Podemos no marca como "línea roja" un referéndum y apuesta por un impuesto a los ricos

Unidas Podemos mantendrá su apuesta por la celebración de un referéndum en Cataluña como vía para desatascar la situación, pero no será una línea roja en las hipotéticas negociaciones que celebre después de las elecciones del 10 de noviembre.

Fuentes de la dirección de Podemos han destacado que ésta sigue siendo su posición ante la sentencia del juicio del 'procés' que emitirá previsiblemente mañana el Tribunal Supremo.

Quieren en Unidas Podemos que el contenido de la sentencia, de la que se espera imponga penas de cárcel a los acusados por sedición y malversación, entre otros delitos, no capitalice lo que queda de precampaña y la campaña, cuyo comienzo oficial será el 1 de noviembre.

En el partido de Pablo Iglesias tienen claro que la solución, el factor de distensión, pasa por el diálogo entre las partes y en última instancia por la organización de un referéndum en el que los ciudadanos expresen qué encaje desean dentro del Estado.

Ahora bien, como destacan las fuentes de la dirección, la consulta no será una exigencia inamovible si toca negociar la investidura o la gobernabilidad tras las elecciones.

Dialogarán los representantes de Podemos en esas posibles negociaciones sobre el referéndum, así lo han recalcado las fuentes, pero no lo marcarán como línea roja ni como elemento irrenunciable de la negociación.

Impuesto a los ricos

Lo que sí fijarán como cuestión indispensable será la incorporación al modelo fiscal de un impuesto para las grandes rentas, de aplicación progresiva, con el que buscan recaudar un 1 por ciento del PIB.

Así consta en su programa de los comicios de noviembre, y así lo desarrolla: se compone de un mínimo exento por primera vivienda de 400.000 euros y gravará con un 2 por ciento los patrimonios de más de un millón de euros, con un 2,5 por ciento los de más de 10 millones, un 3 para los de más de 50 millones y un 3,5 para los de más de 100 millones.

Se trata, señala Podemos en el programa, de que la mayor parte del impuesto "recaiga sobre los mil patrimonios más altos del país". Añade que "no podrá bonificarse por parte de las comunidades autónomas".