El PP catalán teme «un escenario de insurrección» tras la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio del procés, por ello ha pedido a Cs y PSC que recuperen la unidad exhibida por el constitucionalismo durante otoño de 2017 para expulsar a Quim Torra del Palau de la Generalitat con una moción de censura al presidente catalán. Sin embargo, Fernández no ha incluido en la oferta a los Comunes de Ada Colau, pese a que su concurso sería imprescindible para conseguir la mayoría parlamentaria necesaria para «tumbar» al líder de JxCat.

El líder del PP parte en su propuesta de la necesidad de recuperar la «unidad constitucionalista» exhibida en el Pleno del 6 y 7 de septiembre de 2017 -cuando JxCat y ERC impusieron el rodillo independentista para aprobar las leyes de ruptura- y entonces CatEC se partió por la mitad, con Joan Coscubiela y Joan Rabell defendiendo las tesis constitucionalistas y el sector liderado por Albano Dante Fachín votando junto a los independentistas. Aún así, Fernández no renuncia a obtener los apoyos necesarios entre los comunes e, incluso, una parte del independentismo.

«Es evidente que Torra no tiene un consenso en el ámbito independentista. Por tanto, en esta moción de censura, si se presenta, podría pasar cualquier cosa» ha argumentado el dirigente popular. En caso de que la moción no prospere «trasladaríamos a la opinión pública catalana que los partidos no independentistas también tenemos un proyecto alternativo y que tenemos un proyecto diferente al modelo de Torra” ha añadido poniendo como ejemplo la fallida moción de censura que en su momento planteó Felipe González a Adolfo Suárez, que le catapultó a la victoria en las siguientes elecciones.

El precedente de Pasqual Maragall

No sería la primera moción de censura instrumental que viviera el Parlament. Ya lo intentó el ex president Pasqual Maragall, cuando presentó una moción de censura contra el entonces presidente Jordi Pujol en 2001, en respuesta a la designación de Artur Mas como delfín del histórico dirigente nacionalista. Una moción que a la postre sirvió para afianzar a Mas como sucesor.

En esta ocasión, sin embargo, el objetivo de Alejandro Fernández no es otro que colocar al frente de la Generalitat a “un gobierno provisional para garantizar el orden, la seguridad y los derechos de los catalanes, protección de jueces, de entidades cívicas, de funcionarios, de personas y de políticos”, con el compromiso de convocar elecciones en unos meses.

“No podemos estar pasivos viendo si Torra cumple o no sus amenazas de insurrección porque si no hacemos nada, las fuerzas políticas democráticas en Cataluña seremos corresponsables de lo que pueda hacer Torra si las cumple”, ha advertido, convencido de que la Diada del pasado miércoles demostró que «el separatismo se está radicalizando».

Así, Fernández se pondrá en contacto con los líderes de Cs y PSC en las próximas horas para buscar un candidato de consenso y proponer un pacto basado en cuatro puntos: recuperar el espíritu del 6 y el 7 de septiembre de 2017; el respeto a la legalidad; un plan de prevención de disturbios, y convocar elecciones después de restablecer el orden público.

«Nos tenemos que tomar seriamente cuando Torra amenaza con episodios de desobediencia civil y de insurrección después de la sentencia. Es una obligación evitar escenarios de caos y de huelgas generales», y ha advertido de que, si se vuelve a repetir una situación parecida a la de otoño de 2017, podría volver a haber una fuga de empresas de Cataluña.

Sin embargo, la líder de Cs en Cataluña, Lorena Roldán, ya ha rechazado a través de un tuit la propuesta del PP argumentando que no suman una mayoría en el Parlament. «La injusta ley electoral hace imposible esa suma» apunta Roldán, cuyo partido se negó en 2018 a intentar la investidura de Inés Arrimadas, pese a que fue la fuerza más votada en las últimas elecciones catalanas.