El mayor colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, Covite, ha arremetido con dureza contra el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y las dos asociaciones de víctimas, Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), en el ‘macrojuicio’ que esta mañana ha sentado en el banquillo a 47 acusados de integrar el llamado ‘frente de cárceles’ de ETA. El pacto suscrito entre las acusaciones y las defensas ha permitido que, a cambio de reconocer los delitos que se les imputaban -fundamentalmente participación activa en organización terrorista- se beneficiaran de una abultada reducción de las penas que se pedían contra ellos.

La consecuencia es que sólo dos de los encausados, los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza, condenados en calidad de dirigentes, ingresarán en prisión para terminar de cumplir la pena impuesta, 3 años y seis meses y 2 años y 7 meses respectivamente. La mayor parte de la misma ya la cumplieron de modo provisional. El resto de los procesados serán condenados a penas inferiores a dos años. Todos ellos han reconocido que integraron la infraestructura que tendría por objetivo controlar el frente de presos de ETA en las cárceles para asegurar su fidelidad y cohesión una vez que la banda anunció el cese de sus acciones terroristas.

No hay motivo que justifique una Justicia negociada y pactada con el entorno de ETA en sede judicial»

Para Covite este acuerdo sólo contribuye a «favorecer la impunidad frente al terrorismo y el blanqueamiento de ETA»: «No hay motivo que justifique una Justicia negociada y pactada con el entorno de ETA en sede judicial». En un duro comunicado, el Colectivo que preside Consuelo Ordóñez, y que agrupa a medio millar de víctimas, señala que el juicio que ha celebrado esta mañana la Audiencia Nacional -y que ha quedado visto para sentencia- «por la vía rápida» no es más que «un atajo». Afirma que en ningún caso una negociación de estas características entre acusación y defensa puede ser el camino hacia la justicia para las víctimas: «Nuestros principios fundacionales rechazan la negociación con terroristas», señalan.

Delitos «extremadamente graves»

Recuerdan que no es la primera ocasión en la que representantes de la izquierda abertzale y su entorno se acogen a este tipo de pactos judiciales. Apuntan que los delitos reconocidos hoy por los acusados son de especial gravedad pero que finalmente sólo serán castigados con bajas penas fruto únicamente de una negociación «dentro o fuera de los juzgados». Covite destaca que lo que han reconocido los 47 acusados es que ejercían «el control de los presos de la banda terrorista por orden de ETA». De igual manera hacen referencia a lo acordado en el llamado ‘Caso Segura’, cuando 35 miembros de Batasuna eludieron la cárcel tras reconocer que intentar reconstruir la ilegalizada organización o el caso ‘Ekin’ en el que 9 acusados también pactaron con las acusaciones una reducción de penas a cambio de reconocer los delitos por los que se les reconocía.

ETA pide a sus presos que busquen beneficios pero sin «delatar» ni «arrepentirse»

Sobre el ‘macrojuicio’ 11/13 que hoy ha quedado para sentencia tras el pacto entre acusaciones y defensa, Covite señala que se juzgaban delitos «extremadamente graves como son la integración o colaboración con banda terrorista». Añade que el propósito que han reconocido es que el objetivo principal era dirigir colectivo de presos «etarras garantizando su fidelidad a la dirección de ETA y manteniendo la cohesión de los reclusos».

Covite acusa a la izquierda abertzale de cinismo por acogerse a vías para reducir penas que vetan a los presos de ETA»

Covite recuerda que para lograrlo, el entorno de la banda recurrió tanto a abogados afines a como a la asociación ‘Herrira’ de apoyo a los pesos, o a los familiares asociados en Etxerat: «No existe ningún motivo que responda al interés de la víctimas del terrorismo que justifique una Justicia negociada y pactada con el entonoer de ETA en sede judicial».

AVT, «es un paso para el relato»

Añaden además que lo que hoy se ha escenificado en la Audiencia Nacional es una ejercicio de «cinismo» por parte de los dirigentes de la izquierda abertzale al acogerse todos ellos a la legalidad y el ordenamiento jurídico español para reducir sus penas, «mientras prohíbe al colectivo de presos de ETA acatar esa misma legalidad para beneficiarse de reducciones de pena y acercamiento a cárceles vascas». En este sentido, citan el documento ‘Abian’, publicado en 2016 y en el que se establecía para los presos de ETA las líneas rojas del «arrepentimiento y la delación» en su proceso hacia la solicitud de beneficios carcelarios.

«Los portavoces políticos de la izquierda abertzale no tienen ningún reparo en beneficiarse de la legalidad española si les sale a cuenta mientras condenan al resto de presos de ETA a no poder hacer lo mismo y, en consecuencia, pasar más tiempo en prisión», asegura Ordóñez. La presidenta de Covite afirma que la izquierda abertzale continúa impidiendo a los presos de ETA cumplir con los requisitos legales de desmarcarse de la violencia y arrepentirse de los crímenes cometidos», tal y como establece la ley para acceder a progresiones de grado.

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Por su parte la AVT ha asegurado esta mañana que el acuerdo es un «logro» para la construcción del relato de la lucha contra la banda terrorista. La abogada de la asociación, Carmen Ladrón de Guevara, ha asegurado a la salida de la Audiencia Nacional que era importante lograr una sentencia en la que «se declararan probados todos los hechos» de la acusación. Para la asociación es relevante que una sentencia acredite la existencia de un frente que intentó controlar desde 2012 al colectivo de presos de ETA y que actuó bajo las directrices de la dirección de la organización.

Ladrón de Guevara ha destacado que de este modo se asegurará dar por acreditado que los presos de ETA se habían convertido en un «agente aglutinador» para la banda y que habían adquirido un papel importante tras el cese de las acciones terroristas anunciado desde octubre de 2011. Los 47 acusados se convirtieron en los agentes necesarios para mantener controlado el colectivo de reclusos de la banda. «Para nosotros es muy importante, a efectos de relato, la contribución de las resoluciones judiciales en las cuales se determine, no sólo las responsabilidades de los miembros de ETA, sino de aquellas personas que han tenido responsabilidades en el entorno de la banda. Este es un paso más».