Política

Sánchez reescribirá con Urkullu el decreto contra la 'república digital catalana' para evitar el TC

El Gobierno vasco aprueba recurrirlo ante el Alto Tribunal por invadir competencias pero acuerda al mismo tiempo un calendario para pactar su reforma y evitar que prospere el recurso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al lehendakari, Íñigo Urkullu.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al lehendakari, Íñigo Urkullu. EFE

El Gobierno ha comenzado a pagar la factura pactada con el PNV para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. El PSOE y los nacionalistas acordaron la reforma de los decretos con los que el Ejecutivo en funciones quiso poner freno a la llamada 'república digital catalana'. La norma, que fue respaldada gracias a los votos de PP y Ciudadanos el pasado 31 de diciembre, no gustó a los nacionalistas. Los catalanes anunciaron a través del Govern que la recurrirían y los vascos pactaron su reforma, previa advertencia de llevarla ante el Tribunal Constitucional.

El Gobierno de Iñigo Urkullu ha aprobado hoy iniciar el proceso de remisión al Alto Tribunal de los decretos pero lo ha hecho más como un formalismo, ya que al mismo tiempo cerraba un calendario de negociaciones con el Gobierno PSOE-Podemos para evitar su judicialización. Al anuncio del recurso de inconstitucionalidad le seguirá antes del 5 de febrero el envío al TC de un documento conjunto informando de la apertura de un proceso negociador en el seno de la Comisión bilateral de Cooperación. En ella los dos gobiernos acordarán la modificación de los siete primeros artículos y cuatro disposiciones adicionales del Real Decreto ley que consideran que invaden competencias. De esta forma, se activa un proceso de negociación de seis meses en el que se confía que se pueda consensuar una nueva redacción del articulado.

Antes de ello, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y el consejero de Autogobierno vasco, Josu Erkoreka, mantendrán en los próximos días un encuentro para iniciar el proceso. Una reunión en la que también se abordará el orto compromiso adquirido por el Ejecutivo de Sánchez, la actualización del calendario de transferencia de la más de una treintena de competencias pendientes del Estatuto de Gernika de 1979.

"Razones de seguridad pública"

Esta norma se aprobó ante la amenaza de que se impulsara lo que se denominó una 'república digital catalana'. Su aprobación urgente respondió a "razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones". El Gobierno vasco considera que en el decreto se establecen medidas que suponen una "vulneración" de competencias recogidas en el Estatuto de Gernika en ámbitos como la identificación digital, la forma electrónica o la ubicación de determinadas bases de datos. También cuestiona la regulación en ámbitos como las telecomunicaciones, permitiendo la intervención en las redes y servicios de comunicaciones públicas vascas y que no se detallan suficientemente los criterios para una intervención sin orden judicial previa.

El Gobierno Urkullu, de coalición con el PSE, apunta que tampoco ve justificadas las razones de "excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad" que justificaron la tramitación urgente de esta ley 14/2019 de 31 de diciembre. Recuerda que se trata de una norma que supuso la modificación de hasta siete leyes relacionadas con la regulación de la documentación nacional de identidad, la identificación y firma electrónica, la contratación pública o el sector de las telecomunicaciones.

Además se apunta a la inclusión de "sanciones desmedidas" en que suponen una evidente "falta de proporcionalidad". Por último, el Gobierno vasco justifica su recurso ante el Constitucional por lo que considera que es un perjuicio "grave y restrictivo" a los derechos y libertades fundamentales como el de expresión.

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