Política

Anticorrupción reconoce que cubre menos casos de los que debería por falta de plantilla

La Fiscalía especializada lamenta en la memoria de 2018 que, un año después, se mantiene la situación "próxima a la saturación" / El Ministerio Pública critica también la "precariedad" de los medios materiales con los que trabajan

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Anticorrupción reconoce que cubre menos casos de los que debería por falta de plantilla
Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción.

Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción. EFE

Resumen:

La memoria de Anticorrupción correspondiente a 2018 vuelve a ser un lamento por la falta de plantilla y de medios materiales. La Fiscalía especializada advierte de que la situación «próxima a la saturación» se mantiene un año después de dar la voz de alarma y que atiende menos casos de los que justificaría su intervención por la carencia de fiscales y funcionarios.

Durante el pasado año, Anticorrupción contó con 19 fiscales delegados permanentes y por otros 12 temporales, cifra que representa un aumento de dos en relación con 2017. La carga de trabajo obligó a mantener ocho fiscales en comisión de servicio, lo que el Ministerio Público considera una «situación anómala» y revela a las claras la «urgente necesidad de que se proceda a un incremento» de la plantilla.

«La dificultad de las investigaciones que se llevan a cabo, su duración, así como la complejidad de los procesos en los que interviene esta Fiscalía exigen que, en no pocos casos, haya de asignarse a dos fiscales para cada asunto. El auge paulatino de los macroprocesos ha ido estrangulando la capacidad operativa de una plantilla de fiscales que ya era muy ajustada, lo que ha obligado a recurrir a la comisión de servicio, remedio excepcional y temporal que se prolonga ya excesivamente y que evidentemente no es la solución a una situación estructural de insuficiencia de fiscales», detalla.

Tampoco es excedente el personal funcionario adscrito a esta Fiscalía, compuesto por 31 personas: la secretaria particular del fiscal jefe, dos pertenecientes al cuerpo de gestión procesal y administrativa y 24 al cuerpo de tramitación procesal y administrativa, de los que nueve son de refuerzo y cuatro se encuentran en auxilio judicial. «La plantilla es, a todas luces, insuficiente, no habiéndose acompasado el nombramiento de funcionarios al incremento del número de fiscales y miembros de las unidades de apoyo», reprocha.

La Fiscalía especializada lamenta en la memoria de 2018 que, un año después, se mantiene la situación «próxima a la saturación»

Con estos efectivos, Anticorrupción registró el pasado año un incremento en el número de procedimientos judiciales en el que ejerce la acusación, al pasar de 609 a 689 (un 13,13 % más). El número de escritos y denuncias contabilizados también aumentó (de 2.662 a 2.736), creciendo un 58,7 % en la última década.

Durante 2008, sus fiscales incoaron 38 diligencias -una menos que en 2017- y presentaron 41 escritos de acusación, cifra inferior a la contabilizada en ejercicios precedentes (46 en 2017 y 59 en 2016). Las sentencias condenatorias en primera instancia pasaron de 23 a 28 en dicho periodo.

«En definitiva, la situación de la Fiscalía no ha mejorado en este año, manteniéndose esa ‘situación próxima a la saturación’ a la que nos referíamos en la última memoria y que obliga a interpretar la ‘especial trascendencia’ a que se refiere el artículo 19.4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con especial rigor, atendiendo un menor número de casos que aquellos que, en un escenario ideal, justificarían la intervención de la Fiscalía Especial», concluye.

El reproche no se ciñe sólo a la falta de efectivos. Anticorrupción expresa abiertamente su malestar por tener su sede en un inmueble «claramente insuficiente para albergar adecuadamente a los distintos departamentos» a la vista del incremento de los procedimientos tramitados, lo que obliga a los fiscales a no disponer de un «espacio individual» para estudiar los casos. «Compartir despacho constituye una rémora para el buen desempeño de la labor del fiscal», enfatiza.

Igualmente, vuelven a quejarse un año más por mantener un «retraso considerable» en las nuevas tecnologías, lo que lastra su trabajo. «La Fiscalía Especial no dispone de una aplicación o sistema informático integral de entrada y registro de escritos, comunicaciones, diligencias o procedimientos judiciales que permita una inicial clasificación, filtro de entrada y reparto interno que contribuiría a una mejor distribución y optimización del trabajo, un mayor control de los asuntos, mayor calidad de la información y estadística y, en definitiva, una mejora en la gestión operativa de la Fiscalía», admite.

«Precariedad de medios»

En este sentido, los fiscales Anticorrupción censuran que no dispongan a estas alturas de un sistema de gestión integrado que les permita conocer en todo momento «el estado de tramitación de los procedimientos», que no aún no cuenten con un servicio de digitalización y que tampoco tengan a su disposición aún un sistema de almacenamiento de «gran capacidad» al que puedan acceder todos los intervinientes en el proceso.

«La precariedad de medios resulta especialmente significativa. Las herramientas actualmente en funcionamiento, como el servidor de ficheros proporcionado en su día por la SGNT [Secretaría General de Nuevas Tecnologías] y la escasa cuota de almacenamiento asignada no resultan funcionales, además de ser claramente insuficientes atendidas las especiales características de esta Fiscalía, en la que se maneja y gestiona una ingente cantidad de documentación», apostilla.