El gasto en procesos electorales este año ascenderá a 470 millones de euros, lo que ha provocado un aumento del gasto corriente de las administraciones públicas hasta el 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), según admite el Gobierno en el Plan Presupuestario 2020 que ha enviado este martes a Bruselas.

El Ejecutivo incluye en estas previsiones la evolución de los gastos del Estado en 2019. Con respecto al gasto en lo que se denominan consumos intermedios de las administraciones públicas, se explica que han aumentado respecto a las previsiones recogidas en el Plan de Estabilidad y Crecimiento y que destaca el impacto de los procesos electorales que finalmente se celebrarán en 2019.

En total, 470 millones de euros que el Gobierno no desglosa, pero que corresponden al gasto en las generales de abril, en las municipales y autonómicas de mayo y en la repetición de las generales el próximo mes de noviembre.

El coste de cada uno de estas convocatorias ronda los 140 millones, según los datos facilitados desde el Ministerio del Interior, pero la suma que aporta el Gobierno en sus previsiones es algo mayor.

De Correos a las mesas electorales

De acuerdo con la información con respecto a las generales de noviembre, el coste de Correos supone el 40,6% del presupuesto total, el capítulo más caro, 56,5 millones de euros para tramitar el voto a distancia, los avisos a los miembros de la mesas electorales, los recursos, la propaganda electoral, etc.

Otro 14,5% del gasto presupuestado (20 millones) se lo lleva lo que se denomina administración electoral. Recoge el coste de las Juntas Electorales, que son las que supervisan el proceso, y el de las mesas de votación, en las que trabajan más de 180.114 personas. Cada una de ellas cobra una dieta de 65 euros por la jornada.

También es importante el coste de las telecomunicaciones y la difusión del escrutinio, del que se encarga una empresa. La empresa es elegida por concurso que, en las pasadas elecciones generales de abril, ganó Indra por 7,44 millones de euros, por debajo de los 10 millones que como máximo preveía gastar el Ejecutivo.

La empresa elegida se encarga de distribuir la información del recuento, pero también dará apoyo informático a las Juntas Electorales e integrará los resultados definitivos en la base de datos de los resultados electorales del Ministerio del Interior.

El presupuesto del gasto electoral incluye también el coste de organizar los colegios electorales, los millones de papeletas y sobres, el montaje de mesas urnas y cabinas de votación o el traslado de los electores que lo necesitan, una logística que se repite unas elecciones tras otras (13,1 millones).

También se paga el despliegue policial (14 millones presupuestados) y de representantes de la Administración (7,2 millones), el coste de la Oficina del Censo Electoral (5,8 millones) o la colaboración de los ayuntamientos (7 millones de euros).