La acusación particular ejercida contra la farmacéutica Johnson & Johnson por la distribución de los implantes defectuosos de cadera Depuy ASR XL hasta en 70 hospitales de nuestro país ha solicitado al juez Alejandro Abascal de la Audiencia Nacional que se practiquen pruebas forenses a todos los afectados. Algunas de las personas que los recibieron han tenido que ser operadas en distintas ocasiones con resultados negativos y ahora algunos sufren incluso cojeras crónicas.

Con dicha medida Emilio Ortiz, abogado que presentó en 2017 una querella en nombre de 64 afectados de casi todas las comunidades autónomas salvo Aragón, Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla, pretende que se concreten los daños físicos sufridos por cada uno de ellos. El abogado pide al juez que delimite el partido judicial al que debería dirigirse cada afectado para que se les asigne un médico forense, según ha podido saber El Independiente. Así podrán presentar denuncias por un delito de lesiones continuado en caso de que se demuestre que sus dolencias son consecuencia de los implantes distribuidos en España hasta 2010, un año después de que fueran retirados del mercado en Estados Unidos y Australia. Según la investigación, la compañía conocía que eran defectuosos desde el año 2005.

El letrado ha presentado una batería de peticiones en el Juzgado Central de Instrucción número 6, donde se instruye la causa contra hasta tres expresidentes de la compañía: Enrique Álvarez, Margalida de las Nieves y Ángel Ignacio Cano, así como el representante legal de Johnson & Johnson, Pablo Arias. Entre éstas medidas, solicita que la farmacéutica facilite un listado con todos los afectados, que ascenderían a 1.471 según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

También que ofrezca personarse como perjudicados a los servicios de salud públicos de las distintas comunidades autónomas donde se instalaron las prótesis. La distribuidora aseguraba que éstas no tendrían por qué dar problemas a los pacientes hasta al menos los 15 años de ser implantadas. Sin embargo, les provocaron dolencias a los 4 o 5 años de tenerlas. Por eso, la acusación considera que las comunidades autónomas deberían tener la posibilidad de denunciar a la compañía por delitos de estafa.

Causa compleja

Por otro lado, el instructor Abascal ha declarado la causa compleja, lo que quiere decir que la instrucción se prolongará durante un máximo de 18 meses en lugar de los seis meses que marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El instructor deberá pronunciarse en las próximas fechas sobre la batería de medidas solicitada por la acusación.

Documento en el que Johnson & Johnson reconocía los posibles defectos de sus implantes ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

En todo el mundo se estima que se implantaron 93.000 prótesis de este tipo. Los pacientes que sufrieron sus efectos en España llevan 11 años litigando en distintos juzgados provinciales con sentencias a favor y en contra. Entre las pruebas con las que trataron de demostrar los defectos de sus implantes se encuentra una pericial de la Universidad Politécnica de Cataluña o un documento en el que Johnson&Johnson reconoce ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, antes de 2005, que se trataba de «productos defectuosos que podrían afectar al rendimiento del producto y provocar problemas de salud».