El juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena vuelve al foco mediático después de que la Sala Penal del alto tribunal que preside haya segado la hierba bajo los pies al líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, al concluir que no tiene inmunidad como europarlamentario puesto que en el momento que fue elegido ya estaba siendo juzgado por graves delitos, entre ellos de corrupción, en la causa del procés.

La resolución unánime de los siete magistrados de la Sala presidida por Marchena contradice al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y al Parlamento Europeo, que publicó en la web de la Eurocámara el perfil del líder de ERC sin que el Supremo hubiera resuelto sobre su inmunidad, a pesar de saber que la decisión del tribunal español era decisiva para que pudiera acceder o no al cargo.

La decisión de la Sala Penal del Supremo de esta semana supone un varapalo para el independentismo, pero sobre todo pone a prueba el acuerdo entre PSOE y ERC que permitió que el Gobierno de Sánchez saliera adelante con la abstención de los independentistas.

Una vez más, las resoluciones judiciales influyen en la actualidad política, pero el juez Marchena ha recabado los apoyos de los magistrados de su Sala para tomar una decisión unánime de acuerdo a la ley y en coherencia con la sentencia del procés dictada en octubre haciendo oídos sordos a cualquier presión internacional o nacional externa al ámbito judicial.

Reproche a la Abogacía

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, trató de contentar a ERC solicitando a Marchena que dejara salir a Oriol Junqueras de la cárcel -donde cumple condena por sedición y malversación como líder del proceso independentista- y pudiera ejercer como eurodiputado hasta que el Parlamento Europeo le retirara la inmunidad otorgada por el TJUE.

Marchena reprochó a la Abogacía del Estado que pretendiera que la Sala «acepte lo que la ley no permite aceptar»

Pero el magistrado rechazó de plano dichas pretensiones. Afirmó, igual que el resto de magistrados de su Sala, que no procede dirigir ningún suplicatorio a la Eurocámara para que inhabilite a Junqueras porque no puede ser eurodiputado. De paso, reprochó a la Abogacía que pretendiera que la Sala «acepte lo que la ley no permite aceptar». En su auto, dedicó dos folios enteros a desmontar la contradictoria solicitud del departamento del Gobierno que por un lado reconocía la sentencia del procés pero, por otro, pretendía dejar sin efecto las penas que ésta imponía.

Otros encontronazos políticos

No es la primera vez que Marchena es protagonista involuntario de la actualidad. El juez marcó distancias con la política cuando salieron a la luz las negociaciones entre PP y PSOE, a través de los representantes Rafael Catalá y Dolores Delgado, para pactar el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y colocarle en la presidencia del órgano de los jueces.

El acuerdo saltó por los aires cuando se filtró un mensaje de móvil del portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó al resto de senadores populares en el que presumía del buen lugar en el que quedaba su partido tras el acuerdo entre las dos formaciones para colocar a Marchena como presidente: “Con la negociación, el PP tiene 9 vocales más el presidente (10) y el PSOE tiene 11”. “Con otras palabras, obtenemos lo mismo numéricamente pero ponemos a un presidente excepcional, un gran jurista con capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la Sala Segunda [Sala de lo Penal del Supremo que juzgó a los líderes del procés] desde detrás”.

Marchena rechazó presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo reivindicando la independencia judicial, que quedó en entredicho tras salir a la luz los entresijos de la negociación. De paso, ganó enteros en el ámbito judicial.

El pasado 30 de octubre fue reelegido presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, a la que sólo concurría él, con 19 votos a favor y dos en blanco, los de los vocales propuestos por PNV e Izquierda Unida, Enrique Lucas y Concepción Sáez.

Situado en el lado «conservador» de la balanza judicial, Marchena tiene enfrente a los representantes más progresistas de la judicatura. Más aún desde la publicación de la sentencia del procés que condenó a penas de prisión de hasta 13 años a los políticos que persiguieron la independencia de Cataluña.

Sin embargo, dicho fallo (que la Sala Penal también dictó por unanimidad) tampoco contentó a los sectores más conservadores del ámbito judicial y de la política. La Fiscalía y la acusación popular ejercida por Vox mantuvieron su acusación por rebelión y sedición hasta el final del juicio, por lo que la decisión de los magistrados encabezados por Marchena de condenar finalmente por sedición provocó enfado y revuelo entre éstos. La decisión de esta semana de no reconocer la inmunidad a Junqueras y por tanto contradecir a la Justicia europea les ha llevado a devolver su apoyo al presidente de la Sala Penal, al que han aplaudido.