El ‘caso Alsasua’ llega hoy al Tribunal Supremo para revisar los recursos a las condenas impuestas el 1 de junio por la Audiencia Nacional a los ocho jóvenes sentenciados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016. Las defensas de los ocho jóvenes recurrieron ante el Alto Tribunal después de que sus respectivos recursos en la Audiencia Nacional apenas variara las severas penas impuestas y que supusieron castigos de entre 2 a 13 años de cárcel para los autores de la agresión en el interior y exterior del bar ‘Koxka’ de la localidad navarra.

La sentencia de la Audiencia Nacional, que sólo rebajó la condena para uno de los jóvenes, Iñaki Abad, de 10 a 6 años de prisión, dio por demostrado que los ocho acusados participaron en una agresión contra dos agentes –uno de los cuales resultó herido- y sus parejas y que en ella concurrieron agravantes de superioridad y discriminación motivados por razones de odio hacia la Guardia Civil.  

Es precisamente el intento de que ambos agravantes no sean aplicados uno de los empeños que las defensas esgrimirán hoy con el fin de rebajar el castigo a sus defendidos. Si bien la petición prioritaria es la absolución de los jóvenes, confían en poder, al menos, rebajar las condenas. Todo apunta a que los abogados se reiteren en argumentos similares a los mantenidos a lo largo de todo el proceso y en los que  hoy insistirán. Durante el último año los abogados de los ocho condenados han mantenido argumentos como la imparcialidad del tribunal, –por haber sido condecorados algunos de ellos por la Guardia Civil-, la desproporción de los delitos, la improcedencia de la aplicación de los agravantes de carácter ideológico o de superioridad o el hecho de que no se les permitiera la práctica muchas de las pruebas solicitadas.

Sin pacto con Fiscalía

Izko y Karrera formaron parte de los 47 acusados que aceptaron un acuerdo entre Fiscalía y las acusaciones -AVT y DyJ- por el cual se rebajaron sensiblemente las peticiones de condena hasta impedir la entrada en prisión de la mayoría. De los 47 encausados sólo dos, los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza, cumplirán pena de cárcel.

Se da la circunstancia de que la vista del Alto Tribunal llega sólo dos días después de que en otro juicio, celebrado en la Audiencia Nacional, dos de las abogadas de los acusados en el ‘Caso Alsasua’ aceptaran la acusación que pesaba sobre ellas, pertenencia activa a organización terrorista, para no ingresar en prisión por el llamado caso del ‘frente de cárceles de ETA’. Se trata de las abogadas Amaia Izko y Jaione Karrera, defensoras de dos de dos de los principales condenados del ’caso Alsasua’, Jokin Unamuno y Adur Ramírez de Alda, ambos sentenciados a 12 años de prisión. El proceso quedó visto para sentencia tras el acuerdo de las partes.

Las acusaciones del ‘caso Alsasua’ ofrecieron un acuerdo a las defensas. Fue rechazado. El lunes dos de sus abogadas acataron un pacto que les libró de la cárcel»

En el caso de Izko y Carrera, para los que se pedían penas de hasta once años de prisión por pertenencia activa a organización terrorista, finalmente las condenas serán inferiores a dos años y no ingresarán en la cárcel. A cambio, aceptaron reconocer ante el tribunal los delitos que se les imputan y haber formado parte de una estructura cuyo fin último era asegurar el control y cohesión del colectivo de presos de ETA en la cárcel.

Precisamente, según fuentes consultadas por ‘El Independiente’, en abril pasado las defensas del ‘caso Alsasua’, entre ellas las que representaban Izko y Karrera, tuvieron sobre la mesa la posibilidad de cerrar un acuerdo similar al que ellas aceptaron el lunes ante el tribunal que les juzgaba en la Audiencia Nacional. Lo ofrecieron la Fiscalía y las acusaciones pero finalmente las defensas del caso lo rechazaron. En víspera del comienzo del juicio por la agresión a los dos guardias civiles y sus parejas, el acuerdo ofrecido establecía que a cambio de que los ocho acusados reconocieran un delito de ‘desórdenes públicos terroristas’ las condenas impuestas serían sensiblemente menores a las peticiones de Fiscalía y acusaciones.

Los agresores de Alsasua asumieron un delito «terrorista» para reducir al mínimo sus penas

Una reunión en la que participaron acusaciones y defensas la tarde del pasado 11 de abril, -cinco días antes del inicio del juicio- la Fiscalía de la Audiencia Nacional expuso la propuesta que pasaba por asumir un delito de desórdenes públicos de carácter terrorista y una horquilla de condenas que oscilaría, según los casos, entre los 5 y 6 años, muy inferiores a las finalmente impuestas.

Entre 5 y 6 años

Una reunión en la que participaron acusaciones y defensas la tarde del pasado 11 de abril, -cinco días antes del inicio del juicio- la Fiscalía de la Audiencia Nacional expuso la propuesta que pasaba por asumir un delito de desórdenes públicos de carácter terrorista y una horquilla de condenas que oscilaría, según los casos, entre los 5 y 6 años, muy inferiores a las finalmente impuestas.

La defensa insistirá en la inocencia de los condenados y reiterará los argumentos esgrimidos ante la AN»

El acuerdo de conformidad en lo relativo a la calificación de los delitos parecía cerrado pero se complicó a la hora de pactar la pena. En este punto las defensas de los acusados, entre los que se encontraban Izko y Karrera, reclamaron rebajar las peticiones a una horquilla de entre 2 y 4 años, con el fin de que la mayor parte de ellos no ingresara en prisión y quienes ya lo estaban pudieran abandonarla en pocos meses. Ante la negativa de la Fiscalía a aceptarla, por considerarla excesivamente baja, no hubo ninguna contraoferta por parte de las defensas y finalmente la vista se celebró y concluyó con condenas de entre 2 y 13 años para los ocho acusados.   

La vista que hoy revisará los recursos presentados en el Tribunal Supremo llega a menos de un mes de que se cumplan tres años desde que ocurrieran los hechos en las fiestas de Alsasua. En noviembre de 2016 siete de los condenados ingresaron provisionalmente en prisión, si bien cuatro de ellos saldrían días después para no volver a ingresar hasta junio de este año. Quienes mayor tiempo de cárcel acumulan, cerca de tres años, son Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda y Ohian Arnanz, con penas de 12 y 13 años respectivamente. La octava condenada, Ainara Urkijo, está en libertad tras haber sido sentenciada con la pena más baja, dos años. 

El Tribunal Supremo deberá decidir si reafirma las sentencias y por tanto los delitos y los agravantes que la Audiencia Nacional amplicó en primera instancia, y ratificó después, y entre los que no se encontraba la consideración de un el delito de terrorismo, tal y como la Fiscalía defendió durante la vista oral del juicio.