Política

Calvo justifica la rebaja de las penas al procés: "No es una urgencia, es una necesidad"

La vicepresidenta, Carmen Calvo

La vicepresidenta, Carmen Calvo EUROPA PRESS

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este miércoles que existe una «necesidad de reformar el Código Penal» para algunos tipos penales que «son anteriores a nuestra democracia». Unas afirmaciones que llegan después de que el Ejecutivo de Sánchez haya abierto la puerta a una reforma penal que acabaría beneficiando a los políticos presos por el procés independentista.

En declaraciones a la Cadena Ser, Calvo ha asegurado que estos cambios en el Código Penal los ven como una «necesidad» y no «tanto como una urgencia». «Hemos visto como algunos tipos penales no están a la altura del derecho comparado en Europa», ha añadido.

El acuerdo de gobierno entre socialistas y morados incluye la revisión del Código Penal, aunque no con ese objetivo explícito. La reforma comprometida por Sánchez e Iglesias pretende fortalecer la lucha contra la corrupción o derogar la ‘ley mordaza’. Esa rebaja de las penas al secesionismo no estaría, según Calvo, recogido en la mesa del dialogo del Ejecutivo con el independentismo.

Calvo ha dejado claro que del Código Penal y su reforma, Sánchez no va a hablar con ningún presidente de las comunidades autónomas porque «no forma parte de ese escenario».

La también ministra de la Presidencia y de Relaciones con las Cortes ha explicado que el grupo socialista está «armando» ese proyecto de reforma del Código Penal, que sólo será sometido a la negociación del Congreso de los Diputados. «Allí transaccionaremos, negociaremos e intentaremos alcanzar una mayoría», ha dicho.

Ha insistido en que lo que pretenden los socialistas es resolver una situación heredada de la derecha de este país «que sólo pretende sacar partido a la situación de Cataluña».

A la pregunta de cómo explica el Gobierno una reforma que beneficiará a los políticos encarcelados, Calvo se ha limitado a decir que eso es «asunto de la justicia». «El Gobierno puede hacer una reforma pero no es quien la aplica», ha añadido.

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