El expresidente de la multinacional tecnológica Indra, Javier Monzón, investigado en el caso Púnica, ha restado importancia este viernes en la Audiencia Nacional a las facturas giradas por la compañía a supuestos proveedores que en realidad trabajaban para el Partido Popular y que habrían financiado irregularmente a dicho partido desde el año 2007, según sostiene el instructor del caso.

Según el juez, Indra habría pagado hasta 1,13 millones de euros en distintas facturas a uno de los proveedores del PP investigado también en la causa, la empresa Swat, contribuyendo a la supuesta financiación irregular del PP madrileño a través de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) de la Comunidad de Madrid.

Manuel García-Castellón sostiene en el auto en el que imputó por presunta financiación irregular a las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes que existen indicios para afirmar que Indra habría sido un «instrumento de desvío de fondos públicos» del ICM para financiar al PP madrileño.

Monzón, sin embargo, ha restado importancia durante su declaración como investigado a estos contratos, según fuentes jurídicas, a los que ha calificado de «no relevantes» en comparación con el resto de contratos millonarios que la compañía cerraba a diario. El alto ejecutivo ha sostenido que entre sus funciones no estaba el visado de facturas y que la compañía contaba con un férreo procedimiento para que los procesos de pagos fueran legales. También que, si conocía a cargos públicos de la Comunidad de Madrid, era por otros asuntos institucionales.

En el interrogatorio ha recordado la dimensión que tenía el negocio de Indra en los años que investiga el juez, con unas ventas anulaes de entre 2.500 y 3.000 millones de euros y filiales en 40 países. El investigado ha puesto a disposición del juzgado documentación que considera que acredita que en Indra existían controles internos que iban más allá de los requerimientos legales aplicables en aquel momento, apuntan fuentes de la defensa.

Su futuro, en el aire

Javier Monzón ejerce actualmente de presidente no ejecutivo de OpenBank, la filial de banca digital de Santander; y del Grupo Prisa, el dueño de El País y de la Cadena SER, donde la entidad comandada por Ana Botín cuenta con algo más del 4% de las acciones.

Esta última compañía inició el pasado septiembre un expediente -a través de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones- para tratar de determinar el impacto que tendrá sobre su imagen y su día a día la imputación de su presidente. Su principal accionista, el fondo de inversión estadounidense Amber Capital (29,8%) ha presionado durante las últimas semanas para que abandone el cargo y mantendrá su posición si el juez decide mantenerle como investigado.

Hay que recordar que el auto del juez considera que presuntamente participó en “el desvío de fondos de las arcas de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, ICM, a través del presupuesto inflado de alguno de los contratos” que, desde 2007 y durante varios años, fueron adjudicados a Indra. Es decir, a la empresa que comandó entre 1993 y 2015.

Para el juez, Monzón tendría conocimiento de estos hechos, dado que cuando se produjeron presidía el máximo órgano de administración de Indra “con funciones de supervisión y control de los órganos ejecutivos y equipo de dirección”. A su juicio, el prolongado período de tiempo en el que se sucedieron los hechos investigados, de aproximadamente 7 años, apunta a que estos hechos no pudieron escapar a su control.

El reglamento del Consejo de Administración de Prisa contempla que “todo consejero deberá informar a la sociedad (…) en el caso de que fuera llamado como investigado, resultara procesado o se dictara contra el auto de apertura de juicio oral en una causa penal por cualquier delito y del acaecimiento de cualesquiera otros hitos procesales relevantes en dichas causas”.

A partir de ahí, el grupo deberá decidir si Monzón debe continuar en su puesto, en caso de que se niegue a dimitir.