El comisario jubilado e investigado en la Audiencia Nacional, José Manuel Villarejo, utilizó su vinculación con la Policía cuando todavía estaba en activo para saber si Hacienda le investigaba por blanqueo de capitales.

Así se desprende del contenido de unos correos electrónicos entre el inspector de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, Constancio Riaño, y uno de los colaboradores de Villarejo en sus negocios privados, el policía en segunda actividad Antonio Bonilla. Correos que se intercambiaron el 15 de septiembre de 2015, casi un año antes de que Villarejo se jubilara. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía los encontró en casa de Rafael Redondo, abogado y socio del comisario investigado en la Audiencia Nacional en su empresa privada Cenyt.

Correo electrónico entre Constancio Riaño y Antonio Bonillo intervenido por la UAI de la Policía Nacional.

El comisario Riaño habría remitido a Bonilla, según dichos correos, un archivo con el nombre Villarejo en el que se recogía los informes de actividad facilitados a las Autoridades Públicas y la Policía Judicial por el Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado.

Restringido a la Policía Judicial

Precisamente Riaño, investigado en el caso Tándem por presunto cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, tuvo que explicar ante el juez Manuel García-Castellón por qué hizo ésta y otras consultas sobre distintos clientes de las empresas de Villarejo en bases de datos confidenciales y las envió a su colaborador. Argumentó que todas eran a petición de su superior jerárquico, Enrique García Castaño, entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional también investigado en la causa. Sin embargo, los correos intervenidos por la Unidad de Asuntos Internos se intercambiaron entre Bonilla y Riaño y la defensa de García Castaño sostiene que él no estuvo al tanto de ninguna de las peticiones.

En el informe sobre esas comunicaciones remitido por la Policía al instructor del caso Villarejo, los investigadores destacan que «este tipo de documentación únicamente es accesible por la Policía Judicial mediante solicitud formal al Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado en el marco de investigaciones por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo». Sin embargo, el entorno de Villarejo pudo acceder a ella gracias a la red «parapolicial», como la califica la Fiscalía Anticorrupción, de la que se habría beneficiado Villarejo por sus contactos en el Cuerpo.

¿Qué quería saber?

Pocos meses antes de que se realizara la consulta ilegal, el diario El País publicó una información sobre las sociedades en las que participaba el comisario Villarejo, con un capital, según afirmaba dicho diario, de hasta 16 millones de euros.

Antes y después de dicha publicación, Villarejo estaba «obsesionado» con que el Centro Nacional de Inteligencia, donde consideraba que tenía a sus principales «enemigos», según fuentes conocedoras del caso, estaba filtrando información en su contra a medios de comunicación.

De ahí, y de su temor porque Hacienda encontrara indicios de delitos de blanqueo, habría movido sus hilos para saber qué información manejaba el Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo contra él. Cuatro años después, el Juzgado Central de Instrucción número 6 le investiga por este presunto delito y por otros graves, incluido el de organización criminal.