El juez instructor del caso Cursach, Miguel Florit, ha ordenado la devolución del material incautado a los periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca, Blanca Pou y Francisco Mestre, así como en la delegación de Baleares de la agencia de noticias.
No obstante, los periodistas han solicitado que se les cite para la devolución de los objetos -dos teléfonos móviles y dos ordenadores corporativos- y se les notifique en debida forma la resolución para su devolución, informa Europa Press.
En el escrito, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, también se pide que se les informe por escrito sobre "el lugar o lugares" donde han estado los dispositivos, "las personas que han tenido acceso a los mismos" y sobre la "realización o no" de cualquier "apertura, examen, inspección, registro, copia o manipulación" de los mismos.
Asimismo, piden que en el caso de que se hayan extraído, copiado o examinados datos, se les informe por escrito acerca de qué datos han sido y en qué lugar se han almacenado.
Europa Press y Diario de Mallorca, junto a los dos periodistas afectados, han presentado una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) contra Florit, que fue quien ordenó la incautación de teléfonos móviles de estos profesionales, en el marco de una investigación relacionada con el caso Cursach, con el objeto de determinar el origen de una información periodística.
La querella considera que el auto de Florit constituye "un ataque letal a una de las normas esenciales para el desarrollo de la vida en democracia" y que se ha producido una conculcación del secreto profesional del periodista "disparatada e insólita".
La incautación de estos móviles ha provocado en las últimas semanas una amplia crítica de asociaciones de periodistas en España, informa Efe.
A nivel europeo, la plataforma para reforzar la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas del Consejo de Europa ha emitido una alerta por estos hechos en la que invoca el derecho a la confidencialidad de las fuentes periodísticas.
La alerta tiene su origen en la Federación Europea de Periodistas, la Federación Internacional de Periodistas y la organización internacional Index on Censorship, que defienden el derecho a la libertad de expresión y las actividades periodísticas.
Hace unos días, la Fiscalía Anticorrupción presentó su escrito de acusación de este caso y atribuye al empresario mallorquín delitos de asociación criminal, prevaricación, cohecho y coacciones por los que solicita una condena de 8,5 años de cárcel, y acusa además a otras 23 personas, entre ellas 15 policías, para quienes pide condenas que suman 171 años.
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