Las pruebas sobre la utilización de la violencia en las actuaciones de quienes diseñaron la ruta independentista de Cataluña juzgados serán claves para que el tribunal se decida por unas penas u otras en la inminente sentencia del procés.

De dichas pruebas dependerá que los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo se inclinen por condenar por rebelión, uno de los delitos contra la Constitución que requiere que haya un alzamiento violento y público; por la sedición, para el que es necesario un alzamiento público y tumulturario "para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes"; por la desobediencia o por la absolución.

14 veces en el informe de la Fiscalía

El Ministerio Público introdujo la palabra "violencia" hasta 14 veces en su informe de conclusiones definitivas. Durante el juicio, solicitó las testificales de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que presenciaron los hechos tanto los días 20 y 21 de septiembre como posteriormente y se encargaron de los dispositivos de coordinación de las fuerzas de seguridad de cara a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Ésas fueron sus principales bazas para apuntalar la presunta existencia de un delito de rebelión por el que piden penas que van de los 16 a los 25 años de prisión en el caso del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.

La acusación particular ejercida por Vox fue un paso más allá y afirmó que los líderes del procés no sólo utilizaron la violencia, sino que su objetivo era "transmitir la amenaza de que esa movilización popular podría devenir en incontrolable" y forzar al Estado a negociar la independencia.

Las defensas, por su parte, mantuvieron siempre ante el tribunal la tesis del pacifismo en las acciones independentistas, presentando también sus vídeos y declaraciones de testigos que sostuvieran que los acontecimientos se desarrollaron sin incidentes ni ataques contra los cuerpos policiales.

Hitos 'violentos' para la acusación

Para las acusaciones, los momentos clave para la justificación de dicha violencia se dieron durante el asedio de hasta 40.000 manifestantes a la comitiva que registró la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat entre el 20 y el 21 de septiembre de 2017 y el día 1 de octubre. La Fiscalía hace hincapié en sus escritos en estos hechos para demostrar la violencia utilizada en el procés.

Fomentaron el "enfrentamiento ciudadano"

Tras las escenas de violencia vividas los citados días de septiembre de 2017, según la Fiscalía, los ex miembros del Gover Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Joaquim Forn, así como los acusados Sánchez, Cuixart y la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, "llamaron a la ciudadanía a participar en la jornada del referéndum del 1-0, siendo conscientes de la ilegalidad del acto y de que con ello se podían producir explosiones violentas si se intentaba impedir el cumplimiento del mandato judicial por las fuerzas de orden público".

"Con ello fomentaban, propiciaban y buscaban el enfrentamiento directo entre multitudes de ciudadanos y las fuerzas de seguridad, con lo que no solo secundaban la actuación de acoso, intimidación y violencia sino que, desde el poder constituido, daban apoyo explícito y expreso a la estrategia de impedir la acción del Estado y de los órganos judiciales por la vía de enfrentar a la población con las fuerzas y cuerpos de seguridad que cumplían con lo ordenado judicialmente, siendo conscientes de que ello comportaba en un alto grado de probabilidad el empleo de actitudes de violencia y enfrentamiento", según argumentaron los fiscales en su escrito de conclusiones definitivas.

Un plan desde 2015

El Ministerio Público considera que ya en el año 2015, cuando los "promotores y partícipes del plan secesionista lo pusieron en práctica", ya contemplaban "todos los medios que fueran precisos para alcanzar la violencia, incluida la violencia necesaria para alcanzar el plan pretendido". Y en este sentido, la Fiscalía argumenta que pusieron al servicio de este fin tanto a la "fuerza intimidatoria que representaban las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos" como a los 17.000 efectivos del Cuerpo de los Mossos d'Esquadra.

Responsabilidad de los Mossos

Asimismo, atribuyen a los Mossos d'Esquadra no sólo la "pasividad" en sus funciones para que se celebrara el referéndum ilegal, sino también su responsabilidad en los "enfrentamientos entre la población y las fuerzas de seguridad del Estado" con agresiones hacia éstas porque se plegaron a las órdenes políticas por encima de las judiciales, según sostienen los fiscales, refiriéndose al resultado de la reunión entre los miembros del Govern, entre ellos Puigdemont y el ex conseller de Interior Forn, y los responsables de los Mossos el 27 de septiembre de 2017, a pesar de que el director de los Mossos, Josep Lluis Trapero, afirmó durante el juicio que estaba preparado para detener a Puigdemont si se le hubiera ordenado, igual que en la Audiencia Nacional.

Actuación el 20-S

Pero si hay un momento en el que la Fiscalía cree que la utilización de la violencia está más que probada es en el asedio a la comitiva judicial que registró la consejería de Economía catalana el 20 de septiembre y que obligó a la secretaria judicial a salir por el tejado del edificio para no encontrarse con los hasta 40.000 manifestantes que allí acudieron, según declaró ella misma en el juicio.

El Ministerio Público cree que los registros se percibieron como un "ataque contra el procés y contra su plan secesionista, por lo que "para proteger la celebración del referéndum, los promotores e impulsores del proceso decidieron acudir a la movilización ciudadana como elemento de presión, así como a la ejecución de actos de fuerza, de intimidación y de violencia, entorpeciendo gravemente el ejercicio de la función jurisdiccional".