imparcialidad» del TSJC.

Por ello, anuncia que la defensa ejercerá «las acciones legales pertinentes contra este error procesal que demuestra que la prisa es enemiga del rigor».  Torra denuncia además que «las prisas» en el señalamiento del juicio oral hace que las fechas previstas coincidan con el señalamiento de un juicio anterior del abogado defensor, Gonzalo Boye, -responsable también del equipo legal de Carles Puigdemont- y con la celebración del debate de política general que abre el curso político en Cataluña, por lo que previsiblemente pedirán un aplazamiento del juicio oral.

Costa desmiente a Torra

El vicepresidente del Parlament, Josep Costa, ha desmentido sin embargo parcialmente la aseveración de Torra sobre el debate de política general. El dirigente de JxCat ha apuntado que el señalamiento del TSJC coincide con el primer pleno del periodo de sesiones, que tradicionalmente coincide con el debate de política general, en el que el presidente de la Generalitat debe exponer el programa político del curso. Pero todavía no se ha convocado el debate, puesto que la Mesa del Parlament no ha fijado el orden del día para ese pleno.

Costa ha hecho este matiz en la presentación de los actos institucionales de la Diada, en la que la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha asegurado que el juicio a Torra supone que «por primera vez un presidente de la Generalitat será juzgado por defender símbolos de la libertad de expresión» y ha concluido que «la represión continua».