País Vasco | Política

La familia del magistrado Lidón logra juzgar a 'Txeroki' y Arzalluz por el asesinato de su padre en 2001

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá el lunes 30 años de cárcel para cada uno en una causa que la familia del magistrado logró reactivar tras denunciar la desidia de la Justicia para resolverlo.

Txeroki en la Audiencia Nacional

Txeroki en la Audiencia Nacional EFE

Cuando el juicio concluya se habrán cumplido 18 años del asesinato de su padre. Un crimen que su hijo vio a escasos metros y su madre vivió en el asiento del copiloto aquella mañana del 7 de noviembre de 2001 a la salida del garaje de su casa en Getxo (Vizcaya). También habrán concluido más de una década de olvido y desidia en el esclarecimiento del caso y de meses de investigación e impulso familiar para evitar que la prescripción cerrara en falso el atentado que les arrebató a su padre, a su marido.

El lunes la Audiencia Nacional sentará en el banquillo a los dos presuntos autores del asesinato del juez José María Lidón con el que ETA quiso amedrentar a los fiscales y jueces que ejercían en el País Vasco. Para que la imagen de Garikoitz Aspiazu Rubina, alias ‘Txeroki’, y Asier Arzalluz Goñi, alias ‘Sendoa’, sentados en el banquillo de los acusados sea una realidad ha sido necesario denunciar públicamente el abandono con la que en ocasiones la Justicia española ha tratado las investigaciones de los crímenes de ETA.

Lo hizo hace ahora un año el propio hijo del magistrado Lidón. Relató ante la cúpula de la judicatura del País Vasco la odisea y el olvido que había vivido su familia para el esclarecimiento del asesinato de su padre. Una desidia que ha prolongado la instrucción, o la falta de ella, durante los últimos 18 años.

El lunes la Fiscalía pedirá para los dos acusados una pena de 30 años de prisión, además de la prohibición de acercarse al domicilio o lugar de trabajo de la familia de Lidón y una indemnización de 500.000 euros.

Cierre en falso

El escrito de acusación del Ministerio Fiscal da por acreditado que Aspiazu y Arzalluz participaron la mañana del 7 de noviembre de 2001 en el asesinato del juez. Ocurrió en torno a las 07.20 horas de la mañana, a la salida del garaje del domicilio familiar. Inicialmente salió un vehículo que conducía Iñigo, el hijo del magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya, y tras él, el coche que conducía el juez, acompañado de su mujer, y contra el que los dos acusados presuntamente habrían disparado siete balas, tres de las cuales le impactaron desde el frontal izquierdo del vehículo y dos más desde el lado derecho, causándole la muerte de modo instantáneo. El atentado fue visto in situ tanto por el hijo como por la mujer, quienes facilitaron posteriormente la descripción física de los autores.     

Un año después, y mientras el crimen aún se investigaba, otro suceso relacionado con ETA precipitaría un falso final y ‘esclarecimiento’ del mismo. El 23 de septiembre de 2002 dos miembros de ETA, Egoitz Gurrutxaga y Hodei Galarraga, murieron cuando manipulaban una bomba de cerca de 15 kilos de explosivo -según la Fiscalía- que portaban en el interior de un vehículo. El artefacto explosionó a las 23.40 horas a su paso por la calle Lezeaga de la capital vizcaína. Entre los restos del vehículo se localizaron dos pistolas, entre ellas una que investigaciones posteriores determinaron que había sido empleada en el asesinato del juez Lidón.

Aquella conclusión hizo que la autoría del crimen se asignara erróneamente a ambos miembros del comando ‘Olaia’ de ETA y que el caso se diera por prácticamente cerrado. El hijo del magistrado relataría años después que siempre se les aseguró que los etarras “no intercambian” sus pistolas y que por tanto todo apuntaba a que los dos terroristas fallecidos en Basurto serían los autores del crimen que acabó con la vida de su padre.

Pese a ello, el caso continúo sin ser juzgado y sin que se pudiera identificar a los autores. Sólo fue condenado, a 26 años de prisión, el informante que facilitó los datos para cometer el crimen, tras llevar a cabo un seguimiento de las costumbres y hábitos de Lidón. Por este hecho fue sentenciado Orkatz Gallastegi Sodupe.

Investigación particular

En 2011, y ante el temor de que la causa pudiera prescribir sin condenar a sus autores, la familia Lidón inició una investigación por su cuenta “moviendo hilos y tocando muchas puertas”, tal y como relató Iñigo Lidón Gallastegi. Reconoció que en su caso eran unos privilegiados ya que muchas de las personas con las que pudieron contactar lo hicieron gracias a sus vínculos y relación familiar con el ámbito de la justicia a las que muchas de las víctimas con crímenes sin resolver no tienen.

Fruto de su investigación, los Lidón lograron demostrar que el ‘comando Vizcaya’ de 2001 no era el mismo que el que murió un año más tarde por manipular una bomba. Lograron identificar a ‘Txeroki’ como integrante del mismo en el periodo en el que se produjo el asesinato de su padre. Garikoitz Aspiazu había sido detenido en noviembre de 2008 en Francia y allí cumplía condena por otros delitos. En una rueda de reconocimiento llevada a cabo en 2017, tanto la madre como el hijo del magistrado asesinado, lograron reconocerle como autor del crimen. A partir de entonces se inició un proceso para solicitar su extradición a España para que fuera juzgado por el asesinato del juez.

Poco después, se solicita formalmente una orden de extradición para su entrega a nuestro país. Sin embargo, ante la falta de noticias, la familia descubrió tiempo más tarde que la orden emitida se había extraviado y que la entrega que Francia iba a hacer de ‘Txeroki’ a finales de verano de 2018 no era para responder por su caso sino por otras causa pendiente. Finalmente, tras la denuncia hecha en público por Iñigo Lidón, la petición se reactivó y ‘Txeroki’ fue entregado el pasado 2 de septiembre a las autoridades españolas para ser juzgado por el asesinato de su padre.

El otro acusado, Asier Arzallus Goñi también fue detenido en Francia en 2002. En noviembre de 2009 fue entregado para responder de numerosas causas pendientes en España. Está acusado del asesinato del periodista José Luis López de Lacalle y de la colocación de una bomba lapa en los bajos de un vehículo que acabó con la vida de dos agentes de la Guardia Civil en el cuartel de Agreda (Soria). El pasado 1 de octubre fue condenado a 33 años de cárcel por el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado el 22 de octubre de 2000.

Comentar ()