Margarita Robles mantendrá la cartera de Defensa en el nuevo Gobierno con desafíos sobre la mesa como la consolidación de grandes programas de armamento vitales para los Ejércitos y la Armada, la renovación de la cúpula militar o la gestión de los 120.000 militares que forman las Fuerzas Armadas en asuntos como retribuciones, la salida a los 45 años, igualdad o conciliación.

Magistrada de profesión, Robles fue secretaria de Estado del Interior entre 1994 y 1996 y veterana curtida en mil batallas tanto en terrenos ministeriales y parlamentarios como en las difíciles aguas de la política judicial.

Trabajadora tenaz, feminista y de costumbres austeras -de las pocas vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que renunció a tener chófer, y a la que se podía ver entrar y salir de este órgano en su viejo utilitario-, en realidad nunca ha abandonado la política, mientras que su carácter independiente en extremo y su capacidad natural de liderazgo le hicieron merecedora tanto de leales simpatías como de fuertes enemistades en los diferentes destinos por los que ha ido pasando, informa Europa Press.

Robles fue uno de los 15 diputados socialistas que fueron sancionados por votar ‘no’ a la investidura de Mariano Rajoy, manteniéndose fiel a Pedro Sánchez, que terminó dimitiendo como líder del PSOE para luego ganar en las primarias a Susana Díaz y Patxi López. 

Hasta su llegada a la Cámara Baja en 2016, Robles pertenecía a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo en el Tribunal Supremo, plaza que poseía desde 2004, si bien una controvertida decisión del CGPJ, tras su última apuesta por la política, que ella no dudó en calificar de «venganza», privó a Robles de su condición de magistrada del alto tribunal. Soltera y sin hijos, entre 2008 y 2013 fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PSOE y es miembro de la asociación Jueces para la Democracia.

Nacida en León en 1956, es juez de carrera y ocupó sus primeras plazas en Balaguer (Lleida) y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). Fue la primera mujer en presidir una Sala de lo Penal y una Audiencia Provincial -la de Barcelona, en 1991- y la tercera en entrar en el Tribunal Supremo.

Su trayectoria pública arranca en 1993, cuando fue nombrada subsecretaria de Justicia y luego, entre 1994 y 1996, fue secretaria de Estado de Interior, cuando Juan Alberto Belloch sustituyó a Antoni Asunción y se convirtió en ‘superministro’ de Justicia e Interior en el último Gobierno de Felipe González.