La Audiencia de Sevilla ha condenado al ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años y dos días de prisión por su responsabilidad en el fraude de los ERE, al considerarlo autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos. El tribunal considera probado que las ayudas a prejubilaciones y empresas a crisis durante una década fueron «concedidas por la Consejería de Empleo al margen del presupuesto, imposibilitando así su fiscalización previa, lo que favoreció un control absoluto».

La histórica sentencia llega en un momento delicado, con un preacuerdo de Gobierno abierto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que, a tenor de la primera reacción del líder de Podemos una vez conocidas las condenas, no afectará al pacto que suscribieron ambos dirigentes hace una semana.

En concreto, el dirigente morado ha condenado a través de redes sociales «la corrupción y la arrogancia» que ha traído «el bipartidismo», para después desvincular al PSOE actual de la sentencia, asegurando que en el contexto actual se puede hablar de una «oportunidad» para «defender la justicia social y garantizar la limpieza de las instituciones». «España ha cambiado y no volverá a tolerar la corrupción», ha señalado.

Por su parte, y sosteniendo la línea marcada por Pablo Iglesias este martes, Alberto Garzón se ha pronunciado también a través de redes sociales haciendo un llamamiento a «pasar página» de la sentencia porque «Andalucía merece tener un futuro digno».

Más dura y crítica se ha mostrado la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, quien ha pedido también a través de Twitter que los condenados «devuelvan el dinero que han robado».

Teresa Rodríguez lamentó ayer que la sentencia del caso ERE «no arreglará lo roto»: «El daño ya está hecho», aseguró. Rodríguez, advirtió también de que el daño que provocaron las prácticas del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) «ya está hecho», y que la sentencia «no arreglará nada».

Así se pronunció Rodríguez en una entrevista en Canal Sur Televisión un día antes de que el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial emitiera el fallo. La dirigente expresó la «profunda desconfianza» que existe tanto dentro de la propia administración como de la sociedad hacia a las políticas públicas, y en concreto en algo tan importante como son las políticas de empleo.

«Esa desconfianza no se arreglará en décadas», lamentó, antes de criticar que no se haya dotado a la comunidad de las herramientas necesarias para que un caso así no vuelva a repetirse como, por ejemplo, reforzar con más inspectores la Cámara de Cuentas para que «no haya huecos por los que puedan colarse esas prácticas» o bien la ley de cuentas claras y abiertas que ha llevado su formación en alguna ocasión al Parlamento, «para que todo el mundo pueda ver las cuentas públicas».

Esta sentencia marcará el camino y, sin duda, desplegará sus efectos sobre las que se dicten cuando en los próximos años se sometan a enjuiciamiento las cerca de 200 piezas separadas -una por cada ayuda concedida con cargo a la partida 31.L o fondo de reptiles– en las que se desgajó la causa matriz tras la salida de la magistrada Alaya del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

En total, el tribunal ha impuesto penas a 19 de los 21 encausados, entre ellos a Manuel Chaves: nueve años de inhabilitación. La Sala ha absuelto al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez y al antiguo jefe de los servicios jurídicos, Francisco del Río.