Política

El juez procesado por requisar móviles a periodistas pide la jubilación anticipada

El magistrado Miguel Florit, que se enfrenta a una petición de pena de 42 años de inhabilitación, pide al CGPJ su baja voluntaria en la carrera judicial antes de cumplir los 65 años / El TSJ de Baleares informa a favor de la petición del juez

El magistrado Miguel Florit (izquierda), dirigiéndose a declarar.

El magistrado Miguel Florit (izquierda), dirigiéndose a declarar. EP

Miguel Florit, el juez procesado por requisar los móviles a dos periodistas de Baleares, ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la jubilación anticipada en vísperas de que se celebre el juicio en el que se enfrenta a una petición de pena por parte de las acusaciones particulares de 42 años de inhabilitación.

La aprobación de la retirada voluntaria del magistrado constituye uno de los puntos del orden del día de la reunión que la comisión permanente del CGPJ celebra este jueves a partir de las 10 horas. La jubilación surtiría efecto a partir del 31 de enero de 2020.

Según ha podido confirmar El Independiente en fuentes jurídicas, la petición de Florit cuenta con el preceptivo informe favorable del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, por lo que no hay motivos para pensar que el órgano de gobierno de los jueces vaya a rechazar su solicitud.

El titular del Juzgado de Instrucción 6 de Palma de Mallorca también cumple el requisito de edad para poder retirarse de forma anticipada: tiene más de 60 años -cumplirá exactamente los 65 el próximo 22 de diciembre- y lleva más de tres décadas en la carrera judicial.

Integrante de la séptima promoción de la Escuela Judicial, la misma a la que pertenece la ministra Margarita Robles y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Lorenzo del Río), Miguel Jesús Florit Mulet ingresó en la carrera en 1980, siendo su primera plaza el juzgado de Cazalla de la Sierra (Sevilla). En abril de 1981 fue destinado a la localidad valenciana de Alberique, antes de recalar en Bilbao y posteriormente en Barcelona.

Desde junio de 1988, el magistrado se encuentra al frente del Juzgado de Instrucción 6 de Palma, que no ha tenido otro titular desde su creación. Desde la jubilación de José Castro en diciembre de 2017, Florit -el número 165 en el escalafón judicial a 31 de marzo de 2018- es el magistrado más veterano en los juzgados de instrucción palmesanos.

La jubilación de Florit, que se enfrenta a una petición de pena de 42 años de inhabilitación, surtiría efecto a partir del próximo 31 de enero

El 12 de diciembre de 2018, el juez adoptó una polémica decisión por la que se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados. Aquella mañana, tres policías y una secretaria judicial se presentaron en las redacciones de Diario de Mallorca y la delegación de Europa Press en Palma con una orden judicial para requisar los móviles y los ordenadores portátiles de dos periodistas que cubrían el conocido como caso Cursach, el procedimiento en el que se investiga una trama presuntamente dirigida por el empresario de la noche mallorquina Bartolomé Cursach.

La requisa de los aparatos se mantuvo hasta el 4 de enero, cuando los informadores los recuperaron. En medio de una enorme polémica por la vulneración del secreto profesional, el magistrado certificó que los móviles no llegaron a abrirse ni a examinarse tras haber revocado su propio auto.

Los dos medios de comunicación interpusieron el pasado 13 de diciembre una querella contra el juez Florit ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares por la comisión de delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio, vulneración del derecho al secreto profesional del periodista e interceptación ilegal de comunicaciones.

El juicio, pendiente de fecha

El pasado mes de septiembre, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Baleares acordó la apertura de juicio oral contra el magistrado y contra el Estado en su condición de responsable civil subsidiario, pidiéndole las acusaciones que se le inhabilite por un plazo de 42 años. La instructora, Felisa Vidal, ha requerido al acusado que preste una fianza de 60.116 euros.

El juicio no tiene fecha de celebración todavía. Antes tendrá que resolverse el incidente de recusación presentado el pasado viernes por la Fiscalía, que ha pedido que los tres magistrados que integran el tribunal que tendrá que enjuiciar los hechos -Antonio Terrasa, Carlos Gómez y Pedro José Barceló- sean recusados al apreciar pérdida de apariencia de imparcialidad.

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