La declaración de un colombiano investigado en la Audiencia Nacional en la causa contra la presunta organización criminal liderada por José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, por tráfico de cocaína y blanqueo procedente de éste, desató el registro practicado este lunes en el domicilio y el despacho del abogado Gonzalo Boye por parte de la Policía.

Fuentes de la investigación informan a El Independiente de que la declaración de este investigado ante la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, a propuesta de la Fiscalía Antidroga hace unas semanas cerró el círculo del «cúmulo de elementos contra Prado Bugallo y personas de su entorno que indican que pudieron llevar a cabo un conjunto de actividades de blanqueo» que los investigadores rastrean desde hace meses.

Las diligencias practicadas tras dicha declaración motivaron la redacción de informes policiales contra esas personas del entorno de Miñanco y que la Fiscalía informara a favor de practicar los registros. Entre esas personas está Gonzalo Boye, el abogado del ex presidente catalán fugado de la Justicia, Carles Puigdemont, que le acompañó la pasada semana ante las autoridades belgas tras emitir el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo la tercera euroorden contra él.

Los registros coordinados entre la Fiscalía Antidroga, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía se practicaron finalmente este lunes. Con la entrada policial se persigue recabar más información sobre ese presunto delito de blanqueo que se habría cometido con la creación de sociedades en el extranjero.

«No se han pinchado llamadas»

La investigación que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 3 contra Prado Bugallo, detenido en febrero del año pasado en la complicada operación Mito, cuenta con dos piezas: la principal por narcotráfico y otra por blanqueo de capitales abierta hace más de un año y en la que, desde este lunes, también aparece como investigado el letrado Gonzalo Boye, que llevaba la defensa de Sito Miñanco hasta el pasado 7 de octubre, cuando el penalista Jacobo Teijelo le pidió la venia, según ha podido saber este diario.

Sin embargo, desde hace meses, según los investigadores, han ido apareciendo indicios de la presunta implicación de Boye en el delito de blanqueo de capitales que se investiga. De ahí que la jueza haya acordado los registros. Fuentes de la investigación descartan que el teléfono del abogado de Puigdemont haya sido intervenido o se hayan «pinchado sus llamadas».

«No se busca ninguna coincidencia»

Fuentes del entorno de Boye trasladaron este lunes que los agentes de la Policía le pidieron el teléfono móvil durante los registros para practicar un volcado. Los investigadores no confirman ni desmienten dicha información al encontrarse la pieza secreta. Lo que sí descartan es que haya habido intención alguna por parte del juzgado, la Fiscalía o la Policía de que los registros se produzcan días antes de que Carles Puigdemont, defendido por Boye, comparezca ante el juez belga que debe decidir si le entrega o no a España en respuesta a la orden europea de detención y entrega (OEDE) cursada contra él.

También rechazan que «se busque alguna coincidencia» con los disturbios independentistas de la última semana como respuesta a la sentencia del procés que han acabado con multitud de detenidos en Barcelona y Madrid. Distintos juzgados catalanes han enviado a prisión preventiva a cerca de 30 personas y más de 100 están investigadas por presuntos delitos de desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad, daños y lesiones.