La Abogacía del Estado solicitó este lunes al Tribunal Supremo que permita la salida de prisión del líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, condenado por sedición y malversación en la sentencia del procés puesto que la sentencia del TJUE reconoce su inmunidad como europarlamentario desde que fue elegido en los comicios del pasado 26 de mayo.

Una petición que ha tenido importantes consecuencias políticas. Por un lado, ha permitido que ERC se incline por apoyar con su abstención la investidura del socialista Pedro Sánchez y el gobierno de coalición con Podemos salga adelante. Por otro, la oposición en bloque ha calificado el pronunciamiento de los servicios jurídicos del Estado, dependientes del Ministerio de Justicia, de «vergüenza». El Partido Popular ha pedido la comparecencia de la ministra de Justicia y la Abogacía General del Estado y Vox ha anunciado que se querellará por presuntos delitos de revelación de secretos y prevaricación.

Uno de los argumentos del escrito de la Abogacía -en el que pide que Junqueras pueda acudir a todas las sesiones del Parlamento Europeo hasta que éste le retire su inmunidad- es el «principio de primacía del derecho europeo» sobre las leyes de cualquiera de los estados miembros de la Unión, también España. Si el TJUE dice que hay que actuar de una manera, así hay que hacerlo, vienen a decir al Tribunal Supremo.

«La complejidad de la aplicación de los criterios de interpretación dados por la sentencia del TJUE puede suponer, en ocasiones, que pueda producirse una situación de conflicto con alguna norma de derecho nacional. Ante tal eventualidad, debemos recordar el principio de primacía del derecho europeo, en orden a la aplicación de la sentencia del TJUE y de los pronunciamientos de derecho europeo que en ella se contienen», afirman en uno de los párrafos clave del documento.

La excepción

Sin embargo, y aunque la jurisprudencia del TJUE es mayoritaria en cuanto a fallar contra la normativa de los estados miembros y a favor de la comunitaria, existen algunas excepciones.

Concretamente, una de las que se contempla para romper el mencionado «principio de primacía del derecho europeo» sería la de evitar que se agrave la responsabilidad penal que se persigue.

Precisamente los miembros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo presidida por el juez del procés Manuel Marchena que tendrán que decidir si aceptan o no el escrito de la Abogacía no permitieron el pasado junio la salida de prisión de Junqueras para que accediera a su acta de eurodiputado «ante la cercanía de la sentencia» que se dictaría contra él. Había sido juzgado por los delitos más graves contemplados en la Constitución española y querían evitar su fuga.

La Abogacía del Estado ya se pronunció a favor de excarcelar puntualmente a Junqueras y la Sala de lo Penal decidió enviar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronunciara sobre si debían haberle dejado salir de prisión o no. Antes de recibir la contestación, decidieron dictar la sentencia que penó a Junqueras con 13 años de prisión aún así.

«Ya había sido juzgado»

De ahí que todo apunte a que la Sala de lo Penal rechazará las peticiones de la Abogacía del Estado, que van en la misma línea que las de la defensa de Junqueras, alegando que cuando fue elegido eurodiputado ya había sido juzgado como líder del proceso independentista de Cataluña en el que se celebró un referéndum ilegal con el apoyo del Govern y se declaró unilateralmente la independencia de la región.

El Supremo consideró que dejar salir de prisión preventiva a Junqueras para que accediera a su cargo supondría agravar la situación penal porque podría fugarse y eludir la pena que se le impusiera. Además, los hechos por los que fue juzgado fueron muy anteriores (casi dos años antes) a su concurrencia a las elecciones.

De ahí que, igual que argumenta la Fiscalía en el caso de Carles Puigdemont, al que el Parlamento europeo por extensión también ha reconocido la inmunidad, Junqueras podría haberse acogido al «paraguas de la inmunidad» para evitar ser condenado y entrar en prisión.