Junts aboca al Gobierno a otra votación al límite: todo abierto antes del pleno crucial de la amnistía

Llegó el día. Este martes 30 de enero de 2024, a las 15 horas, el pleno del Congreso de los Diputados debatirá y votará el dictamen de la proposición de ley de amnistía. Pero lo que no está cien por cien claro es qué ocurrirá. Porque hay varias opciones y el PSOE, al menos hasta ayer lunes, no cerraba ninguna puerta del todo. Puede que no se introduzca ningún cambio en el texto, como de hecho apuntaba Ferraz como la alternativa más probable. O puede que finalmente, in extremis, ceda a las presiones de Junts y vote a favor de alguna de las enmiendas vivas para proporcionar más blindaje al expresident Carles Puigdemont. O cabría incluso un escenario exótico con la que no se contaba hasta ahora, que es que los posconvergentes rechacen el dictamen para devolverlo a la Comisión de Justicia y que en el plazo de un mes haga una nueva propuesta. Esta tercera alternativa reabriría por tanto las negociaciones del PSOE con sus aliados independentistas.

En definitiva, todo está abierto. Lo esperable es que la ley saliera aprobada de la Cámara baja camino del Senado, con cambios o sin ellos, pero la tercera posibilidad, la de un no al texto, sería una vuelta a la casilla de salida que impediría al Gobierno pasar de pantalla con la amnistía, en una tramitación que se está haciendo más indigesta y procelosa de lo previsto. Junts no consideraba cerrada la negociación a última hora del lunes, mientras que Ferraz y la Moncloa guardaban silencio, aunque insistían en que no hay negociación abierta y que por tanto si los posconvergentes deciden descarrilar la iniciativa, "ellos verán".

De las 17 enmiendas de Junts y ERC, hay una que proporciona un blindaje total a Puigdemont frente a las acusaciones de terrorismo y de traición

Al pleno del Congreso de este martes llegan 37 enmiendas vivas de los grupos. Descontadas las 20 del PP, que serán rechazadas en bloque, el foco estará en las 11 originales de Junts y en las cuatro que transaccionó (una con ERC y tres con el PNV) y en las dos que mantienen los republicanos. De todas ellas, hay una que proporcionaría blindaje total a Puigdemont y a su entorno. La número 29 de la relación de enmiendas registradas en el Congreso. Esa propuesta directamente incluye dentro de los delitos amnistiables los de terrorismo, sea cual sea su gravedad, y los de traición al Estado.

Esa sería la solución de máximos para Junts. Por la que ha batallado todo este tiempo, para garantizarse una cobertura total de la medida de gracia. Pero el PSOE, hasta ahora, no ha transigido. El texto que salió el martes de la semana pasada de la Comisión de Justicia —el dictamen que estudia este 30 de enero el pleno [aquí en PDF]— deja fuera de la amnistía los actos terroristas siempre y cuando, de forma "manifiesta" y con "intención directa", hayan causado violaciones graves de derechos humanos, según lo previsto en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en el derecho internacional humanitario. O sea, y dicho a la inversa, que sí son amnistiables los delitos de terrorismo siempre que no hayan provocado muerte, tortura o trato degradante. Y también quedan fuera de la medida de gracia los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional, así como los actos cometidos contra "los intereses financieros de la Unión Europea".

Esta última redacción puede ser problemática para Puigdemont. Porque el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que aprecia terrorismo en la causa Tsunami Democràtic, cree que pudo haber "ánimo homicida" detrás de las lesiones sufridas por un policía en las protestas contra la sentencia del procés en el otoño caliente de 2019, y por tanto se podría haber violado el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El magistrado quiere que el Supremo investigue al expresident y también a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Este lunes se sumó la prórroga de la instrucción de la llamada 'trama rusa' del 'procés' que puede acabar salpicando al 'expresident' catalán

Pero además este lunes se sumó la prórroga de la instrucción de la llamada trama rusa del procés, el caso Voloh, que sigue el juez de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. La investigación implica a responsables del entorno de Puigdemont, entre ellos al jefe de su oficina, Josep Lluís Alay. Aguirre cree que hubo maniobras con diplomáticos extranjeros para alterar la unidad territorial de España y para buscar alianzas con Rusia. Esta lectura podría acabar dejando al propio expresident fuera de la amnistía si se concluye que tuvo una responsabilidad en la trama, sea por implicación directa o por dar órdenes a sus lugartenientes.

"Hasta el último momento"

Esa enmienda 29 de Junts proporcionaría blindaje a Puigdemont, no obstante, y es la más completa para los intereses de Junts. La fórmula pactada entre los posconvergentes y ERC es menos radical. Los dos partidos independistas catalanes eliminan la mención al terrorismo entre las exclusiones de la amnistía, pero sí dicen que quedan fuera de ella los actos que hayan causado "de manera manifiesta y con intención directa violaciones graves de derechos humanos", en particular las previstas a los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. Esta enmienda transaccional, por tanto, va un paso más allá de la aprobada el martes pasado en la Comisión de Justicia, pero correría el riesgo de que fuera insuficiente para frenar a García Castellón.

ERC asegura que seguirá negociando "hasta el último momento", pero agrega que la de amnistía es "una buena ley", y que es "robusta"

La propuesta pactada por Junts y PNV va más lejos y solo deja fuera del perdón los delitos de tortura y trato degradante recogidos en el artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, "siempre que superen un umbral mínimo de gravedad", además de los delitos de "traición y relativos a la defensa nacional" y los que afecten a "los intereses financieros de la Unión Europea". Las propuestas de ERC no cambian apenas el ámbito de aplicación de la amnistía.

Aunque los republicanos señalaban este lunes que seguirán negociando "hasta el último momento" las enmiendas a la norma, también precisaron —lo dijo su portavoz, Raquel Sans— que esta es una "buena ley" que es "el máximo de robusta posible" desde el punto de vista legislativo.

La tensión no se centra en ERC, por tanto, sino en Junts. De nuevo. Ferraz insistía este lunes en que su intención es no tocar el dictamen. Pero no se pillaba los dedos, consciente la dirección de que la semana pasada también descartaba modificaciones antes del paso por la Comisión de Justicia y luego cedió. La incertidumbre, por tanto, permanece.

Ahora mismo no hay sobre la mesa ningún cambio. Estamos satisfechos con el texto salido de la Comisión", alega la portavoz del PSOE, Esther Peña

La nueva portavoz de la ejecutiva, Esther Peña, era la encargada de expresar ese no pero tal vez sí en rueda de prensa en la sede federal. "Ahora mismo no hay sobre la mesa ningún cambio" en la postura de los socialistas, dijo. Ahora mismo. "En este momento estamos satisfechos con el texto que salió la semana pasada de la propia comisión. Ahora mismo no hay ningún cambio, lo que hay es tiempo. Los partidos siguen hablando y hasta que se celebre la votación mañana por la tarde [por este martes a partir de las 15 horas] hay tiempo".

El dictamen emanado de la Comisión de Justicia [aquí en PDF] es, a juicio del PSOE, "suficientemente robusto" y "plenamente constitucional". ¿Pero están negociando? "No, no estamos negociando, ahora mismo estamos cómodos y satisfechos con el documento que surgió la semana pasada, lo único que nos queda es tiempo, 24 horas para la votación", agregó.

"Un objetivo claro"

A partir de ese momento, el PSOE volvió al silencio. No quería ofrecer minuto y resultado de las conversaciones con sus socios, aunque fuentes de la Moncloa negaban a este diario que hubiera una negociación como tal.

La dirección de Pedro Sánchez sí dejó ver su malestar con las "injerencias" de los jueces, veían intencionalidad política en ellos. Su voluntad, en definitiva, de boicotear la ley de amnistía. "No se puede obviar que cada vez que el Legislativo se mueve, un juez realiza otro movimiento, y eso sería un escándalo en cualquier otro país de Europa. Solo pedimos que dejen al Legislativo legislar. Y después habrá tiempo para recursos y demás, pero no estos movimientos en paralelo que influyen directamente en otro poder del Estado y en su trabajo", señalaban. Las decisiones judiciales "tienen un objetivo claro", concluyeron estas mismas fuentes oficiales.

Para los socialistas, aceptar alguna de las enmiendas vivas sería conflictivo porque sería traspasar otra línea roja. Y ante la posibilidad de que Junts tumbe el dictamen, la Moncloa responde: "Ellos verán"

Para el PSOE, introducir cambios en la ley no es baladí. Sería otra concesión a Junts después de haber manifestado lo contrario, y sobre todo supondría mover su última línea roja, que el terrorismo grave quede fuera del perdón. E implicaría asimismo asumir el riesgo de que la norma no pase el filtro posterior del Tribunal Constitucional o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los socialistas apenas tienen margen: no pueden pactar con Junts nuevas enmiendas transaccionales, porque para tramitarlas necesitarían la autorización de todos los grupos parlamentarios, y es más que probable que PP y Vox se opongan. Es decir, que solo puede comprar las propuestas de los de Puigdemont o las acordadas previamente con ERC y PNV. Nada más.

El texto que apruebe el pleno del Congreso puede ser el mismo que el que emanó de la Comisión de Justicia o bien contener cambios. En ambos casos la ley sería remitida al Senado para que siga allí su tramitación. Allí el PP disfruta de mayoría absoluta y deshará el texto, pero a su vuelta a la Cámara baja, los diputados podrán tumbar las modificaciones introducidas para regresar así a la redacción que salga este martes de la carrera de San Jerónimo.

Pero ayer Junts puso en circulación ese tercer escenario. La opción de rechazar el dictamen. ¿Por qué? La explicación se encuentra en el carácter de la ley de amnistía: tiene rango orgánico, por lo que necesita de una votación de conjunto en la que se requiere de mayoría absoluta para ser aprobado. Si obtiene al menos esos 176 votos a favor, la iniciativa viaja al Senado, pero si no es así, como prescribe el artículo 131.2 del reglamento del Congreso, retorna a la comisión. En este caso, a la Comisión de Justicia, que tendrá un mes para redactar un nuevo dictamen que es sometido, vencido ese plazo, a una votación final. Fuentes de la Presidencia de la Cámara baja encuentran esta salida, la de hacer caer el dictamen, como "rocambolesca". Los letrados del Congreso, abundan fuentes parlamentarias, no recuerdan precedentes. "Y habría que buscarlos y ver qué se hizo en ese caso", explican.

Si se rechazara el texto en la votación final del Congreso, volvería a la Comisión de Justicia para que redacte un nuevo dictamen en el plazo de un mes. Una salida de la que no se recuerdan precedentes

¿Por qué barajan los posconvergentes esa opción, absolutamente infrecuente en la vida parlamentaria? Porque le permitiría reabrir la negociación con los socialistas y transaccionar enmiendas con ellos. La consecuencia es que se demoraría la aprobación de la ley. Ya se contaba con que el Senado estirará al máximo, hasta dos meses, la tramitación por la reforma introducida en el reglamento por el PP. De este modo, concluiría a finales de marzo o primeros de abril el paso por la Cámara alta. Pero si este martes el pleno del Congreso rechaza el dictamen y hay que reelaborarlo, entonces el texto no alcanzaría el Senado hasta primeros de marzo. Es decir, que todo el proceso se alargaría un mes más. Todo quedaría, por tanto, más cerca de la campaña de las elecciones europeas del 9 de junio. "Ellos verán", respondían en la Moncloa ante la eventualidad de que la formación de Puigdemont dé la espalda al dictamen.

El 10 de enero pasado, el PSOE tuvo claro que no quería volver a repetir una negociación agónica con Junts. Este martes es 30 de enero y los socialistas arriban a otro pleno con la lengua fuera y con la incertidumbre de qué pasará. Si los posconvergentes arriarán la bandera o apretarán hasta el final.