El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado a declarar como investigado al número dos del ministerio de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, para que de explicaciones sobre la denominada Operación Kitchen, investigada en el caso Tándem o caso Villarejo.

El Ministerio de Interior reconoció en un informe enviado al Juzgado Central de Instrucción número 6 el año pasado que a tal operación -que presuntamente habría montado el Gobierno de Rajoy para recuperar documentos que comprometían a altos cargos del Partido Popular en manos del extesorero de dicho partido Luis Bárcenas- se destinaron fondos reservados. El ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, habría sido el encargado de autorizar la salida de dichos fondos reservados a una operación extrajudicial cuyos resultados no llegaron nunca al instructor que ya investigaba la presunta financiación irregular del PP, según sostiene la Fiscalía.

Para recabar su versión de los hechos, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha citado a Martínez el próximo viernes, según ha adelantado Eldiario.es y confirman a El Independiente fuentes jurídicas, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación.

El ‘pendrive’

Fuentes policiales investigadas en el caso Tándem o caso Villarejo declararon que Martínez estaba al tanto de la operación en la que el Gobierno puso presuntamente a su disposición a altos cargos de los equipos investigadores para satisfacer intereses del PP.

Concretamente, el ex número dos de la Policía, Eugenio Pino, reconoció que tal operación existió, pero la encuadró en una operación oficial para encontrar fondos de Bárcenas ocultos en el extranjero. Por su parte, el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, Enrique García Castaño, reconoció ante el juez que él mismo entró en un taller de restauración alquilado por la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, para recuperar documentación que más tarde habría entregado al propio Francisco Martínez en un ‘pendrive’. García Castaño también encuadra estos hechos en una operación policial oficial.

Sin embargo, la Fiscalía considera que fue la actuación de un grupo «parapolicial» al margen de la ley y en beneficio del PP quien la llevó a cabo. El hallazgo de las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo tras su detención afloraron la información sobre dicha presunta operación de limpieza del partido en el Gobierno. El juez mantiene investigado al alto mando policial García Castaño por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, cohecho, robo y allanamiento de morada.

Para requisar los documentos, García Castaño habría contado con la ayuda del chófer de Bárcenas Sergio Ríos, también investigado en la causa, y que habría cobrado 2.000 euros al mes durante dos años de fondos reservados para facilitar su labor a este presunto grupo «parapolicial». Ahora, Martínez tendrá que declarar sobre su conocimiento de los hechos y, en caso de reconocer el relato de la Fiscalía, indicar quién hizo tales encargos.