El Gobierno catalán y los líderes de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana se empeñan en desligar de su movimiento independentista, el que protesta por la sentencia del procés con marchas sociales y lazos amarillos, de los radicales que prenden fuego a coches y lanzan extintores y vallas a las fuerzas de seguridad estos días en Barcelona.

El presidente de Cataluña, Quim Torra, atribuye la violencia a "provocadores e infiltrados", desvinculándoles del independentismo catalán "pacífico" al que llama a movilizarse en la calle. Puigdemont, desde Bruselas, también dijo este jueves en Twitter que "estos incendiarios no estuvieron nunca entre nosotros escondiendo urnas o imprimiendo papeletas".

Sin embargo, resulta difícil creer que los manifestantes más radicales no tienen nada que ver con el independentismo catalán que lidera Torra. A medida que se van conociendo datos de los detenidos, más nexos de unión se encuentran entre éstos y el soberanismo "institucional".

Defendidos por Alerta Solidaria

Uno de los detalles que habla de esa relación es la defensa que eligen la mayoría de los detenidos en los disturbios. Los cuatro últimos investigados enviados a prisión en Barcelona tienen como abogados a miembros del equipo de Alerta Solidaria, la organización antirrepresiva de la izquierda independentista de los Països Catalans, como ellos mismos se definen.

En dicho equipo de abogados se encuentra, por ejemplo, David Aranda, letrado que llevó la defensa de un vecino de Palafrugell investigado por hacer un escrache al juez instructor del procés, Pablo Llarena, a las puertas de un restaurante de Gerona el verano de 2018.

Otro letrado del mismo grupo, Jordi Busquets, se encargó de la defensa de Tamara Carrasco, la CDR detenida en Viladecans en abril de 2018 a raíz de una investigación de la Audiencia Nacional por presunto terrorismo que acabó descartándose. El mismo abogado y su compañera, Eva Pous, defendieron también a los nueve CDR en prisión preventiva a los que la Audiencia Nacional también investiga por tener presuntamente en su poder explosivos y planear atentar contra edificios gubernamentales en Cataluña.

Montse Vinyets, miembro de la misma asociación, es la representante legal de la formación anticapitalista CUP. Acudió, en nombre de dicho partido, a distintas declaraciones de investigados como miembro de la acusación en el caso del 3% catalán que instruye el juez José de la Mata de la Audiencia Nacional contra todos los miembros de la familia Pujol por delitos de corrupción.