“Hubo un golpe de Estado” y además se recurrió a la violencia para “derogar” la Constitución y, en definitiva, “liquidar el orden constitucional” en nuestro país. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha arrancado este martes su exposición del informe final del juicio del ‘procés’ señalando que en España “no se persigue ni criminaliza a la disidencia política” sino a quienes a través de “métodos coactivos” intentaron «liquidar la Constitución» de 1978 y proclamar de forma unilateral la independencia de Cataluña en el otoño de 2017.

El fiscal de Sala Javier Zaragoza, el representante del Ministerio Público que ha comenzado con el turno de palabra, ha resaltado que tras el referéndum ilegal del 1-O y la Declaración Unilateral de Independencia  (DUI) proclamada por el Parlament se produjo un delito contra el orden constitucional y no contra el orden público, por lo que los hechos presuntamente punibles sólo pueden encajar en el delito de rebelión. «No hacen falta armas ni militares, ni que la violencia sea grave o con armas» para que se produzca el delito de rebelión, ha recalcado el fiscal haciendo referencia a un auto dictado por la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal, cuyo ponente fue el magistrado Alberto Jorge Barreiro.

«Lo que sucedió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017 fue un golpe de Estado, que es la sustitución de un orden jurídico por métodos ilegales. Esto es lo que pretendían los acusados: derogar y suspender la Constitución y proclamar la independencia de una parte del territorio nacional. Eso es el ‘procés», añadió.

En el arranque de su exposición, Zaragoza ha refutado la metáfora de la «silla vacía» que utilizó el ex vicepresidente Oriol Junqueras en su declaración para reprochar que el Estado no hubiera querido sentarse a hablar y ha censurado que quien «rompe y quiebra gravemente la legalidad democrática» haya querido responsabilizar a quien «acata y cumple las reglas democráticas». Es un «ejercicio de cinismo sin precedentes», ha afirmado el fiscal.

No hacen falta armas ni militares, ni que la violencia sea grave o con armas» para que se produzca el delito de rebelión, dice el fiscal

Parafraseando al Rey, el representante del Ministerio Público ha recordado que la ley es la «expresión democrática de la voluntad popular» en todo Estado de Derecho, al tiempo que ha recordado que la Constitución -atacada por los acusados con su intento de declaración de independencia- es el «instrumento esencial» para garantizar la «convivencia democrática y pacífica de todos».

En su informe, Javier Zaragoza ha tratado de combatir la «manipulación» de los mensajes del independentismo, como defender que «votar no es delito pero sí impedirlo por la fuerza». «Con este juicio no se criminaliza el voto, se persigue el incumplimiento y la desobediencia de resoluciones judiciales», ha enfatizado.

El fiscal, igualmente, ha rechazado que los líderes independentistas puedan ser considerados como «presos políticos» por haber sido privados de libertad tras la celebración del referéndum ilegal del 1-O mientras se instruía la causa que se juzga desde el pasado mes de febrero. «Un preso político es aquél que se mantiene encarcelado no por haber cometido un delito tipificado como tal, sino porque sus ideas o sus opiniones suponen una amenaza para el sistema político establecido», ha definido.

En contraposición con esa supuesta condición de «presos políticos», el fiscal ha indicado que los políticos presos quisieron quebrar la ley, romper el orden constitucional, desobedecieron reiteradamente los autos del Tribunal Constitucional, enfrentaron a miles de ciudadanos contra los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, obstaculizaron el cumplimiento de las resoluciones judiciales y destinaron fondos públicos para financiar actividades ilícitas.

«Ficción o mal sueño»

Javier Zaragoza ha llamado la atención sobre el hecho de que, tras escuchar las declaraciones de los procesados en la vista oral, el plan para convertir Cataluña en un territorio independiente es «una ficción o un mal sueño». Tras resaltar que ninguno de los acusados haya querido «asumir responsabilidades», el fiscal ha señalado que aquéllos consideran ahora que el referéndum de autodeterminación «no era tal», que la declaración de independencia «fue simbólica» porque no tuvo efectos jurídicos y que no se produjeron «actos de violencia o intimidación» durante aquel «mes insurreccional», de modo que -según esa versión- las protestas en la calle fueron el ejercicio del «legítimo derecho a reunirse de manera pacífica».

«Hubo violencia física e intimidatoria, hubo fuerza en las cosas, pero si los hechos se producen en un determinado territorio se engloba en el concepto de violencia pacífica», ha ironizado el representante del Ministerio Público. En este punto, Zaragoza no tiene dudas de que la ejecución del plan soberanista supuso un «golpe de Estado» con el que los hoy procesados buscaban «derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución y declarar la independencia de una parte del territorio». Y ha apostillado: «Eso es el procés«.

El fiscal ha defendido que la «violencia» -requisito imprescindible para la comisión de la rebelión, uno de los delitos con los que el Ministerio Público califica los hechos enjuiciados- fue utilizada como «instrumento» para «favorecer la declaración de independencia», recordando que sofocar el desafío del orden constitucional exigió adoptar medidas excepcionales: movilizar a más de 6.000 policías en Cataluña en las fechas próximas al 1-O, que el Rey se dirigiera a la nación en un discurso institucional de «enorme calado» y que el Senado autorizara la aprobación del artículo 155, inédito hasta entonces. «Era un ataque contra el orden constitucional, no contra el orden público», ha sostenido.

Zaragoza rechaza que los líderes independentistas sean considerados «presos políticos» y niega que en España se persiga la «disidencia política»

Zaragoza considera que existen elementos probatorios para sustentar que hubo un «concierto para delinquir» entre el Govern de Carles Puigdemont, el Parlament presidido por Carme Forcadell y las asociaciones soberanistas (Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, ANC) y que funcionó un «sanedrín o Estado Mayor» -integrado por los acusados y por otros líderes independentistas no procesados, caso del ex president Artur Mas- para pilotar dicho plan soberanista.

Junqueras, «motor de la rebelión»

El fiscal de Sala ha desgranado ocho elementos fácticos que desmostrarían la participación en los hechos de Oriol Junqueras, al que ha calificado como «el motor principal de la rebelión» y para el que pide 25 años de prisión. Así, ha recordado que presentó junto a Puigdemont la pregunta del referéndum, adscribió a su departamento de Economía y Hacienda las competencias relativas al control de los procesos electorales en Cataluña -antes en el Departamento de Gobernación- e intervino en la aprobación tanto del decreto de convocatoria del 1-O como de las normas para «destinar fondos» para la consulta que había suspendido el Tribunal Constitucional.

En cuanto al ex conseller de Interior Joaquim Forn, el fiscal recuerda que recibió cinco advertencias sobre la ilegalidad de seguir adelante con la convocatoria y destaca que fue informado por el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero de «todas las incidencias» del proceso. «Fue informado siempre y tuvo control absoluto de los Mossos en todo momento», ha subrayado.

El «montaje» de los Mossos

Zaragoza ha calificado de «montaje» el plan diseñado por la Policía de la Generalitat con motivo del referéndum y ha dicho que «simulaba» el cumplimiento de los mandamientos judiciales, pero en la práctica se pensó para «facilitar la celebración del referéndum».

En la recta final de la presentación de su informe, el fiscal ha defendido que hubo un «estado de excepción de facto» en Cataluña entre septiembre y octubre de 2017 y ha dicho que los líderes de ANC y Òmnium Cultural –Jordi Sànchez y Jordi Cuixarat, respectivamente- fueron «los dueños del orden público en Barcelona» el día en que la Guardia Civil llevó a cabo el registro de la Conselleria de Economía y Hacienda.

No fue necesaria más violencia y no fue necesaria menos y la que se utilizó que no fue nada desdeñable», dijo el fiscal Moreno

Por su parte, el fiscal Jaime Moreno ha centrado su exposición en la violencia que se empleó en el ‘procés’ como paso imprescindible para acabar declarando la independencia. “No fue necesaria más violencia y no fue necesaria menos y la que se utilizó que no fue nada desdeñable», apuntó Moreno. “Todos (los acusados) ellos eran conscientes de que era seguro que iba a haber enfrentamientos. No estamos ante un dolo eventual, con tal de no privarme del referéndum acepto el enfrentamiento; es un dolo directo: para que no se aborte el referéndum bien desconvocándolo yo o bien por las fuerzas de seguridad, me enfrentaré”, explicó el fiscal de Sala.

En el procés, aseguró “la voluntad del pueblo” estuvo por “encima de la Ley”. En ese sentido, la Fiscalía recalcó que la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell «fue el auténtico bastión, desde la Mesa, para que el Parlamento aprobara las normas» que intentaban dar una base legal a la independencia.

Tres millones malversados

Por su parte, la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal centró su exposición en el delito de malversación de caudales públicas presuntamente llevado a cabo por los acusados. “El desvío de fondos puede ascender a unos tres millones de euros»,  dijo la representante del Ministerio Público que añadió que “todos los miembros del Govern son responsables únicos y máximos de esas distracciones patrimoniales y desvíos de fondos públicos”.

“Eran la máxima autoridad de gasto y debían responder de los bienes y patrimonio públicos, y estaban advertidos por al Tribunal Constitucional de ser garantes de la no realización del referéndum y la no aplicación de ningún bien público a la consulta”, añadió Madrigal.

No puede ser una sedición porque aquí no se está contra un delito de orden público. “Hubo cien sediciones para romper con el orden constitucional”, explicó Fidel Cadena

Por su parte, el fiscal Fidel Cadena -que ha sido el más técnico en su exposición- ha subrayado la doctrina dogmática existente sobre el delito de rebelión.  «Es un delito que se consuma desde el momento en que te alzas con esos propósitos, no es necesario obtener el resultado. Es un delito de resultado cortado”, aseveró el acusador público. Cadena, que citó abundante jurisprudencia sobre la rebelión, sostuvo que “el 27 de octubre se consuma la proclamación de independencia. La Constitución queda derogada de hecho y de derecho en Cataluña” por lo que la rebelión se consumó.

«No puede ser una sedición» porque aquí no se está contra un delito de orden público. «Hubo cien sediciones para romper con el orden constitucional». «La violencia da lugar el 3 de octubre a la aparición del Rey, que hizo un llamamiento a respetar el orden constitucional, no el orden público», agregó. «Hubo un levantamiento y una insurrección contra los cimientos del Estado democrático que es evidente».

Además, la Fiscalía apuntó si “existió pasividad de los Mossos hay planificación. Un cuerpo armado se pone al lado de la rebelión”.

“Dicten una sentencia acorde a un delito, la rebelión, de extraordinaria gravedad que ha quedado perfectamente probado”, concluyó el fiscal Fidel Cadena