La Conselleria de Interior de la Generalitat y la Delegación del Gobierno en Cataluña han vivido hoy dos «cumbres» paralelas centradas en medidas policiales y judiciales con un único objetivo: abordar la crisis de seguridad en Barcelona que niega la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau. Dos encuentros convocados por la delegada, Teresa Cunillera, y el conseller Miquel Buch para transmitir la idea de que las administraciones asumen el reto de disipar la sensación de inseguridad en la capital catalana, aunque se ha llegado a pocos compromisos concretos: la promesa a futuro de más medios para la administración de Justicia y de más presencia policial en las calles, especialmente en las zonas más conflictivas, como el Port Olímpic, donde la noche del martes se produjo el último robo violento que ha provocado una víctima mortal por apuñalamiento.

En el caso de la reunión convocada por Cunillera con los máximos responsables técnicos del ministerio y la consejería de Justicia, además de la juez decana y los fiscales de Cataluña, la delegada del Gobierno prometido «más medios», aunque ha recordado que tanto el Gobierno como la Generalitat están en prórroga presupuestaria. Cunillera ha insistido, eso sí, en que la Justicia «trabaja mucho» en Cataluña y exhibe unos «índices de excelencia» equiparables al del resto de las comunidades, para desmentir que el problema de la inseguridad en la Ciudad Condal se pueda atribuir a la inoperancia o lentitud judicial, además del problema de la reincidencia, como ha insinuado Colau.

La Delegada ha asegurado que no ha habido queja de los responsables judiciales por esas críticas, aunque ha insistido en el esfuerzo de todos los trabajadores de justicia para afrontar esta situación. Lo cierto, sin embargo, es que los juzgados de justicia rápida que debían ser claves para resolver la delincuencia que más ha aumentado en Barcelona están juzgando a ocho meses vista, y no en horas como estaba previsto. Unos retrasos que, sumados a la despenalización de la multireincidencia, han favorecido la sensación de impunidad de los delincuentes que se dedican a los hurtos y robos.

El encuentro, propuesto por el Ministerio de Justicia al constatar «que había cierta sensación de inseguridad que necesitaba una respuesta», no pretendía «contraprogramar» la primera reunión del pacto «Barcelona ciudad segura» de Miquel Buch. En la Delegación se han reunido el secretario general de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, Antonio Viejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio, Esmeralda Rasillo, con el director general de Planificación de la Conselleria, Xavier Camps, el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle; el presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, Antonio Recio; la jueza decana de Barcelona, Mercè Caso; el teniente fiscal de Catalunya, Pedro Ariche, y la teniente fiscal de la Fiscalía Provincial de Barcelona, Lucía Ferrer.

A la misma hora, y a escasas manzanas de distancia, Buch reunía a la dirección de la policía autonómica con responsables del Govern y el Ayuntamiento y representantes de la patronal, cámaras de comercio y gremios de empresarios de restauración, hostelería y ocio nocturno, además de asociaciones vecinales. para abordar la seguridad en Barcelona, en la primera reunión de elaboración del plan de seguridad prometido tras la reunión de la Junta de Seguridad Local de este verano.

Reforma del Código Penal

Tras el encuentro, el conseller ha insistido en la reforma del Código Penal para volver a sancionar la reincidencia con prisión y combatir los hurtos, tras reconocer que éste «es el delito más común y habitual» en Barcelona. Buch ha reconocido que la capital catalana ha «tenido un aumento» en los datos de delincuencia pese a que este verano ha habido un incremento del 80% de la actividad policial en las calles de la ciudad y ha señalado a la sentencia del Tribunal Supremo de 2017 que han destacado también la Asociación de Fiscales o el propio Ayuntamiento como una de las fuentes del problema.

Esa sentencia, ha recordado Buch, puso en cuestión la modificación del Código Penal de 2015 que ya buscaba perseguir la reincidencia con prisión, y no ha ayudado «en la estrategia de sacar de la calle a los delincuentes comunes». Por ello, ha asegurado que espera que la reforma del Código Penal «sea uno de los primeros retos que afronte» el nuevo Gobierno, pedida desde diversos ámbitos.

Cunillera por su parte, ha recordado que la reforma debe ser iniciativa de los grupos parlamentarios y ha recordado que en la actual situación de interinidad el Gobierno no puede comprometerse con esa reforma. «Las Cortes están en la situación que están» ha apuntado la delegada, quien ha abogado por buscar soluciones dentro del marco legal y presupuestario actual.

Sensación de inseguridad

Ambos responsables políticos han reconocido además la preocupación de sus administraciones por la «percepción de inseguridad» en Barcelona. En este sentido, Buch ha explicado que trabajará para «mejorar la percepción de la seguridad» de los ciudadanos, usando otras vías ajenas al trabajo policial como son una mejora de la iluminación nocturna y del diseño del urbanismo, según sus palabras.

Ha recalcado que no se puede olvidar «la lucha contra la violencia y las agresiones sexuales», y ha afirmado que éste debe ser uno de los pilares fundamentales del nuevo plan estratégico de la ciudad.