Política

La Abogacía del Estado cede a la presión del Gobierno y pide que Junqueras salga de prisión

En su escrito solicita al Supremo que "haga posible el ejercicio de su función representativa mientras mantenga su estatus del miembro de la Eurocámara"

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La Abogacía del Estado cede a la presión del Gobierno y pide que Junqueras salga de prisión

Oriol Junqueras. EP

Resumen:

La Abogacía del Estado ha informado al Tribunal Supremo a favor de que el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, condenado por sedición y malversación como líder del proceso independentista, salga de prisión para acudir a las sesiones del Parlamento Europeo y ejerza como eurodiputado después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconozca su inmunidad parlamentaria desde que resultó elegido en las elecciones de mayo.

La Abogacía ha aceptado las directrices del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez para decidir a favor del líder independentista, el «gesto» que Esquerra Republicana de Catalunya esperaba para dar su apoyo a la investidura del líder socialista y éste forme Gobierno finalmente.

Firmado por Rosa María Seoane, la abogada del Estado del juicio del procés, en el escrito se pide a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no sólo que Junqueras pueda ir al Parlamento Europeo a recoger su credencial, sino que salga de prisión para acudir a cada sesión de la Eurocámara y le permita desplazarse tanto a la Junta Electoral Central como al Parlamento Europeo para ejercer como eurodiputado adoptando «las medidas oportunas» para conjugar dicha inmunidad con su situación de condenado por la sentencia del procés.

La Abogacía dirige a la Sala de lo Penal del Supremo su esperado escrito pronunciándose sobre la incidencia del fallo del TJUE en la sentencia del procés, como pidió el alto tribunal. Considera que la inmunidad reconocida por el TJUE alcanza su libertad de movimiento para acudir a las sesiones de la Eurocámara y por lo tanto debe salir de prisión. No cree sin embargo, como afirmó la defensa de Junqueras, que la sentencia del procés deba quedar anulada tras el pronunciamiento del Tribunal de Luxemburgo.

Esto, afirma la Abogacía, hasta que el Parlamento Europeo retire la inmunidad a Junqueras (lo que también solicita) puesto que ya ha sido condenado por delitos graves. El alto tribunal debe solicitarlo a la Eurocámara, lo que se conoce como suplicatorio, y mientras ésta se pronuncie al respecto, trámite que se puede retrasar meses, la Abogacía apuesta porque el líder de ERC tenga libertad de movimiento y pueda ejercer su cargo.

La decisión llega, sostienen los representantes jurídicos del Gobierno, después de estudiar detenidamente la sentencia del TJUE en la que se reconocía su «inmunidad de desplazamiento vinculada a la condición de miembro del Parlamento Europeo», y no es vinculante para la decisión de la Sala de lo Penal del Supremo.

Esto, en medio de una fuerte presión política y mediática. Los partidos de la oposición (Partido Popular, Vox y Ciudadanos) han considerado «escandaloso» en las últimas horas que ERC conociera el escrito de la Abogacía del Estado «antes que nadie» y han anunciado que lo denunciarán ante los tribunales como un presunto delito de prevaricación.

El recorrido

El pasado 19 de diciembre, después de conocer la sentencia del TJUE que reconoce la inmunidad parlamentaria de Junqueras desde que fue elegido eurodiputado, el Tribunal Supremo dio a la Abogacía, igual que a la Fiscalía, la acusación popular y la defensa del líder independentista cinco días hábiles para que se pronunciaran sobre la incidencia de esta decisión en la sentencia del proceso independentista que le condenó como líder a 13 años de prisión que ya cumple.

La Fiscalía apenas tardó dos horas en enviar sus alegaciones, se opuso a la excarcelación de Junqueras y pidió al Supremo su inmediata inhabilitación. En la misma línea se manifestó la acusación popular ejercida por Vox. El líder independentista, a través de su defensa, solicitó también antes de Navidad la nulidad de la sentencia del procés que le condenó a 13 años de prisión y su inmediata puesta en libertad.

Quien más se ha hecho esperar, apurando el tiempo que dio el Supremo, ha sido la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno de Sánchez y que también ejerce la acusación en la causa. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), de cuya abstención depende Pedro Sánchez para lograr ser investido, puso como condición para permitirle la formación de Gobierno que la Abogacía del Estado tuviera un «gesto» con Oriol Junqueras en su escrito dirigido al Supremo y que «la política desplace a la represión», en palabras de los republicanos.

Pere Aragonés: «¿Se entiende?»

Los líderes de Esquerra insistieron el fin de semana anterior a Navidad, durante su congreso nacional, en que el desbloqueo de la situación dependía de lo que consiguiera el Gobierno con la Abogacía del Estado. «Queremos que quede claro: la nueva etapa política sólo se puede abrir si la política desplaza a la represión. ¿Verdad que se entiende? ¿Se entiende o no se entiende?» lanzó amenazante el coordinador nacional de ERC y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en un congreso plagado de medios de comunicación.

Por su parte, el PP pidió la comparecencia de la vicepresidenta Carmen Calvo ante el Pleno del Congreso para que aclarara sus palabras sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y explicara si el Gobierno dio instrucciones a la Abogacía del Estado para satisfacer las demandas de Esquerra Republicana.

En un escrito registrado en el Congreso y firmado por los diputados del PP, encabezados por su portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo, pidieron la comparecencia de Carmen Calvo ante el Pleno del Congreso para que «explique el significado preciso de las declaraciones de la vicepresidenta en funciones horas después» de conocerse la sentencia sobre la inmunidad de Junqueras.

En esas declaraciones, la vicepresidenta anunció la disposición del Ejecutivo para «ayudar de la mejor manera» al Tribunal Supremo a «cumplir» la sentencia del TJUE y aseguró que la sentencia es «herencia» del Gobierno anterior de Mariano Rajoy.

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