La dirección de Junts se plantea votar en contra de la Ley de amnistía en el pleno del Congreso de este martes, para seguir revisando el texto en la Comisión de Justicia. Es una de las opciones que debatió este lunes la ejecutiva del partido, ante las dudas que despierta en el equipo jurídico de Carles Puigdemont el articulado pactado con el PSOE. Fuentes del partido independentista apuntan que "es probable que mañana se vote 'No' a la ley" porque con el contenido actual, y vistos los avances de la justicia en los casos Tsunami Democràtic y Voloh, Puigdemont podría quedar fuera del perdón. Desde Junts advierten sin embargo que "siguen negociando" y que las conversaciones seguirán este martes "hasta el último minuto".

El reglamento del Congreso establece que, en caso de no conseguir la mayoría absoluta del Pleno, "el proyecto de le será devuelto a la Comisión, que emitirá un nuevo dictamen en el plazo de un mes". Un plazo de tiempo que en Junts entienden que podría permitir nuevas enmiendas pactadas con el PSOE para ampliar la cobertura.

En la votación de este martes no es posible introducir nuevos cambios, solo aceptar las enmiendas que tanto Junts como ERC han mantenido vivas, que el PSOE ya rechazó en la Comisión. Para pactar una nueva enmienda a medida necesitarían el beneplácito en el Pleno de PP y Vox, opción que está descartada.

Puigdemont, contra los jueces

El propio Puigdemont ha denunciado este lunes el redes sociales la actuación de los jueces, reproduciendo un tuit de Neus Torbisco, miembro del gobierno del Consell per la República (CxR). "Primero éramos potencialmente sediciosos, ahora ya somos terroristas; mañana los líderes que más miedo da que vuelvan a Cataluña serán acusados de alta traición" apuntaba en un texto en el que se aludía a la deción del Juzgado 1 de Barcelona, que ha reabierto la investigación a la "trama rusa" del procés.

Este fin de semana, el abogado de Puigdemont y negociador de Junts en la ley de amnistía, Gonzalo Boye, advertía en una entrevista de la "enorme grieta" que el texto tiene a su juicio. Boye señalaba la exclusión de los delitos de "terrorismo, traición y contra la independencia del Estado", que atribuye al PSOE, para advertir que esa será la vía de la justicia para impedir la aplicación del perdón a su defendido.

El letrado señalaba además que "por esta grieta caeremos todos" asegurando que "si abren esta grieta entraremos todos, y el día de mañana todos terroristas. Y los partidos a los que pertenecen los dirigentes de esta supuesta trama terrorista se enfrentarán a una posible ilegalización".

Las enmiendas vivas

El pasado martes, la Comisión de Justicia de la Cámara baja aprobó el dictamen de la ley que mañana, 30 de enero, estudiará el pleno. Y ya entonces los socialistas insistían en que no habría más cambios después de haber transaccionado con ERC y Junts una modificación del artículo 2 de la norma: se aprobó que se excluyan de la medida de gracia los actos terroristas que violen gravemente los derechos humanos, en consonancia con los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que habla de muerte, tortura o trato degradante.

La redacción original de la proposición de ley dejaba fuera de la amnistía los delitos de terrorismo sobre los que recayera sentencia firme. El Gobierno decidió el giro, traspasando una línea roja que se había impuesto, para reforzar la seguridad jurídica de la norma. Pese a ese acuerdo, Junts y ERC mantiene diversas enmiendas, vivas. Entre ellas, una pactada entre ambos que elimina cualquier alusión al delito de terrorismo en el capítulo de las exclusiones, lo que a su juicio disiparía las dudas en las causas de Tsunami y los CDR, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.

Paralelamente Junts ha pactado una serie de enmiendas con el PNV en las que se se elimina de las exclusiones de la ley los delitos "contra la paz y la independencia del Estado" lo que a juicio de los de Puigdemont podría frenar la instrucción del 'caso Voloh'. Estas enmiendas pretenden además proteger a los afectados por casos de lawfare.