El ex presidente de la Generalitat procesado por sedición y malversación en la causa del procés del Tribunal Supremo ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión que el instructor de la causa, Pablo Llarena, mantiene contra él.

En un extenso escrito presentado por su defensa y la del consejero también fugado de la Justicia, Toni Comín, alegan que la orden nacional de detención contra ellos vulneran distintos derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Convenio Europeo que reconoce su inmunidad como europarlamentarios tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dictó que ésta procede de su elección en las elecciones del 26 de mayo.

Puigdemont solicita al Supremo que se pronuncie de manera urgente contra las resoluciones del Supremo que han mantenido dicha orden y que, según defiende, le han provocado graves perjuicios.

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«Anomalía democrática»

El eurodiputado de Junts per Catalunya denuncia en su recurso una «situación de anomalía democrática generada por los órganos de jurisdicción penal que han intentado negar a los recurrentes su condición de parlamentarios electos al Parlamento Europeo así como su inmunidad parlamentaria reconocida en el artículo 9 del Protocolo número 7 en los términos que han sido puestos de manifiesto por la sentencia del TJUE del 19 de diciembre».

«Que dos diputados al Parlamento Europeo, escogidos por más de un millón de personas,
continúen siendo perseguidos penalmente, pendiendo sobre ellos sendas órdenes de busca, captura e ingreso en prisión no autorizadas por el Parlamento Europeo, demuestra un absoluto desprecio por parte de los órganos de la jurisdicción penal por las inmunidades que el Derecho de la Unión les confiere como representantes de los ciudadanos de la Unión, vulnera de forma palmaria sus derechos políticos y los de aquellos que los votaron (art. 23.1 de la CE), así como el resto de derechos a los que se alude en este recurso de amparo, alegados previamente ante esos mismos órganos del orden jurisdiccional penal. Se trata, pues, de una afectación masiva que trasciende los meros derechos e intereses de los recurrentes y se proyecta sobre el pilar básico del sistema político europeo, que es el principio de legitimación democrática de sus instituciones», expone la defensa de Puigdemont.

«No existe jurisprudencia constitucional»

Considera también Puigdemont, a través de su defensa, que es importante que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto puesto que «no existe jurisprudencia constitucional» y por ello considera que el Alto Tribunal debe pronunciarse en la misma línea que lo ha hecho el TJUE, dando prevalencia a su inmunidad como parlamentario.

Puigdemont considera que el auto del 9 de noviembre de 2019 con el que Llarena reactivó las órdenes de detención contra él y los autos del 13 de septiembre y 15 de junio -que denegaron el levantamiento de la medida contra él- vulneraron sus siguientes derechos fundamentales: a la representatividad política (art. 23.2 de la CE); a la libertad (art. 17 de la CE); a entrar y salir libremente de España sin limitación por motivos políticos o ideológicos (art. 19 de la CE) y a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 de la CE).

Además, considera que la negativa del Supremo elevar la preceptiva cuestión prejudicial al TJUE vulnera también su derecho a la tutela judicial efectiva, el juez ordinario predeterminado por ley y un proceso con todas las garantís de los artículos 24 de la CE y 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.